{"id":10333,"date":"2017-03-23T05:22:23","date_gmt":"2017-03-23T10:22:23","guid":{"rendered":"http:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/?p=10333"},"modified":"2017-03-23T05:22:23","modified_gmt":"2017-03-23T10:22:23","slug":"jurisdiccion-de-paz-sin-acuerdo-en-el-congreso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/jurisdiccion-de-paz-sin-acuerdo-en-el-congreso\/","title":{"rendered":"Jurisdicci\u00f3n de Paz sin acuerdo en el Congreso"},"content":{"rendered":"

\"\"En horas de la tarde de este mi\u00e9rcoles, y a puerta cerrada, el senador Roosvelt Rodr\u00edguez y el representante a la C\u00e1mara Hern\u00e1n Penagos conciliaban el acto legislativo que introduce en la Constituci\u00f3n el Sistema de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n. <\/strong>Una reforma constitucional que sienta los cimientos del Acuerdo de Paz en materia de justicia y que ha desatado una fuerte pol\u00e9mica p\u00fablica por cuenta de la interpretaci\u00f3n que ha hecho el Congreso de la denominada Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP). Y aunque el informe de conciliaci\u00f3n estaba listo, la C\u00e1mara de Representantes no tuvo el qu\u00f3rum suficiente para darle v\u00eda libre a la iniciativa. Es decir, el debate contin\u00faa.<\/p>\n

El tema ha sido tan sensible, que asesores jur\u00eddicos de las Farc, sus propios comandantes, defensores de derechos humanos, militares retirados y activos, y dirigentes de las principales ONG internacionales le tienen los ojos puestos al texto en conciliaci\u00f3n. Con un elemento adicional, los interesados en cada uno de los apartes -desde diferentes \u00f3pticas- advierten los riesgos de impunidad y posibles violaciones a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.<\/strong><\/p>\n

Ante tanta presi\u00f3n el Congreso no ha podido dar por superado el debate respecto a la JEP. Una vez se surta este tr\u00e1mite en la C\u00e1mara, pues Senado ya lo hizo, se dar\u00e1 por terminado el trabajo del Congreso <\/strong>y el acto legislativo quedar\u00e1 en manos de la Corte Constitucional para que defina si se acoge o no al esp\u00edritu del Acuerdo de Paz. Y desde ya se advierte que este ser\u00e1 un reto importante para el alto tribunal, pues no son pocas las voces que advierten que el Congreso renegoci\u00f3 lo pactado en La Habana.<\/p>\n

Seg\u00fan el texto de conciliaci\u00f3n, en referencia a los aspectos m\u00e1s pol\u00e9micos de la reforma, se advierte que en su mayor\u00eda fue acogido el texto debatido por el Senado de la Rep\u00fablica, el cual, sea dicho de paso, fue el que mayores sensibilidades toc\u00f3. <\/strong>Es el caso del art\u00edculo 16, que hace referencia a los denominados terceros civiles involucrados en el conflicto armado. Entre los aspectos que el Senado trabaj\u00f3 en esta materia est\u00e1 el de financiadores de grupos armados. Las alertas se prendieron cuando se hicieron tres modificaciones generales: que los terceros acudir\u00e1n voluntariamente a la JEP; que s\u00f3lo concurrir\u00e1n cuando se pruebe su responsabilidad directa en graves cr\u00edmenes, adjuntando pruebas de la justicia ordinaria, y que la financiaci\u00f3n no sea competencia de la JEP.<\/p>\n

En pocas palabras, que habr\u00e1 impunidad. La C\u00e1mara de Representantes hab\u00eda establecido que s\u00ed iba a ser competencia de la JEP juzgar a terceros que, a lo largo de estos 52 a\u00f1os de conflicto, contribuyeron a financiarlo; salvo los casos registrados por coacci\u00f3n. No obstante, se elimin\u00f3 esta figura y, por ende, seg\u00fan las advertencias de las propias v\u00edctimas, se est\u00e1 excluyendo la posibilidad de evaluar adecuadamente la participaci\u00f3n efectiva de sectores empresariales, sociales y pol\u00edticos en la permanencia de grupos paramilitares. \u201cEse ser\u00e1 un verdadero factor de riesgo para los derechos humanos\u201d, expres\u00f3 una v\u00edctima esta semana en la audiencia realizada en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos.<\/strong><\/p>\n

Con relaci\u00f3n al delito del narcotr\u00e1fico y que, dicho sea de paso, puso en entredicho el apoyo del fiscal N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez a la reforma, el Gobierno siempre ha dejado clara una postura: no podr\u00e1 ser considerado como conexo al delito pol\u00edtico si su \u00fanico objetivo era beneficiar los bolsillos de los guerrilleros, sin tener ninguna correlaci\u00f3n con el financiamiento de la guerra. Pese a ello, el jefe del ente acusador quiso poner sus condiciones en el debate de la JEP. Y dej\u00f3 claro que la jurisdicci\u00f3n ordinaria conocer\u00e1 de dicho delito cuando se demuestre que los beneficiarios de los programas de sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos mantuvieron esta actividad delictiva.<\/strong><\/p>\n

De otro lado, el concepto que ha tocado sensibilidades son los llamados \u201cdelitos continuados\u201d.<\/strong> Si bien se trata de un debate m\u00e1s t\u00e9cnico que pol\u00edtico, se termin\u00f3 convirtiendo en una medici\u00f3n de fuerzas entre el Gobierno y la Fiscal\u00eda, pues Mart\u00ednez pretend\u00eda que la jurisdicci\u00f3n ordinaria conociera de casos que no hubieran terminado su ejecuci\u00f3n despu\u00e9s del 1\u00b0 de diciembre de 2016, es decir, casos como el reclutamiento de menores o la desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n

El argumento del Gobierno fue que era de competencia de la JEP si estos delitos se hab\u00edan iniciado antes de la fecha se\u00f1alada, y que si se hab\u00edan cometido despu\u00e9s eran competencia de la Fiscal\u00eda. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el margen de tiempo que tiene la guerrilla para convertirse en partido pol\u00edtico, tan pronto se surta el proceso de dejaci\u00f3n de armas, es hasta junio de este a\u00f1o. Y este es el tiempo que tendr\u00e1n para saldar sus cuentas con la justicia.<\/strong><\/p>\n

Finalmente, la forma en la que ser\u00e1n juzgados los uniformados ha sido uno de los debates centrales de la iniciativa. Seg\u00fan el texto aprobado, para que los altos mandos militares respondan por las conductas de sus subalternos, <\/strong>debe existir la concurrencia de ciertas acciones que, para las v\u00edctimas, se hace imposible que se den. Es decir, una vez m\u00e1s, consideran que lo aprobado abre las puertas a la impunidad. Adem\u00e1s, el no incluir ciertas pautas del Estatuto de Roma ni la alusi\u00f3n expl\u00edcita al mismo, alert\u00f3 a los cr\u00edticos frente al desconocimiento de los est\u00e1ndares internacionales para investigar y juzgar graves delitos. La consecuencia inmediata ser\u00eda, entonces, que se active la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia.<\/p>\n

Fuente y fotograf\u00eda ElEspectador.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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