{"id":2395,"date":"2016-02-13T05:59:34","date_gmt":"2016-02-13T05:59:34","guid":{"rendered":"http:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/?p=2395"},"modified":"2016-02-13T05:59:34","modified_gmt":"2016-02-13T05:59:34","slug":"los-primeros-lios-para-las-zidres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/los-primeros-lios-para-las-zidres\/","title":{"rendered":"Los primeros l\u00edos para las Zidres"},"content":{"rendered":"<div class=\"content_nota\">\n<p>La Corte Constitucional se ha convertido en un campo de batalla para el Gobierno y sus opositores. Temas de vital importancia para los dos bandos, como el Plan de Desarrollo, la Ley de Equilibrio de Poderes, el plebiscito para la paz, por mencionar algunos, han terminado discuti\u00e9ndose en el alto tribunal. Una reciente demanda y dos tutelas prometen generar una nueva pelea. El tema que generar\u00e1 una nueva controversia es la ley 1776 de 2016, que permite la creaci\u00f3n de las zonas de inter\u00e9s de desarrollo rural econ\u00f3mico y social (Zidres).<\/p>\n<p>Desde que el presidente Juan Manuel Santos sancion\u00f3 la ley en Orocu\u00e9, Casanare, el Polo Democr\u00e1tico y el Partido Verde prometieron demandar el contenido de la norma. Aunque ambos partidos aseguran que presentar\u00e1n la demanda en las pr\u00f3ximas semanas, el abogado Carlos Alberto Maya se les adelant\u00f3 con el tr\u00e1mite. El 10 de febrero pasado, la Corte Constitucional recibi\u00f3 un documento de 76 p\u00e1ginas en el que el abogado asegura que la ley Zidres va en contra de la Constituci\u00f3n colombiana.<\/p>\n<p>Maya, quien hace un paralelo entre lo planteado por las Zidres y el programa Agro Ingreso Seguro, asegura que el plan de la ley en cuesti\u00f3n solo beneficiar\u00e1 a \u201clos latifundistas, los poderosos, y no a los hombres y mujeres que trabajan la tierra de sol a sol\u201d. Para el abogado, las Zidres violan el pre\u00e1mbulo de la Carta Magna que garantiza un orden econ\u00f3mico y social, el primer art\u00edculo que protege el respeto de la dignidad humana y el trabajo, y otros 33 art\u00edculos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n<div class=\"eplanning_video_inline\"><\/div>\n<p>Entre ellos, el art\u00edculo 158, que habla sobre el principio de unidad de materia \u2013una exigencia que tienen todas las leyes de tener una correspondencia l\u00f3gica entre el tema y el contenido de ellas\u2013, pues Maya considera que \u201cen las Zidres se habla de los campesinos, los trabajadores agrarios, las mujeres rurales y los ocupantes tradicionales de los bienes inmuebles de la Naci\u00f3n (bald\u00edos) como unos simples convidados de piedra, y el resto de las disposiciones de esta ley est\u00e1 consagrado a dise\u00f1ar estas zonas para el beneficio de los grandes inversores, nacionales y extranjeros\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, otro de los argumentos en la demanda de Maya es que las Zidres violan el principio de la reserva legal, una norma que se aplica para que el Congreso apruebe leyes que impidan que el Ejecutivo se exceda a la hora de legislar en temas como el de tierras y bald\u00edos. Para el representante Asprilla, el proyecto viola la ley, pues se \u201cle entregan al Ejecutivo amplias facultades para definir la forma como funcionar\u00e1n las alianzas entre campesinos e inversionistas privadas. Otorga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la facultad de definir el procedimiento para la inscripci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y seguimiento de los proyectos productivos\u201d.<\/p>\n<p>Fue este mismo funcionario quien apoy\u00f3 la escritura de dos tutelas que fueron presentadas en agosto del a\u00f1o pasado ante la Corte Constitucional. La primera de ellas es a nombre de Wilson Galindo, ind\u00edgena sikuani y miembro de la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia (ONIC), y Nelson G\u00e1lviz, miembro del resguardo Ind\u00edgena R\u00edos Muco Guarrojo, en contra de Juan Fernando Cristo, ministro encargado del Ministerio de Agricultura en el proyecto de ley. La segunda fue interpuesta por la Organizaci\u00f3n de los Pueblos Ind\u00edgenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), en contra del mismo funcionario.<\/p>\n<p>En ambas tutelas, los accionantes reclaman que para la aprobaci\u00f3n de las Zidres no se realiz\u00f3 una consulta previa, una obligaci\u00f3n que tiene el Estado antes de intervenir en tierras y bald\u00edos que habitan comunidades ind\u00edgenas o minor\u00edas \u00e9tnicas. En su defensa, el Congreso y el Ministerio de Interior y Agricultura y Desarrollo Rural alegaron que el proceso de consulta previa solo debe acotarse en aquellos casos en que la intervenci\u00f3n afecte directamente los intereses de las comunidades ind\u00edgenas y no frente a aquellas actividades que se han previsto de manera uniforme para toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cFrente al proyecto objeto de an\u00e1lisis no es necesario adelantar el proceso de consulta previa, pues no se desencadena en una afectaci\u00f3n directa a nadie\u201d, explicaron. Sin embargo, los magistrados Jorge Pretelt y Luis Guillermo Guerrero, de la Corte Constitucional, aceptaron ambas tutelas para su estudio. \u201cPresentamos estas dos acciones porque el Gobierno se acostumbr\u00f3 al juego sucio de meterle goles a la Constituci\u00f3n. Ya vimos lo que pas\u00f3 con el Plan de Desarrollo, los p\u00e1ramos y la miner\u00eda. Ahora lo que est\u00e1 en juego es el derecho fundamental de las comunidades que se ver\u00e1n afectadas por las Zidres\u201d, le dijo a este diario Inti Asprilla.<\/p>\n<p>El futuro est\u00e1 en manos de la Corte, que tendr\u00e1 que medir si esta \u201cley es la m\u00e1s audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo\u201d, como lo dijo el presidente Santos, o si m\u00e1s bien es una de las medidas m\u00e1s atrevidas que el Gobierno ha presentado en contra de los campesino, como la calific\u00f3 el senador Robledo.<\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"embed-preview\">Fuente y Fotograf\u00eda ElEspectador.com<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Constitucional se ha convertido en un campo de batalla para el Gobierno y sus opositores. 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