Establecer medidas que protejan la vida, honra y bienes de los ciudadanos frente a la eventual reforma de la Ley 418 de 1997 y la creaci\u00f3n de \u201czonas de ubicaci\u00f3n\u201d para las fuerzas guerrilleras en desarrollo del proceso de di\u00e1logo que se adelanta con el Gobierno Nacional, pidi\u00f3 el procurador General en carta enviada al presidente del Senado.<\/p>\n
Recuerda el informe que ante los documentados cr\u00edmenes y excesos de la organizaci\u00f3n terrorista Farc durante el despeje de \u2018El Cagu\u00e1n\u2019, en los departamentos de Meta y Caquet\u00e1 entre 1999 y 2002, y los recientes hechos de proselitismo armado de este grupo ilegal en el corregimiento de Conejo (La Guajira), el procurador General de la Naci\u00f3n, Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez, solicit\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica establecer medidas de protecci\u00f3n para los ciudadanos que viven en esas zonas.<\/p>\n
En comunicaci\u00f3n enviada al presidente del Senado de la Rep\u00fablica, Luis Fernando Velasco, el jefe del \u00f3rgano de control recomend\u00f3 que en los proyectos de Ley de Senado y C\u00e1mara presentados en la materia se incluyan precisiones que salvaguarden los principios b\u00e1sicos del Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los ciudadanos del pa\u00eds, dice informe de la Procuradur\u00eda.<\/p>\n
\u201cNo existe precisi\u00f3n sobre para qu\u00e9 se crean tales zonas de ubicaci\u00f3n. Tal y como aparece la norma, permitir\u00eda que bajo ese cambio de r\u00f3tulo se repitiera la experiencia de \u2018El Cagu\u00e1n\u2019. Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas \u00fanicamente se podr\u00e1n crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el prop\u00f3sito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilizaci\u00f3n del grupo, esto es, su disoluci\u00f3n como aparato militar. Por tanto, las zonas de ubicaci\u00f3n solo se pueden implementar posteriormente a la firma del Acuerdo Final, el cual deber\u00e1 contener las reglas sobre el desarme y la desmovilizaci\u00f3n, al igual que el cronograma pactado por el Gobierno y las Farc\u201d, se\u00f1al\u00f3 el procurador General en la misiva.D<\/p>\n
De no restringirse la creaci\u00f3n de las \u201czonas de concentraci\u00f3n\u201d a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda podr\u00edan verse en la obligaci\u00f3n de brindar seguridad a estructuras armadas de la guerrilla cuando persiste el conflicto armado en Colombia, es decir, paralizar su acci\u00f3n institucional ante una \u201cinjustificada gabela a los grupos ilegales\u201d, advierte el jefe de control, seg\u00fan el informe.<\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n dice el proyecto: \u2018En las zonas aludidas quedar\u00e1 suspendida la ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura contra \u00e9stos, hasta que el Gobierno as\u00ed lo determine o declare que ha culminado dicho proceso\u2019. Esto ratifica que la creaci\u00f3n, duraci\u00f3n y final de las \u2018zonas de ubicaci\u00f3n\u2019 no est\u00e1 supeditada a la desmovilizaci\u00f3n y el desarme, sino al final del proceso de paz; lo cual genera serios riesgos en la aplicaci\u00f3n de la figura. Por ejemplo, \u00bfcu\u00e1ndo finaliza el proceso? \u00bfCu\u00e1ndo se cumplan los acuerdos con las Farc? El Gobierno ha se\u00f1alado que esto puede durar 10 a\u00f1os. \u00bfSe mantendr\u00e1n entonces por una d\u00e9cada o m\u00e1s esas zonas de ubicaci\u00f3n bajo control de las Farc? \u00bfDurante ese tiempo los guerrilleros estar\u00edan protegidos ante las \u00f3rdenes de captura? Eso agrava mucho m\u00e1s la situaci\u00f3n si las zonas afectan directa o indirectamente a la poblaci\u00f3n civily es incompatible con el estado de derecho\u201d, explic\u00f3 el procurador en su comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan el comunicado de prensa, el procurador formul\u00f3 igualmente al Congreso seis limitantes necesarias para la eventual reforma a la ley de orden p\u00fablico en lo que se refiere a ubicaci\u00f3n de frentes o columnas de la organizaci\u00f3n terrorista. Seg\u00fan la comunicaci\u00f3n, no pueden establecerse estas zonas en los puntos de Colombia donde:<\/p>\n
1. Existan asentamientos de poblaci\u00f3n civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido v\u00edctimas del grupo guerrillero.<\/p>\n
2. Se desarrollen actividades econ\u00f3micas a las que se les pueda ocasionar un da\u00f1o.<\/p>\n
3. Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de miner\u00eda criminal.<\/p>\n
4. Sean zonas de concentraci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tr\u00e1fico de estupefacientes<\/p>\n
5. Est\u00e9n ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional.<\/p>\n
6. Que comprenda \u00e1reas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podr\u00edan favorecerse con la par\u00e1lisis de la Fuerza P\u00fablica.<\/p>\n
El procurador de los colombianos destac\u00f3 la importancia de incluir a los proyectos de Ley la normativa que consagre la Consulta Previa a grupos \u00e9tnicos respecto a las zonas y el impacto sobre estas poblaciones.<\/p>\n
\u201cSu omisi\u00f3n puede causar responsabilidad internacional del Estado y ser un factor de nuevos conflictos sociales y violentos. Las comunidades que se protegen con este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios, al acuerdo que en La Habana convengan los miembros de las FARC y el Gobierno, sin que previamente se haya efectuado tal consulta y se garanticen plenamente sus derechos constitucionales\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
El procurador Ord\u00f3\u00f1ez advirti\u00f3 que las propuestas de reforma a la Ley 418 de 1997 podr\u00edan abrir la puerta a que el presidente de la Rep\u00fablica tenga la facultad de suspender \u00f3rdenes de captura en contra de miembros de la organizaci\u00f3n terrorista y ello signifique, en la pr\u00e1ctica, su plena libertad para desplazarse por el territorio nacional pese a la responsabilidad en actos atroces contra el pueblo colombiano.<\/p>\n
\u201cTal y como est\u00e1 redactada la norma, los m\u00e1ximos responsables de cr\u00edmenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las FARC, miembros del Secretariado, gozar\u00e1n de libertad absoluta a partir del momento de la firma del Acuerdo Final. No cumplir\u00e1n las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan a\u00fan despu\u00e9s de la firma por la justicia ordinaria. Advierte la Procuradur\u00eda que este evento se producir\u00eda a\u00fan sin entrega de armas, ni desmovilizaci\u00f3n del grupo, en la medida que ambas cosas ser\u00e1n posteriores a la firma del acuerdo. Tal situaci\u00f3n debe ser corregida por el Congreso, pues tiene los mismos efectos pr\u00e1cticos que la suspensi\u00f3n total de la pena y configura un primer paso en el camino a la impunidad\u201d, concluy\u00f3 el jefe del ministerio p\u00fablico, seg\u00fan el comunicado de prensa.<\/p>\n
Fuente y Fotograf\u00eda ElEspectador.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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