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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer el informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energ\u00e9tico registrados por la entidad durante el 2023 en el territorio nacional.<\/p>\nEl Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer el informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energ\u00e9tico registrados por la entidad durante el 2023 en el territorio nacional.<\/p>\n
\u201cEn el sector de hidrocarburos, miner\u00eda y energ\u00eda el\u00e9ctrica, nuestra Defensor\u00eda Delegada para la Prevenci\u00f3n y la Transformaci\u00f3n de la Conflictividad Social registr\u00f3 el a\u00f1o anterior un aumento del 46 por ciento de eventos, cuando se presentaron 130, en comparaci\u00f3n con el 2022, cuando fueron registrados 89\u201d, dio a conocer el Defensor del Pueblo de los colombianos.<\/p>\n
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contrataci\u00f3n de mano de obra local, bienes y servicios (33%), conflictos ambientales (32%), regulaci\u00f3n, formalizaci\u00f3n y control de actividades mineras (11%), presencia e inversi\u00f3n estatal (8%), m\u00faltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8%), respeto de los derechos a la identidad, autonom\u00eda y la participaci\u00f3n de las comunidades en entornos de proyectos minero-energ\u00e9ticos (7%), otros (1%).<\/p>\n
Estudio de casos en distintas zonas del pa\u00eds<\/p>\n
Se resalta la existencia de conflictos ambientales por explotaci\u00f3n de hidrocarburos y su afectaci\u00f3n a fuentes h\u00eddricas, lo que ha impactado la vida y los derechos de campesinos y pescadores de la regi\u00f3n del Magdalena Medio.<\/p>\n
En el caso espec\u00edfico del departamento del Choc\u00f3, los conflictos se gestaron en torno a la explotaci\u00f3n aur\u00edfera y de cobre. Se evidenciaron inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgi\u00f3 el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.<\/p>\n
En La Guajira, el documento centra su an\u00e1lisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relaci\u00f3n con la falta de claridad sobre c\u00f3mo se abordar\u00e1n los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades ind\u00edgenas vienen reclamando el derecho a la participaci\u00f3n y consulta previa en los proyectos de parques e\u00f3licos y solares.<\/p>\n
\u201cEn el escenario del cambio clim\u00e1tico y la transici\u00f3n energ\u00e9tica, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energ\u00e9tica, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional y comunidades vulnerables, adem\u00e1s los de los habitantes de distintos territorios\u201d, llam\u00f3 Carlos Camargo Assis.<\/p>\n
Si bien se reconoce que el sector minero-energ\u00e9tico constituye un pilar fundamental para el desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds, cuyos recursos contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas, tambi\u00e9n es necesario destacar que, debido a las condiciones estructurales de pobreza y d\u00e9bil presencia institucional, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos sociales por la reiterada demanda de inversi\u00f3n social para las comunidades y de garant\u00edas laborales para los trabajadores.<\/p>\n
\u201cHago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el di\u00e1logo el mecanismo para la gesti\u00f3n y transformaci\u00f3n de los conflictos\u201d, indic\u00f3 el Defensor del Pueblo.<\/p>\n
Mediaci\u00f3n de la Defensor\u00eda<\/p>\n
El informe resalta la gesti\u00f3n defensorial entre enero del 2022 y febrero del 2024, periodo en el que los funcionarios de la Defensor\u00eda participaron en 80 espacios de di\u00e1logo social, contribuyendo como mediadores o acompa\u00f1antes de las partes en conflicto.<\/p>\n
Los espacios de di\u00e1logo se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y en el Distrito Capital, en los que lograron el consenso, la concertaci\u00f3n y la construcci\u00f3n de acuerdos entre las partes, lo cual permiti\u00f3 establecer compromisos por las entidades y empresas del sector a efecto de buscar salidas a las protestas y movilizaciones sociales.<\/p>\n
El informe ‘Conflictividad Social en el Sector Minero Energ\u00e9tico en Colombia’ formula recomendaciones a las instituciones p\u00fablicas nacionales y regionales, organismos de control, academia, centros de investigaci\u00f3n, comunidades y organizaciones sociales, cuyo fin es prevenir el escalamiento de la conflictividad social y consolidar la pol\u00edtica p\u00fablica para una transici\u00f3n energ\u00e9tica con justicia social y ambiental.<\/p>\n
“Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitar\u00e9 a la Procuradur\u00eda General a apoyar y acompa\u00f1ar esta tarea”, puntualiz\u00f3 Camargo Assis.<\/p>\n
Fuente y Fotograf\u00eda Defensor\u00eda del Pueblo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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