El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia de segunda instancia proferida el 15 de diciembre de 2025, confirm\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo a la moralidad administrativa en las actuaciones relacionadas con la adquisici\u00f3n y aporte del predio donde se proyectaba la construcci\u00f3n del nuevo Terminal de Transportes de Yopal.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se produjo al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Sociedad de Econom\u00eda Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S. contra el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, dentro de una acci\u00f3n popular promovida por un ciudadano.<\/p>\n
El Tribunal concluy\u00f3 que tanto el Municipio de Yopal como la sociedad de econom\u00eda mixta incurrieron en actuaciones contrarias a los principios de legalidad y probidad administrativa al aceptar como aporte social un predio cuya tradici\u00f3n jur\u00eddica estaba cuestionada desde a\u00f1os atr\u00e1s y sobre el cual exist\u00edan advertencias judiciales expresas, sin que se hubiera realizado un estudio de t\u00edtulos riguroso ni se hubieran acatado \u00f3rdenes judiciales previas.<\/p>\n
Seg\u00fan la sentencia, el predio aportado a la sociedad en 2021 proven\u00eda de una enajenaci\u00f3n efectuada en 2006 que hab\u00eda sido se\u00f1alada en decisiones judiciales anteriores como jur\u00eddicamente problem\u00e1tica, al tratarse de un bien de origen bald\u00edo urbano sobre el cual el municipio no ten\u00eda competencia para disponer libremente. A pesar de ese contexto, las entidades involucradas autorizaron su incorporaci\u00f3n al patrimonio de la sociedad mixta, comprometiendo recursos y decisiones p\u00fablicas en una operaci\u00f3n carente de la debida diligencia administrativa.<\/p>\n
El Tribunal precis\u00f3 que estas conductas vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa, en la medida en que se desconocieron principios que rigen la funci\u00f3n p\u00fablica, como la transparencia, la responsabilidad y la prevalencia del inter\u00e9s general, afectando la confianza ciudadana en la gesti\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos.<\/p>\n
No obstante, la corporaci\u00f3n judicial tambi\u00e9n confirm\u00f3 que durante el tr\u00e1mite del proceso se configur\u00f3 la figura de la carencia actual de objeto, debido a que en septiembre de 2023 las partes dejaron sin efecto un contrato el negocio jur\u00eddico mediante el cual el predio hab\u00eda sido aportado a la sociedad, retir\u00e1ndolo de su patrimonio. En raz\u00f3n de ese hecho superado, el Tribunal se abstuvo de impartir \u00f3rdenes adicionales para corregir la situaci\u00f3n.<\/p>\n
Pese a ello, la sentencia mantuvo la declaratoria de vulneraci\u00f3n del derecho colectivo y ratific\u00f3 la decisi\u00f3n de remitir copias del expediente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, adelanten las investigaciones a que haya lugar respecto de la actuaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos, exservidores y particulares involucrados.<\/p>\n
Con esta decisi\u00f3n, el Tribunal reiter\u00f3 que la moralidad administrativa no se limita al cumplimiento formal de la legalidad, sino que exige una actuaci\u00f3n diligente, \u00e9tica y orientada exclusivamente al inter\u00e9s general, especialmente cuando se trata de la gesti\u00f3n de bienes y recursos p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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