La Defensor\u00eda del Pueblo present\u00f3 en Tib\u00fa, Norte de Santander, dos informes sobre la situaci\u00f3n de derechos humanos en la subregi\u00f3n Catatumbo, los cuales dan cuenta de que, un a\u00f1o despu\u00e9s del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudizaci\u00f3n del conflicto armado, la poblaci\u00f3n civil contin\u00faa enfrentando graves afectaciones derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes (NNA) y diversas formas de violencia.<\/p>\n
A trav\u00e9s del informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, se elevan las voces y reclamos de las v\u00edctimas con testimonios y cr\u00f3nicas recolectadas a lo largo de ocho meses en el territorio por la Defensor\u00eda del Pueblo. Y el informe M\u00e1s all\u00e1 de la emergencia: recomendaciones para la recuperaci\u00f3n temprana y la estabilizaci\u00f3n del Catatumbo es el resultado del trabajo conjunto entre la Defensor\u00eda del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, con el prop\u00f3sito de emitir recomendaciones de pol\u00edtica p\u00fablica.<\/p>\n
\u201cQuisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los da\u00f1os, los dolores. Los hechos narrados por la gente son cr\u00edmenes internacionales\u201d, asegur\u00f3 desde Tib\u00fa (Norte de Santander) la Defensora del Pueblo, Iris Mar\u00edn Ortiz, durante su intervenci\u00f3n en la audiencia en la que fueron presentados los dos informes.<\/p>\n
La entidad de derechos humanos reitera su llamado urgente al Estado colombiano para que implemente medidas integrales y sostenidas que garanticen la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil, prevenga el reclutamiento de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, as\u00ed como medidas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n espec\u00edficas frente a violencias basadas en g\u00e9nero.<\/p>\n
Igualmente, lo exhorta a atender de manera estructural las causas del conflicto armado en el Catatumbo mediante una presencia estatal efectiva, con infraestructura y capacidades, inversi\u00f3n social y garant\u00edas reales de derechos para los pueblos y comunidades del territorio.<\/p>\n
Una crisis humanitaria que se profundiz\u00f3 en 2025 A inicios del 2025, la crisis humanitaria en el Catatumbo se desbord\u00f3 como consecuencia de la confrontaci\u00f3n armada entre el disidente Frente 33 de las extintas Farc y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN).<\/p>\n
Si bien esta subregi\u00f3n ha estado atravesada por din\u00e1micas de violencia desde la d\u00e9cada de los a\u00f1os 80, a partir del 16 de enero del a\u00f1o anterior, la disputa territorial entre estos grupos armados ilegales concentr\u00f3 la atenci\u00f3n nacional por la magnitud de sus impactos humanitarios.<\/p>\n
El estado de conmoci\u00f3n interior y los compromisos por cumplir Tras la declaratoria del estado de conmoci\u00f3n interior, fueron anunciadas medidas para fortalecer la institucionalidad, aumentar la presencia de la fuerza p\u00fablica, recuperar el control territorial, proteger a poblaciones vulnerables y avanzar en desarrollo rural, sustituci\u00f3n de cultivos e implementaci\u00f3n del Pacto Catatumbo.<\/p>\n
No obstante, lideresas y l\u00edderes sociales y habitantes le manifestaron a la Defensor\u00eda del Pueblo que muchos de estos compromisos no se los cumplieron y que persiste el abandono estatal hist\u00f3rico en la subregi\u00f3n. La poblaci\u00f3n del Catatumbo mantiene la expectativa de que se concreten proyectos estrat\u00e9gicos que les permitan superar el abandono profundo y prolongado por parte del Estado.<\/p>\n
Violencias persistentes y riesgos para la poblaci\u00f3n civil La Defensor\u00eda ha recogido testimonios que evidencian la profundidad del drama humanitario que ha dejado un conflicto entre personas que antes compart\u00edan el territorio, como vecinos, familiares y amigos, y que hoy se ven enfrentadas por la l\u00f3gica de la guerra. Esta confrontaci\u00f3n gener\u00f3 desplazamientos masivos, confinamientos y m\u00faltiples hechos de violencia que a\u00fan contin\u00faan afectando a la poblaci\u00f3n civil y transformando profundamente las formas de vida en el territorio.<\/p>\n
Seg\u00fan datos de la Unidad para las V\u00edctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del 2025, fueron incluidas en el Registro \u00danico de V\u00edctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948). \u201cLes hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la poblaci\u00f3n civil y al derecho internacional humanitario. Confiamos en que, de alguna manera, puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente.<\/p>\n
Que ninguno de los dos grupos va a ganarla, los dos ya la est\u00e1n perdiendo porque atacan a la poblaci\u00f3n sin ning\u00fan tipo de reparo por los derechos que tiene, porque muchos de sus hombres mueren tambi\u00e9n en los combates\u201d, afirm\u00f3 la Defensora del Pueblo.<\/p>\n
Reclutamiento de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes El reclutamiento forzado y la vinculaci\u00f3n mediante enga\u00f1os contin\u00faan afectando a NNA del Catatumbo. Regalos, promesas de un futuro mejor y la presi\u00f3n ejercida por los grupos armados han truncado proyectos de vida. Entre enero y noviembre del 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, report\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de 49 menores de edad en distintos municipios de la subregi\u00f3n.<\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo, con el apoyo de la Iglesia cat\u00f3lica, ha contribuido a la recuperaci\u00f3n de adolescentes vinculados(as) al ELN y al Frente 33, evidenciando la urgencia de fortalecer las acciones de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n integral de la ni\u00f1ez. Minas, drones y la transformaci\u00f3n de la guerra.<\/p>\n
En el Catatumbo, el conflicto armado ha incorporado el uso de drones, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, pr\u00e1cticas prohibidas por el derecho internacional humanitario, DIH, que han convertido zonas rurales en campos minados y permitido un mayor control territorial de los actores armados.<\/p>\n
Seg\u00fan personeros municipales, estas acciones impiden que campesinos trabajen sus tierras, lo cual afecta gravemente al pueblo ind\u00edgena Bar\u00ed, restringiendo su movilidad, actividades productivas y pr\u00e1cticas culturales por el riesgo permanente de explosiones.<\/p>\n
Adicionalmente, existe impacto emocional por la zozobra que generan estos estallidos. Cifras que revelan la magnitud del da\u00f1o Las cifras nacionales dan cuenta de la gravedad de los hechos. Entre 1990 y el 31 de julio del 2025, en Colombia se registraron 12.610 v\u00edctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar: 10.244 personas lesionadas y 2.366 fallecidas.<\/p>\n
En Norte de Santander, la afectaci\u00f3n ascendi\u00f3 a 978 v\u00edctimas. Solo entre enero y diciembre del a\u00f1o pasado, se reportaron 20 eventos que dejaron 22 v\u00edctimas, al menos una de ellas mortal, en Tib\u00fa, Hacar\u00ed, San Calixto y Lourdes, municipios del Catatumbo. Estos hechos fueron atribuidos principalmente al ELN y al Frente 33.<\/p>\n
El secuestro: una herida que no cierra El secuestro contin\u00faa siendo una pr\u00e1ctica utilizada por los grupos armados para ejercer control, obtener recursos o presionar a las comunidades. Durante el 2025, la comisi\u00f3n humanitaria facilit\u00f3 la liberaci\u00f3n de 121 personas; sin embargo, 59 permanec\u00edan secuestradas al cierre del a\u00f1o. Estos hechos han mantenido a sus familias en un estado permanente de angustia e incertidumbre.<\/p>\n
El secuestro no distingue clases sociales, color de piel, tampoco preferencias pol\u00edticas. Violencias basadas en g\u00e9nero y afectaciones a ni\u00f1as Entre enero y noviembre del 2025, se documentaron 634 casos en Norte de Santander, incluidos hechos de trata de personas y violencia sexual. Mujeres, ni\u00f1as y adolescentes enfrentan restricciones al acceso a la salud sexual y reproductiva y a embarazos no deseados; adicionalmente, reportaron casos de explotaci\u00f3n sexual. Econom\u00edas ilegales y expansi\u00f3n del conflicto La expansi\u00f3n de las econom\u00edas ilegales en el Catatumbo, particularmente los cultivos de uso il\u00edcito concentrados en Tib\u00fa, sigue alimentando el conflicto armado y fortaleciendo a los grupos armados ilegales.<\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo ha recibido denuncias de comerciantes que reportan pr\u00e1cticas de control como la carnetizaci\u00f3n y la obligaci\u00f3n de portar chalecos con insignias, as\u00ed como la consolidaci\u00f3n de econom\u00edas il\u00edcitas, ligadas a la extorsi\u00f3n, el contrabando, la trata de personas y el control del paso de migrantes, como fuentes claves de financiaci\u00f3n de esas estructuras al margen de la ley. Un escenario de alto riesgo para la democracia La persistencia del conflicto armado ha encendido las alertas frente a los procesos electorales del 2025 y 2026. La Defensor\u00eda ha advertido que la disputa territorial entre grupos armados ilegales pone en riesgo las garant\u00edas democr\u00e1ticas, la participaci\u00f3n pol\u00edtica, la seguridad de candidaturas e infraestructura electoral.<\/p>\n
Informes de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral, MOE, confirman la gravedad de la situaci\u00f3n en el Catatumbo, donde se concentran m\u00faltiples hechos violentos en un territorio clave para los comicios. Las voces del Catatumbo: caminos para superar la crisis A pesar de la violencia y el abandono hist\u00f3rico, las comunidades del Catatumbo insisten en la necesidad de avanzar en procesos de paz que incluyan a la poblaci\u00f3n, garantizar el cumplimiento de los acuerdos, promover econom\u00edas l\u00edcitas y sostenibles, mejorar la infraestructura vial y fortalecer una presencia institucional integral que asegure derechos y no solo control armado.<\/p>\n
Reclaman, adem\u00e1s, el acceso efectivo a salud, educaci\u00f3n, vivienda, seguridad alimentaria, atenci\u00f3n psicosocial y el cumplimiento de decisiones judiciales como la Sentencia T-052 de 2017, fundamentales para la armonizaci\u00f3n territorial y la garant\u00eda de derechos del campesinado y del pueblo Bar\u00ed. \u201cPersisten respuestas fragmentadas, centradas en la atenci\u00f3n b\u00e1sica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer d\u00eda de la crisis.<\/p>\n
Esta desconexi\u00f3n entre la fase de la acci\u00f3n humanitaria inmediata, que se da cuando se produce el desplazamiento forzado, y la construcci\u00f3n de paz, el desarrollo, el retorno, la reubicaci\u00f3n y las soluciones duraderas para los desplazados, pues es necesaria abordarla desde el principio para evitar que se perpet\u00faen las causas estructurales de la vulnerabilidad\u201d, enfatiz\u00f3 la Defensora Iris Mar\u00edn Ortiz.<\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo amplifica as\u00ed las voces que las y los habitantes del Catatumbo le confiaron, esperando que, a trav\u00e9s de la r\u00e9plica de sus sufrimientos, los graves cr\u00edmenes que ocurrieron en este contexto y sus a\u00f1oranzas, exista un camino para ponerle freno a la guerra y cumplir con los anhelos de paz para su territorio.<\/p>\n
Fuente y Fotograf\u00eda Defensor\u00eda del Pueblo<\/p>\n
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