Lo que una veedur\u00eda ciudadana ven\u00eda preguntando termin\u00f3 en los tribunales. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Arauca ampar\u00f3 los derechos fundamentales de petici\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica del abogado Carlos Alberto Guerrero, vocero de la Veedur\u00eda Ciudadana \u201cPor una Arauca Respetada y Libre\u201d, y orden\u00f3 a la interventor\u00eda entregar documentaci\u00f3n relacionada con el manejo del anticipo del contrato de obra vial No. 698 de 2025.<\/p>\n
La sentencia fue proferida el 24 de agosto de 2026, dentro del proceso identificado con radicado 81001404600320260011300, promovido contra el Consorcio Interv\u00edas 2025, encargado de la interventor\u00eda t\u00e9cnica, administrativa, financiera y jur\u00eddica del proyecto.<\/p>\n
Y aqu\u00ed est\u00e1 el asunto que hace especialmente relevante la decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n El contrato de obra tiene un valor de $76.729.689.256,12 y est\u00e1 destinado al mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Arauca. La veedur\u00eda hab\u00eda solicitado informaci\u00f3n para ejercer precisamente la funci\u00f3n para la que fue constituida: vigilar c\u00f3mo se est\u00e1n ejecutando los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 estaba preguntando la veedur\u00eda?<\/strong><\/p>\n Entre marzo y junio de este a\u00f1o, la organizaci\u00f3n present\u00f3 solicitudes relacionadas con el cronograma de obra, planos, permisos, licencias ambientales, manejo predial, informes del contratista y aspectos t\u00e9cnicos de la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n Pero hubo un punto que termin\u00f3 convirti\u00e9ndose en el centro de la controversia: La veedur\u00eda pidi\u00f3 soportes de los recursos utilizados, incluyendo facturas de materiales, contratos de alquiler de maquinaria, egresos de mano de obra, pagos de seguridad social y documentos relacionados con la gesti\u00f3n predial. El juez no desconoci\u00f3 que pueda existir informaci\u00f3n reservada. Lo que cuestion\u00f3 fue otra cosa: que la reserva hubiera sido utilizada para negar de manera integral la informaci\u00f3n sin identificar qu\u00e9 documentos concretos estaban protegidos, qu\u00e9 partes deb\u00edan mantenerse bajo reserva y cu\u00e1l era la norma que justificaba esa restricci\u00f3n.<\/p>\n El juez: si hay datos reservados, se tachan; no se oculta todo<\/strong><\/p>\n La sentencia recuerda una regla fundamental para el acceso a documentos p\u00fablicos: si un documento contiene informaci\u00f3n legalmente protegida, eso no significa necesariamente que deba ocultarse completo.<\/p>\n Puede entregarse una versi\u00f3n p\u00fablica, suprimiendo o anonimizando los datos personales o privados que efectivamente est\u00e9n protegidos.<\/p>\n Por eso, el juzgado ampar\u00f3 los derechos de Guerrero espec\u00edficamente frente a la solicitud No. 7, relacionada con los soportes de inversi\u00f3n del anticipo.<\/p>\n Las dem\u00e1s solicitudes fueron consideradas un hecho superado, debido a que durante el tr\u00e1mite de la tutela la interventor\u00eda emiti\u00f3 nuevas respuestas frente a esos requerimientos.<\/p>\n La orden judicial es concreta:<\/strong><\/p>\n El Consorcio Interv\u00edas 2025 deber\u00e1 entregar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n solicitada sobre la inversi\u00f3n del anticipo.<\/p>\n Esto incluye, entre otros elementos, facturas comerciales, contratos de alquiler de maquinaria, n\u00f3minas y dem\u00e1s soportes requeridos.<\/p>\n Si alguno de esos documentos contiene informaci\u00f3n personal, privada o legalmente reservada, la interventor\u00eda podr\u00e1 entregar una versi\u00f3n parcial, pero deber\u00e1 tachar, suprimir o anonimizar esos datos y explicar expresamente qu\u00e9 informaci\u00f3n fue omitida y cu\u00e1l es la norma que permite hacerlo.<\/p>\n La decisi\u00f3n judicial toca un asunto mucho m\u00e1s grande que una disputa entre una veedur\u00eda y una interventor\u00eda. Una veedur\u00eda pregunta.<\/p>\n Una interventor\u00eda responde.<\/p>\n Y ahora un juez ordena que determinada informaci\u00f3n sea entregada.<\/p>\n Cuando se trata de recursos p\u00fablicos, la pregunta no deber\u00eda ser por qu\u00e9 un ciudadano quiere conocer en qu\u00e9 se gastan. La sentencia abre ahora una nueva etapa: conocer qu\u00e9 contienen esos documentos y qu\u00e9 revelar\u00e1n sobre la utilizaci\u00f3n del anticipo del millonario contrato vial.<\/p>\n Porque una cosa es ejecutar una obra.<\/p>\n Y otra, mucho m\u00e1s importante, es poder demostrar peso por peso, factura por factura y contrato por contrato, d\u00f3nde termin\u00f3 el dinero p\u00fablico.<\/p>\n Fuente y Fotograf\u00eda La Prensa Araucana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lo que una veedur\u00eda ciudadana ven\u00eda preguntando termin\u00f3 en los tribunales. 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\n\u00bfEn qu\u00e9 se est\u00e1 gastando el 40 % entregado como anticipo?<\/p>\n
\nLa interventor\u00eda respondi\u00f3 que parte de esa documentaci\u00f3n pod\u00eda contener informaci\u00f3n personal, financiera o comercial protegida por la ley y, por esa raz\u00f3n, se neg\u00f3 la entrega indiscriminada de determinados documentos.<\/p>\n
\nSe trata de saber c\u00f3mo se est\u00e1n ejecutando decenas de miles de millones de pesos destinados a la infraestructura vial de Arauca.<\/p>\n
\nLa pregunta deber\u00eda ser por qu\u00e9 habr\u00eda que ocultarlo, si la ley permite conocerlo.<\/p>\n