Por diferentes irregularidades han sido privados de la libertad más de medio centenar de alcaldes de diferentes regiones del país cobijados con medida de aseguramiento, mientras que la justicia resuelve su situación jurídica. Algunos de ellos han recobrado la libertad pero siguen vinculados a las investigaciones. Entre ellos, el caso más sonado es el de Carlos Mario Álvarez, por ser burgomaestre de la capital departamental, Armenia, quien fue capturado el pasado domingo por presuntas irregularidades en obras de valorización.
Álvarez deberá responder por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Su caso estaría relacionado con la investigación que hace unas semanas llevó igualmente a la captura de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, su esposo y cinco de sus exfuncionarios por supuestamente exigir coimas del 10% en los contratos de obras de valorización en la capital cuyabra.
También fue privado de la libertad en enero pasado el alcalde de Riohacha, capital de La Guajira, Fabio David Velásquez, por supuestos hechos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según la Fiscalía las posibles irregularidades ascenderían a 1.176.008.057 pesos.
Sin embargo, el pasado 1° de marzo, un juez de Control de Garantías le dio la libertad al alcalde Velásquez, por vencimiento de términos, luego de que pasara más de 120 días privado de la libertad sin que se decidiera su situación jurídica.
Una situación similar vive el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri, quien a principios de febrero pasado fue capturado por presuntamente constreñir al sufragante para impedir la revocatoria de su mandato que venía andando desde el año anterior. No obstante, recuperó su libertad a principios de abril anterior, al tiempo que avanza el proceso en su contra.
Mientras que el pasado 16 de abril, por la pérdida de 4.000 millones de pesos de las cuentas bancarias del municipio en el año 2017, fue detenido el alcalde de Buenaventura, Jorge Eliécer Arboleda.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2016 y 2017 se habrían falsificado las firmas que autorizaban órdenes de pago sustraídas de la Alcaldía.
Como consecuencia de la vacancia temporal que se ha presentado en el cargo de alcalde en estos municipios, los gobernadores de La Guajira, Quindío y Santander han nombrado encargados en Riohacha, Armenia y Barrancabermeja, respectivamente. En tanto que el presidente Santos tuvo que hacer el encargo en el caso de Buenaventura, por tratarse de un distrito.
Investigados
También hay varios alcaldes de ciudades capitales bajo el radar de la Procuraduría que los investiga por diferentes hechos, como pasa con el titular en Santa Marta (Magdalena), Rafael Alejandro Martínez, a quien el pasado lunes le abrió indagación disciplinaria preliminar por presuntas irregularidades contractuales.
La Procuraduría Regional de Magdalena busca determinar la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que presuntamente el alcalde distrital favoreció a José Gregorio Mercado, uno de los aportantes económicos de su campaña, con un proceso de contratación directa en febrero de 2016.
Señala el ente de control que de acuerdo con la información registrada en el software Aplicativo Cuentas Claras, Mercado habría beneficiado la campaña electoral de Martínez con 40 millones de pesos en el año 2015. Esta cifra, superaría los montos establecidos por la ley que permite a los aportantes contratar con los entes territoriales, razón por la cual puede existir una presunta inhabilidad de Mercado para contratar con el distrito de Santa Marta.
También hace pocos días, el Ministerio Público formuló pliego de cargos a Rodolfo Hernández, actual alcalde de Bucaramanga, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de un funcionario que no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo.
En febrero pasado, la Procuraduría Regional de Santander abrió indagación a este alcalde por presunta participación indebida en política, pues previo a las pasadas legislativas solicitó en Facebook a los bumangueses que se abstuvieran de votar por los candidatos del clan Aguilar.
En tanto que en octubre del año pasado, la Fiscalía llamó a juicio al alcalde de Montería (Córdoba), Marcos Daniel Pineda, por supuestas irregularidades en la remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora.
Mientras que en noviembre pasado, también la Procuraduría abrió indagación preliminar al alcalde Pineda por las presuntas irregularidades que se presentaron en este contrato.
Fuente y Fotografía Colprensa-elnuevosiglo.com.co