• mié. Abr 17th, 2024
Sanitas-elnuevosiglo.com

Tras el anuncio ayer de la Superintendencia Nacional de Salud en torno a la intervención de Sanitas, el Gobierno ya llega a 25,1 millones de usuarios que están afiliados a EPS oficiales o privadas intervenidas por el Estado. La más grande es la Nueva EPS con 11.294.814 usuarios.

La EPS Sanitas tiene  5.780.082 afiliados; Famisanar, 2.918.982; Emssanar, 1.794.206; Savia Salud, 1.672.446; y Asmet Salud, 1.648.875 usuarios.

La intervención de EPS Sanitas se produjo a pocas horas del probable hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la reforma de salud en su tercer debate, que presentó el Gobierno, pues 9 de los 14 congresistas que tiene la célula legislativa anunciaron su voto para que se archive.

A esta inquietud se suma el hecho de que Nueva EPS, con sus 11.2 millones de afiliados, también está bajo una fuerte influencia del Estado colombiano, lo que genera preocupaciones adicionales sobre la falta de diversidad y competencia en el sistema de salud.

La reciente intervención en la EPS Sanitas, que es la segunda entidad prestadora de servicios de salud más grande del país, ha generado críticas y cuestionamientos sobre las consecuencias a largo plazo para los usuarios. Andrés Forero ha advertido que las EPS intervenidas por el Gobierno han experimentado un deterioro en sus indicadores y en la calidad de la atención, lo cual afecta negativamente a los pacientes y afiliados.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha expresado su preocupación por lo que describe como una “inminente destrucción” del sistema de salud colombiano. Gaviria advierte que este enfoque gubernamental podría tener consecuencias graves, incluyendo un impacto negativo en la salud y bienestar de la población, e incluso costar vidas.

El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, explicó que “la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar  posesión de los bienes haberes y negocios de la EPS Sanitas, y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año, esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.

Leal Angarita sostuvo que la población en todo el país afiliada a esta EPS “tiene la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático”.

En ello coincidió el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo: “Nuestro mensaje hoy es de tranquilidad aquí los servicios tanto en la EPS como en la prepagada se van a continuar prestando”.

Por su parte el presidente Petro reaccionó a esta decisión señalando que “el Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”.

Mientras que la Casa de Nariño indicó que la EPS Sanitas fue intervenida porque no cumple con los requisitos financieros, los afiliados no encontraban satisfacción en la prestación de los servicios y las deudas superaban los dos millones de pesos.

La medida de intervención implica que el interventor, que para el caso fue designado Duver Vargas
por esta Superintendencia, asume la administración y dirección de la EPS por un año, quien reemplazará en esas funciones al gerente de la empresa.

Alerta por recursos

Vale recordar que la EPS Sanitas, junto con Compensar y Sura,  fueron las empresas que en agosto del año pasado abrieron el debate sobre si son suficientes o no los recursos que les entrega el Estado para pagar la efectiva prestación de los servicios.

Estas EPS en una carta que dirigieron al ministro Jaramillo explicaron en esa oportunidad que “es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”.

Agregaron que el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), el valor que entrega anualmente el Estado a las EPS por cada uno de sus afiliados, es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud; así mismo que no se tiene una redistribución equitativa de recursos entres los actores especiales, pues “al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad”.

También estas EPS manifestaron que perjudica sus estados financieros las deudas que tiene el Estado por el manejo de la  pandemia de Covid-19, recobros, licencias e incapacidades.

Sin embargo el presidente Petro respondió en la red X que “han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la Adres no les paga. Eso no es cierto. El Gobierno nacional decidió elevar el valor de Unidad de Capitación, base con que se paga a las EPS multiplicada por el número de sus afiliados. Este aumento fue del 16,2 % anual, muy por encima de la inflación anual, que está en el 11 % y sigue bajando”.

De todas formas, el Ministerio de Salud se sentó con estas EPS el año pasado en una mesa técnica para escuchar sus argumentos y analizar las cifras. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y el Gobierno decidió aumentar la UPC para este año en el 12,01 %.

Este ajuste fue calificado por las EPS insuficiente. Acemi, el gremio de estas empresas, dijo que “el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12,01 % no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del sistema que le da salud a los colombianos”.

En febrero de 2024, la Corte Constitucional declaró el nivel de cumplimiento bajo respecto de la suficiencia de los Presupuestos Máximos que corresponde al Estado para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Igualmente ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha.

¿Retaliación por hundimiento de reforma?

Diversas reacciones generó la intervención de la EPS Sanitas,  el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, dijo que en la plenaria anoche que “no puede ser que ante una decisión democrática de la Comisión Séptima de mantenerse firme en el hundimiento de la reforma mañana (hoy), el Gobierno responda interviniendo la segunda EPS más grande de Colombia”.

Mientras que el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que “la inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del Gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”.

Por su parte el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que “la respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el Gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas. El Gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que “es un acto de retaliación de parte del Gobierno Nacional que ante la frustración que tiene por el inminente hundimiento de la reforma a la salud, la emprende contra una EPS a la que había estado persiguiendo de manera sistemática”.

A su turno el senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que “este Gobierno decide intervenir Sanitas, se cumple la promesa de la exministra Corcho de llevar este sistema de salud a la quiebra. Como no tienen los votos en el Congreso para aprobar su nefasta reforma a la salud, ahora ahogan el sistema para quedarse con el chorro de recursos, para manejarlos a su antojo”.

Mientras que Martha Herrera, de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, alertó que “las EPS intervenidas por el Estado son las que más barreras y dificultades ponen a la hora de un diagnóstico, un tratamiento adecuado y la entrega de medicamentos”.

En tanto que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, expresó que “hemos sido testigos de un proceso que paso a paso ha venido aumentando la crisis del sistema, el cual nos va a costar muchos años recuperar. La responsabilidad de lo que está sucediendo es mayúscula e infortunadamente terminará costando vidas humanas. En este momento debemos redoblar los mecanismos de veeduría ciudadana y legal sobre los funcionarios que están afectando tan gravemente al sector con decisiones cargadas de ideología e intereses políticos”.

Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com

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Por Luisa Fernanda Arias

Periodista Colombiana y Editora del Portal Web www.radionoticiascasanare.com