Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contratación de PAE y servicio de transporte escolar en Casanare

La Procuraduría General de la Nación abrió dos  investigaciones disciplinarias contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare, por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar en ese departamento. ​

Retrasos en la implementación del PAE

Según el Ministerio Público, al parecer, se habrían presentado fallas en la estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos en 2023 para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Casanare, para el año siguiente, lo que conllevó a su posterior revocatoria y al inicio tardío de este programa.

En consecuencia, en febrero de 2024, la gobernación declaró la urgencia manifiesta para garantizar la prestación del PAE, y adjudicó el contrato por más de $ 8.200 millones por un plazo de 58 días del calendario escolar.

Por lo anterior, no se habría garantizado la prestación del Servicio de Alimentación Escolar para 2024 a partir del primer día del cronograma académico.

La investigación cobija a las entonces jefes de la Oficina Jurídica, Carmen Himelda  González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo; los secretarios de Educación, para la época de los hechos, Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; los directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.

Transporte escolar

De otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare investiga las presuntas irregularidades presentadas en el proceso que terminó con la adjudicación, al Consorcio Nuevo Amanecer, del contrato de servicio de transporte escolar para los estudiantes de 18 municipios no certificados de Casanare.

Los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica habrían habilitado jurídica, técnica y financieramente la propuesta presentada por el citado oferente, a pesar de no haber cumplido aparentemente los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

Entre tanto, la jefe de la Oficina Jurídica adjudicó el cuestionado proceso de selección abreviada.

Por estos hechos se investiga disciplinariamente a la líder de ese despacho, Karen Sofía Santafé Agudelo y a los integrantes del comité evaluador: Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.

Fuente y Fotografía  Procuraduría General de la Nación