Ante los reiterados incumplimientos de los compradores que han sido denunciados en repetidas ocasiones por la Procuraduría, fue revocada la venta de Cafesalud E.P.S.
El anuncio lo hizo este miércoles el Ministerio Público tras ser informado por la agente especial liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri.
La decisión fue una respuesta al requerimiento hecho el 2 de agosto por el procurador general Fernando Carrillo para que se aplicara lo dispuesto por el reglamento de compraventa.
Así, la liquidadora de Saludcoop y la Junta Directiva de Cafesalud acogieron la petición de revocatoria de la venta y terminación del contrato que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud, y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS.
Servicio debe continuar
Carrillo aclaró que esta decisión está condicionada a que la Superintendencia Nacional de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados con que cuenta Medimás EPS.
Para ello, la Supersalud adoptará un plan de contingencia gradual para que en los 29 departamentos donde tiene presencia la EPS, se garantice la cobertura en la atención de los afiliados y sus beneficiarios.
“Este Ministerio Público, a través de sus 84 procuradores regionales, provinciales, distritales y los personeros en más de mil municipios en el país, hará una gran ‘toma por la salud’ para vigilar la continuidad en la prestación de los servicios y que a los usuarios no se les traslade la responsabilidad de adelantar trámites que dilaten la atención, que afecten la continuidad de los servicios o incluso que pongan en riesgo sus vidas”, precisó el Procurador.
Según Carrillo, “Medimás tiene la obligación de dar continuidad a los servicios y garantizar la atención de todos los usuarios durante la transición de los afiliados a otras EPS. No puede haber interrupción de la atención de salud”.
“Para este propósito he convocado al Gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Salud y al Superintendente Nacional de Salud, así como a las empresas promotoras de salud para que el día de mañana participen en una mesa de trabajo para definir la ruta en este periodo de transición”, expresó.
Carrillo, explicó que uno de los incumplimientos que más preocupa a la Procuraduría General tiene que ver con el cierre de ocho clínicas de las 19 que integra Esimed, sumado a la falta de pago de los cánones de arrendamiento, deuda que asciende a más de 32.000 millones de pesos, así como a la falta de condiciones para la debida atención de los usuarios.
Deuda en la compra de acciones
Como lo afirma la respuesta al requerimiento de la Procuraduría General por parte de la liquidadora en relación con el cronograma de pago de las acciones de Cafesalud, suscrito en julio y agosto de 2017, los compradores se encuentran en mora de más de 90 días, habiendo hecho un último pago parcial en el mes de julio, lo que ubica la deuda en más de 74.101 millones de pesos, sin incluir los intereses de mora correspondientes.
Frente al contrato de compraventa de las acciones de Esimed no se ha hecho un solo pago por este concepto, por lo que a la fecha la deuda total asciende a 17.500 millones de pesos, más intereses de mora, obligaciones que se harán exigibles mediante las garantías que soportaban los pagos.
Los incumplimientos desde el punto de vista económico ascienden a más de 125.000 millones de pesos, sin contar intereses.
Desde antes de la adjudicación de la venta, la Procuraduría alertó que los virtuales compradores no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de Cafesalud. Hoy la liquidadora le da la razón a la Procuraduría y adopta estas decisiones, dirigidas a hacer valor el orden jurídico, proteger los recursos del sistema y ante todo, garantizar el derecho a la salud como lo ordena la Constitución.
Anuncian demandas
Aunque al cierre de esta edición los empresarios no habían emitido ningún comunicado, se rumoraba en medios periodísticos que los socios de Medimás, las distintas clínicas y empresas que se agruparon para participar del proceso de venta de Cafesalud demandarán al Estado colombiano por el pánico económico que generó el procurador Carrillo en contra del proceso.
Los mencionados actores crearon Prestasalud el 23 de febrero del año pasado y presentaron su propuesta el 17 de mayo, adjudicándoseles la licitación el 24 de mayo.
Sin embargo, los primeros problemas judiciales se presentaron cuando el 9 de junio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares ante la Acción Popular liderada por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, que en todo caso fue levantada poco después.
Anoche el economista José Roberto Acosta recordó que con Robledo y el abogado Andrés Pachón interpuso a Acción Popular para revocar la venta argumentando varias irregularidades e ilegalidades cometidas en el proceso que han perjudicado a los usuarios, así como al erario público.
El 14 de julio se constituyó Medimás EPS ante la Cámara de Comercio de Bogotá, siendo objeto de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud decretando el 13 de diciembre una sanción por más de 600 millones de pesos ante los “serios incumplimientos en la conformación y el correcto seguimiento a su red de prestadores”; esto no impidió que la Procuraduría suspendiera el 31 de enero de este año al superintendente Norman Julio Muñoz por las fallas detectadas en la autorización de Medimás como EPS. Muñoz renunció. El 28 de febrero la Supesalud confirmó otra sanción de 1.100 millones de pesos por fallas en la prestación de servicios.
El 14 de junio, una auditoría de la Contraloría General de la Republica a Medimás determinó que ésta giró más de 718.623 millones de pesos de recursos destinados a la prestación del servicio de salud de sus afiliados, a favor de diferentes proveedores médicos, sin la existencia de los soportes legales y sin las garantías necesarias.
Según la Contraloría, de la suma anterior, al cierre del periodo auditado, más de 280.000 millones de pesos, es decir, más del 39%, se encontraban aún pendientes por legalizar, y registraban vencimientos de más de 90 días. De igual forma más de 261.000 millones de pesos, es decir más del 36%, presentaba vencimientos de más de 60 días.
Para la Contraloría, lo hallazgos implican que a 31 de diciembre de 2017 la EPS registró giros por concepto de anticipos, que en cuantía superior a los 541.000 millones de pesos se encontraban sin legalizar, tratándose de dineros públicos en poder de terceros, sin que medie ninguna justificación legal para tal fin.
Fuente y Fotografía Colprensa-elnuevosiglo.com.co