La estrategia de priorización de los casos por presuntos hechos de corrupción al amparo de la emergencia por el Covid – 19, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar dos actuaciones irregulares en las que habrían incurrido los alcaldes de Piamonte (Cauca) y Carurú (Vaupés).
Piamonte (Cauca).
Ante un juez de control de garantías se presentaron a imputación el alcalde de Piamonte (Cauca), Manuel Agustín Cuellar; y el contratista Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por su supuesta responsabilidad en el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
El mandatario, al amparo de una declaratoria de calamidad pública por el Covid – 19, asignó contratos por valor de 227 millones de pesos al señor Gutiérrez Ramos. Los elementos de prueba dan cuenta de que esta persona habría financiado la campaña política del alcalde.
Carurú (Vaupés)
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal seccional Vaupés, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales para el Covid – 19, investiga a la alcaldesa de Carurú, Fanny Narváez Valencia, por presuntas anomalías detectadas en la celebración del contrato 025 del 27 de marzo de 2020, que estableció la adquisición de combustible para los vehículos oficiales encargados de la distribución de mercados, kits de prevención y otros servicios para atender a la población durante la pandemia.
El material probatorio permitió conocer que la mandataria decretó la urgencia manifiesta. El acto administrativo definió una serie de actividades y compras, pero no contempló el abastecimiento de gasolina. Esta contratación debía hacerse mediante un proceso abreviado con selección y evaluación de propuestas, entre otros requisitos que contempla la ley que, al parecer, no fueron tenidos en cuenta.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la funcionara el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La juez de control de garantías impuso a la alcaldesa medida no privativa de la libertad y el pago de una caución de tres salarios mínimos legales vigentes.
Fuente y Fotografía Fiscalía General de la Nación