El nuevo cruce verbal entre Bogotá y Caracas por las críticas del jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro al Estatuto de Protección al Migrante adoptado por Colombia hace dos semanas, si bien hace parte de una larga lista de acusaciones delirantes de la dictadura chavista, pone sobre la mesa un asunto clave: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el plan de regularización en nuestro país de más de dos millones de desplazados de la vecina nación?
El interrogante es pertinente porque si bien desde hace varios años se habla insistentemente de que la migración forzada de más de cinco millones de venezolanos hace imperativo aplicar el principio de corresponsabilidad global en la atención de esta emergencia humanitaria, el flujo de recursos externos a los países más comprometidos con esta causa no ha sido mayor.
Desde tiempos de Carlos Holmes Trujillo en la Cancillería, Colombia ha insistido en la necesidad de que gobiernos y entes multilaterales ayuden a Colombia a financiar el plan de atención integral a los venezolanos, que no solo se refiere a quienes cruzan la frontera y buscan asentarse en nuestro país, sino también a quienes utilizan nuestro territorio como ruta de paso a Ecuador, Perú, Brasil, Chile o Argentina.
Incluso en mayo del año pasado se llevó a cabo una Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos en América Latina y el Caribe, organizada por la Unión Europea y España. Allí varios gobiernos y entes se comprometieron a aportar 2.790 millones de dólares para la causa, 653 millones de ellos en concesiones a los países latinoamericanos y caribeños que los acogen.
No es un tema menor. De hecho el año pasado el Banco de la República publicó un estudio de “Impacto fiscal de la migración venezolana”, realizado por Ligia Alba Melo, Andrea Otero-Cortés, Jorge Enrique Ramos y Ana María Tribín-Uribe.
“De acuerdo con las cifras del gobierno nacional, el costo por la prestación de los servicios de salud, educación y primeria infancia alcanzó 0.12% del PIB en el periodo 2017-2019. Si el proceso migratorio continúa, el Estado tendría que evaluar la asignación de nuevos recursos fiscales para atender la provisión de los servicios ofrecidos a este grupo poblacional”, señaló el referido estudio.
Se agregó que, de acuerdo con los diferentes escenarios de migración y provisión de servicios públicos, “los costos podrían fluctuar entre 0.19% y 0.26% del PIB en 2020, 0.19% y 0.34% del PIB en 2021 y 0.20% y 0.42% del PIB en 2022. Desde la perspectiva de los ingresos públicos, se estima la contribución de los migrantes a los impuestos nacionales, especialmente en el caso de IVA y de renta. A nivel territorial no hay información precisa sobre el gasto fiscal en programas a favor de los migrantes venezolanos, ni sobre los impuestos municipales pagados por este grupo poblacional. Tampoco es clara la delimitación de responsabilidades de gasto entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Sin embargo, a partir de un ejercicio cualitativo se estudian los casos particulares de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena. Finalmente, se describe la estrategia del gobierno para los migrantes a raíz de la crisis generada por el covid-19”.
El Plan
En diciembre pasado, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), al presentar Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés), calculó que para este año se requerirán 641 millones de dólares para responder a las crecientes necesidades de la población refugiada y migrante venezolana, los colombianos retornados y las comunidades de acogida.
Se trata de una política que parte de una premisa no menor: atender al migrante venezolano no beneficia solo al exiliado y su familia, sino al entorno local colombiano que recibe esa población a corto o largo plazos.
De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, cerca del 56%, están en condición irregular. Sin embargo, la población flotante sería mayor.
El referido Plan no solo contempla la respuesta humanitaria de emergencia, sino que busca facilitar la integración social, cultural y económica de los migrantes; promover la estadía regular de la población venezolana en Colombia; y ofrecer asistencia para las comunidades de acogida.
“El Plan de Respuesta requiere el continuo y creciente compromiso de la comunidad internacional y el sector privado para responder a esta crisis. Los refugiados y migrantes venezolanos requieren nuestro apoyo colectivo más que nunca, tanto en términos de asistencia humanitaria urgente como en el desarrollo de aproximaciones que apunten a soluciones sostenible en el largo plazo”, aseguró Eduardo Stein, representante especial conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos.
El RMRP 2021 busca atender 1,8 millones de personas; entre ellas, 942.000 venezolanos con vocación de permanencia, 173.000 colombianos y binacionales retornados, 102.000 personas en tránsito, 187.000 en movimientos pendulares (que se mueven habitualmente entre los dos países), así como 395.000 de las comunidades de acogida.
Frente al propósito de proveer una respuesta articulada y efectiva, el RMRP se convierte en una ruta de trabajo para las 63 organizaciones que reúne el Capítulo Colombia, entre las cuales se encuentran agencias de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales y miembros del movimiento de la Cruz Roja, que trabajan de manera coordinada bajo el coliderazgo de Acnur y la OIM.
Recursos
Sin embargo, el tema central continúa siendo la necesidad de un apoyo presupuestal a Colombia y demás países receptores.
En septiembre de 2020, la Unión Europea (UE) aprobó una inversión de 12 millones de euros (unos $50.000 millones), para apoyar la respuesta regional frente al flujo de refugiados y migrantes venezolanos a Colombia, Ecuador y Perú.
El presupuesto, compuesto por 10 millones de euros aportados por la UE y 2 millones aportados por el gobierno de Alemania, tiene como fin contribuir a la protección de los migrantes y refugiados y las comunidades en donde son acogidos.
“Esta iniciativa europea contribuye a los esfuerzos globales por alcanzar una migración segura, ordenada y regular. También sustenta el compromiso de la UE y sus Estados Miembros con los impactos de los flujos migratorios en América Latina, reconociendo el esfuerzo de los gobiernos y los ciudadanos de la región”, indicó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.
En febrero del año pasado un informe divulgado por el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Estados Unidos destinó más de 656 millones de dólares desde 2017 a la asistencia humanitaria para los migrantes venezolanos, lo que significa un aumento significativo de los recursos estadounidenses destinados a este fin en los últimos años.
“Con nuestra ayuda”, precisó el Departamento de Estado la OIM “brindó albergue a más de 53.000 venezolanos en la región entre abril de 2018 y septiembre de 2019”.
De otra parte, el miércoles de la semana pasada la UE, el gobierno de Corea del Sur y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informaron sobre la destinación de 16,4 millones de dólares para el proyecto “Ciudad integradora, desarrollo urbano y cultura para un país de acogida”, con el que se busca promover la integración de migrantes venezolanos en cinco ciudades de Colombia.
Como se ve, si bien hay una intención manifiesta de la comunidad internacional de apoyar a Colombia y demás países receptores en la atención y regularización de los migrantes venezolanos, el esfuerzo presupuestal es mayúsculo y se requiere mayor y más concreta aplicación del principio de corresponsabilidad global en la atención de esta emergencia.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com