LA extensión de cultivos ilícitos, cifrada en 204 mil hectáreas al 2021; el papel clave que el país que tiene en el concierto internacional en la producción de hoja de coca y de cocaína, así como la violencia que genera en su territorio alrededor del narcotráfico, son algunos de los puntos que expresó sobre Colombia la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en su informe mundial sobre este flagelo correspondiente al año 2022.
“La cocaína y el cannabis continúan siendo los principales cultivos controlados que se cultivan, producen y trafican desde América del Sur. Las hojas de coca son producidas ilícitamente principalmente en Colombia y Perú, y en cierta medida en el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras que el cannabis se produce ilícitamente en varios países de la región, incluidos Brasil, Chile y Paraguay”, señala JIFE.
Agregó esta Junta adscrita a ONU que “Ecuador es cada vez más utilizado por organizaciones del narcotráfico para almacenar cocaína producida en los vecinos Colombia y Perú para su posterior distribución, principalmente a Europa y Estados Unidos”.
Recordó este organismo que Unodc publicó en su informe de 2021, la encuesta de cultivos de coca para Colombia, en donde señala que se alcanzó en el cultivo y la fabricación potencial de cocaína un hito histórico en el país.
En 2021, la superficie ocupada por cultivos ilícitos llegó a las 204 mil hectáreas, un aumento del 43% en relación al 2020. Mientras que la fabricación potencial de cocaína alcanzó 1.400 toneladas, un alza del 14% en el mismo lapso.
Vale señalar que el informe de la Casa Blanca indicó, a 2021, la presencia de 234 mil hectáreas de cultivos ilícitos.
Volviendo al informe de JIFE, da cuenta también que “en Colombia, durante una reunión con alcaldes de ciudades de la costa del Pacífico en agosto de 2022, el recién elegido Presidente (Petro) mencionó la posibilidad de permitir el cultivo de cannabis sin necesidad de que se expidan licencias, al comparar cultivos de cannabis con otros, como el maíz y la patata”.
Añade este estudio que “esas declaraciones se hicieron como parte de la declaración del Presidente con argumentos a favor de asegurar que las ganancias de una industria lícita del cannabis van a los agricultores colombianos en lugar de empresas extranjeras. Los alcaldes solicitaron que tales medidas sean incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
El hecho de que JIFE haga una anotación sobre estas afirmaciones del presidente Petro adquiere mayor importancia porque esta Junta reitera su preocupación por la despenalización del consumo de cannabis no médico.
La JIFE destaca que esto contraviene las convenciones de fiscalización de drogas, que limitan el consumo de drogas a fines médicos y científicos.
Vale señalar que en noviembre pasado se hundió un proyecto de reforma constitucional que presentó el partido de gobierno para regularizar el cannabis de uso adulto.
De otra parte, JIFE destacó que Colombia mantiene el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que ha significado la erradicación de manera voluntaria por los campesinos de más de 46 mil hectáreas sembradas con coca.
“Entre 2017 y 2022 se inscribieron 99.097 familias en el programa, de los cuales 77.002 han recibido asistencia técnica asistencia y 69.878 han recibido provisiones de seguridad alimentaria”, dice JIFE en su informe.
Nueva política antidrogas
El nuevo Gobierno hizo un cambio drástico en la estrategia que se traía hasta la administración Duque contra el narcotráfico, pues su política en esta materia en cuanto a la erradicación se enfocará en realizarla de manera voluntaria, es decir acordada con los campesinos, a través de la sustitución. Mientras que la erradicación forzada será en los grandes cultivos.
“Colombia tiene la intención de reducir los cultivos de coca, pero no con el énfasis en lo militar, sino en la generación de condiciones para que los campesinos encuentren alternativas rentables a la coca”, ha dicho el Presidente.
De igual forma, el Gobierno no contempla reactivar el programa de fumigación aérea con glifosato, que se puede atendiendo las exigencias que estableció la Corte Constitucional en un fallo para que no se afecte el medioambiente ni la salud de las personas.
El presidente Petro indicó que la lucha contra el narcotráfico se enfocará en las grandes organizaciones y en la interdicción de cargamentos.
A nivel internacional, el Mandatario ha manifestado que la guerra mundial contra este flagelo está perdida. Por ello pide ajustes como la legalización y enfocarse en la prevención y atender como un problema de salud pública los adictos. Así lo manifestó el año pasado ante la Asamblea de Naciones Unidas.
Este nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico ha generado polémica, no solamente desde la oposición, sino de diferentes sectores sociales y económicos que reaccionaron al conocerse que en febrero pasado no se erradicó una sola hectárea de coca en el país.
El general Henry Sanabria, director de la Policía, explicó que “en enero de este año no hubo erradicación, erradicamos en febrero y ya llevamos 413 hectáreas”. Indicó que el motivo de la suspensión de la actividad ese mes fue porque “no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores”.
Más allá de ello, el Gobierno rebajó la meta de erradicación de cultivos ilícitos este año a 20 mil hectáreas, en comparación con el 2022, cuando la administración Duque la fijó en 50 mil hectáreas.
Por su lado el expresidente Iván Duque le dijo a El Tiempo que “si este primer trimestre del año 2023 mantiene la pauta que se presentó en enero, pues eso sencillamente quiere decir que Colombia va en la ruta acelerada de llegar a más de 300.000 hectáreas”.
Por su parte el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó a El País sobre los estudios que están por salir sobre cultivos ilícitos en Colombia, de la Casa Blanca y el Simce, de ONU, que “los informes preliminares indican que la cifra va a ser peor. No sabemos cuántas hectáreas más, pero serán bastantes. Ahora, podemos estar tocando el techo. Como crece el consumo de otras drogas, la oferta de cocaína ya puede ser excesiva, y su producción se ha tecnificado y requiere menos hoja de coca para cada kilo de cocaína. Entonces es posible que el número de hectáreas haya sobrepasado el punto de equilibrio”.
Agregó que “la asfixia es para el narcotráfico: más interdicción, más eficacia penal, más colaboración internacional. El oxígeno es para los campesinos: la llegada del Estado Social de Derecho para que puedan vivir más tranquilos dentro de la ley, con salud, con educación. Tendremos una estrategia de contención pactada con ellos, para que vayan disminuyendo las hectáreas a medida que llega la oferta institucional. No queremos criminalizar al más débil de la cadena, el campesino cultivador que no puede sobrevivir de otra actividad”.
Iniciativas legislativas
Al proyecto de reforma que buscaba legalizar el uso del cannabis con fines recreativos, que como se dijo se hundió, se suma el proyecto para humanizar las cárceles del país que radicó el Ministerio de Justicia.
Sobre este último el fiscal general, Francisco Barbosa, ha manifestado preocupaciones porque en uno de sus artículos señala que los campesinos que tengan cultivos ilícitos de baja extensión podrían ser liberados de la acción penal.
El jefe del ente acusador dijo que se trata de un mico, pues por allí se podrían colar los narcotraficantes.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com