Superintendencia ordenó intervención forzosa para administrar EPS Sanitas

La Superintendencia Nacional de Salud tomó una medida sin precedentes al ordenar la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas que cuenta hoy con más de 5.780.082 pacientes. Esta acción, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, ha sido motivada por el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación, entre otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado internamente en la Superintendencia.

De acuerdo con los mencionado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, EPS Sanitas “no tiene dinero”. En 2002, la prestadora de servicios recibió 7,5 billones de pesos y perdió 295.368 millones, según cifras de la Supersalud y la Supersociedades.

Alonso recibió una carta por parte de las EPS Sura, Sanitas y Compensar en 2023, en donde se alertaba de una crisis financiera y las imposibilidades de sostener las operaciones. Al parecer, para septiembre de este año, no continuarían en servicio si el Gobierno no les pagaban lo que les adeudaban.

El legislador Miguel Uribe Turbay, aseguró en la Sesión Plenaria del Senado de este 2 abril que la Superintendencia de Salud ya habría arribado a la EPS para darle inicio a la intervención.

“En este momento, acaba de llegar la Superintendencia de Salud a intervenir Sanitas. Comienza el inicio del fin en Colombia y el fin de la democracia. ¿Será esta una represalia por haber agendado al día de mañana el debate de la reforma a la salud en la Comisión VII?”, dijo el senador.

La intervención forzosa administrativa implica que la Superintendencia asume temporalmente la administración de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas por un período de un año. Es importante destacar que esta medida no implica la liquidación de la EPS ni su desaparición, sino que busca corregir errores administrativos y garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para los usuarios como para los prestadores de servicios de salud.

Es fundamental que la población afiliada a la EPS Sanitas tenga la certeza de que sus funciones y servicios continuarán sin interrupción durante este proceso. No es necesario que los afiliados realicen trámites adicionales o burocráticos, ya que la Superintendencia se encargará de garantizar la continuidad del servicio.

Esta intervención tiene como objetivo principal proteger los intereses y la salud de la población. Es un mensaje de tranquilidad, enfocado en asegurar que la EPS Sanitas cumpla con los estándares requeridos y brinde un servicio de calidad en todo el territorio nacional.

Por otro lado, La senadora Paloma Valencia expresó su profunda preocupación y desacuerdo con la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud. En su opinión, este hecho es sumamente grave y marca un paso hacia lo que ella percibe como una “policía política” que persigue a quienes se oponen al gobierno.

Valencia considera que Sanitas ha sido una de las pocas EPS que ha luchado contra el sistema de salud vigente y cuestiona la intervención basada en supuestas irregularidades financieras, como no cumplir con las reservas técnicas. Argumenta que ninguna EPS ha logrado cumplir con estas reservas debido a la falta de pago por parte del gobierno y a que las EPS que sí pagan, como la Nueva EPS, lo hacen con un considerable retraso.

Para la senadora, esta intervención no es más que un intento del gobierno por acabar con el sistema de salud actual, el cual considera derrotado. Lo ve como un ataque a la democracia, señalando otros incidentes como el allanamiento a la Registraduría Nacional y las amenazas contra otros políticos que se oponen al gobierno.

Además, Gustavo Petro afirmó que El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos, aprobando así la intervención, además dijo que el actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político.