Defensoría del Pueblo en Casanare apoyó suspensión de desalojo de invasión Mi Nueva Esperanza tras solicitar revisión de caso por repercusiones sociales

Una de las preocupaciones para la Defensoría del Pueblo en Casanare del desalojo de la Invasión Mi Nueva Esperanza prevista para esta semana es la repercusión social que pueda generar la salida de más de 3 mil 500 personas que llevan más de tres años en este lugar en Yopal.

La titular de la Entidad en el departamento, Diana Patricia Puentes Suárez aclaró que su despacho no está en contra del desalojo sino establecer una verificación a los protocolos que exige la Corte Constitucional para este tipo de procedimientos definidos en un diagnóstico, caracterización, censo, comprobación víctimas del conflicto armado, quienes son desplazados, y que personas revisten de especial protección constitucional.

“Sin duda existe un derecho legítimo a la propiedad privada de los querellantes pero también hay población desplazada y es deber de las instituciones como la Defensoría proteger los derechos de esta población. El resultado de esa caracterización deberá generarse espacios de reubicación de albergues temporales para establecer una solución definitiva de las personas que habitan la invasión”, explicó la Defensora del Pueblo en Casanare.

Agregó que se hizo un análisis y su conclusión causó inquietud porque una situación que lleva más de tres años es difícil de entender que no se haya tomado acciones por parte de las administraciones anteriores para desarrollar un plan de atención a dicha población.

Diana Patricias Puentes Suárez indicó que aunque la mayoría de las instituciones estuvieron de acuerdo con la suspensión del desalojo por considerar que no es prudente seguir con el proceso pero queda a potestad de la Alcaldía de Yopal a través del Inspector.

“El juez verificará si se trata un desacato a una acción de tutela, la suspensión del desalojo a la Invasión Mi Nueva Esperanza pero consideramos no que recomendable hacerlo en este momento hasta tanto no se cumplan unos protocolos establecidos por la Corte Constitucional que protegen derechos fundamentales de las personas, además que existen circunstancias de carácter humanitario que lo ameritan”, concluyó la Defensora del Pueblo en Casanare.

Fuente y Fotografía Radio Noticias Casanare