El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila Suárez, radicó en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 199 de 2025 Senado, una iniciativa que busca acabar con la improvisación y dotar al Estado de un marco jurídico estricto para los procesos de negociación con Grupos Armados Organizados (GAO) y los mecanismos de sometimiento a la justicia con Estructuras de Delincuencia Organizada (EDO).
Según el congresista liberal, la propuesta surge como respuesta a la ausencia de reglas claras que históricamente han marcado este tipo de procesos.
“Con este proyecto de ley se acaba la improvisación y la recocha en los procesos de paz. El Estado tendrá reglas claras, plazos definidos y control estricto”, aseguró Archila.
Principios y objetivos
El articulado establece como principios rectores la legalidad, transparencia, celeridad, seguridad jurídica, responsabilidad y rendición de cuentas, siempre con la centralidad de las víctimas como eje fundamental. De manera expresa, el texto prohíbe cualquier forma de impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, determina que todo proceso deberá iniciar con objetivos definidos y una hoja de ruta pública, contemplando metas concretas como la desmovilización, el desarme, la desarticulación de las estructuras criminales, la reparación integral a las víctimas y las garantías de no repetición.
Alcances y limitaciones
El proyecto fija un plazo máximo de 24 meses para los procesos de negociación, prorrogables solo una vez por 12 meses y con autorización del Congreso. Además, ordena la participación obligatoria de entidades como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.
De igual forma, el Gobierno deberá rendir informes semestrales al Congreso y a la opinión pública sobre avances, obstáculos y recursos invertidos. Si el proceso fracasa o se incumplen los compromisos, el Estado tendrá la obligación de activar de inmediato estrategias de desarticulación y neutralización de los grupos armados mediante operaciones coordinadas.
Otro de los puntos claves es la prohibición de reabrir un proceso con el mismo grupo armado antes de cinco años, salvo que surjan hechos nuevos de gran trascendencia y con autorización expresa del Congreso.
Protección de víctimas y control de recursos
El proyecto también garantiza la participación efectiva de las víctimas en todas las fases del proceso, asegurando sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Igualmente, establece que los recursos destinados deberán publicarse antes de iniciar cualquier diálogo, quedando sujetos a vigilancia de la Contraloría General de la República.
En materia de responsabilidades, la iniciativa prevé sanciones severas para los funcionarios que incumplan sus disposiciones, que van desde la pérdida del cargo hasta la inhabilidad por veinte años.
Un marco jurídico para la confianza del país
Archila enfatizó que el propósito de esta propuesta es garantizar que los procesos de paz no se conviertan en un camino para legalizar la impunidad, sino en una estrategia real de desarticulación de estructuras criminales:
“Un proceso de paz no puede ser un negocio para legalizar la impunidad. Debe servir para desarticular de manera definitiva las estructuras criminales y darle confianza al país”.
Con esta iniciativa, el representante casanareño busca abrir un debate nacional sobre la urgencia de contar con un marco normativo sólido, transparente y confiable, que asegure que cualquier proceso de paz en Colombia se adelante bajo los más altos estándares de legalidad y justicia.
Fuente y Fotografía Of Prensa Rep a la Cámara Hugo Archila