La Procuraduría Regional de Casanare solicitó al Tribunal Administrativo la suspensión del convenio suscrito entre el municipio de Yopal y la empresa CATASIG, encargada de la actualización del catastro urbano y rural. La decisión se da tras advertir que la continuidad del proceso podría generar más perjuicios que beneficios para los contribuyentes y las finanzas locales.
El pronunciamiento del Ministerio Público respalda la Acción Popular interpuesta por el concejal Leonardo Infante Tovar y otros cabildantes, quienes buscan proteger los derechos de los yopaleños frente a los incrementos en los avalúos catastrales y sus posibles repercusiones en el impuesto predial.
Según explicó el concejal Leonardo Infante Tovar, la medida constituye “un paso firme en defensa del patrimonio de las familias yopaleñas y una respuesta al clamor ciudadano por una actualización catastral justa y ajustada a la realidad del territorio”.
“La Procuraduría ha dado un paso firme para proteger a los yopaleños. Su pronunciamiento es claro: continuar con el convenio podría causar más perjuicios que beneficios, afectando el patrimonio de nuestras familias y las finanzas del municipio”, señaló Infante Tovar.
El cabildante reiteró que los avalúos deben reflejar el valor real de los predios y no responder a metodologías que distorsionen su precio, situación que ha generado inconformidad entre propietarios de zonas urbanas y rurales del municipio.
La solicitud de la Procuraduría será analizada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que deberá determinar si procede la suspensión del convenio con CATASIG mientras se resuelven las acciones judiciales en curso.
Con esta actuación, el Ministerio Público busca garantizar el respeto a los principios de equidad tributaria, transparencia administrativa y protección del patrimonio de los ciudadanos, en uno de los temas más sensibles para la economía de los hogares yopaleños.
2025-00041-00 Memorial Ministerio Público (1)
Fuente Procuraduría Regional de Casanare