La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a Betty Cecilia Anaya Nieto, agente especial interventora de Capresoca EPS, en medio de una investigación disciplinaria por el presunto incumplimiento de funciones y por el deterioro de la prestación de los servicios de salud a los afiliados de la entidad. La medida quedó consignada en un auto firmado el 7 de abril de 2026, dentro del proceso que también vincula al exagente interventor Yeferson Caicedo Pardo.
La decisión se conoce en un momento crítico para la EPS, que permanece intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde el 7 de octubre de 2024. En el expediente, la Procuraduría sostiene que en Capresoca se habrían agravado las barreras de acceso a los servicios, con afectación del derecho a la salud de los usuarios y señales de deterioro financiero, razones que llevaron a abrir formalmente la investigación disciplinaria.
Según el documento, la suspensión contra Anaya Nieto deberá hacerse efectiva de manera inmediata por parte de la Superintendencia de Salud y no admite recurso. Además, la Procuraduría ordenó correr traslado del informe de la visita administrativa realizada a Capresoca, pedir información adicional a la Defensoría del Pueblo y requerir un reporte sobre quejas e incidentes de desacato relacionados con la EPS desde octubre de 2024.
El caso toma mayor relevancia por el comportamiento de los reclamos de los usuarios tras la intervención. De acuerdo con lo reportado por medios nacionales a partir de la actuación del ente de control, las PQRS aumentaron 144 % y el número de tutelas creció 56 % después de la toma de posesión de la EPS por parte del Gobierno. Esos indicadores fueron citados como una de las alertas sobre el empeoramiento de la atención y el aumento de las dificultades para acceder a servicios y tratamientos.
En la práctica, la decisión de la Procuraduría vuelve a poner la lupa sobre el resultado de las intervenciones estatales en el sistema de salud. En el caso de Capresoca, la entidad de control considera que, lejos de corregirse, varios problemas se profundizaron: crecieron las quejas, aumentó la presión judicial de los pacientes y persisten dudas sobre la capacidad de respuesta de la EPS frente a una población afiliada que sigue reclamando atención oportuna y continuidad en los tratamientos.
Fuente y Fotografía Procuraduría General de la Nación