En los próximos cuatro años, Colombia enfrenta retos y desafíos que van mucho más allá de reducir los accidentes de trabajo. La informalidad, las nuevas modalidades de empleo, la salud mental, el cambio climático, la digitalización, la transición energética y la inclusión laboral están modificando los tipos de peligros y los niveles de riesgos a los que se enfrentan millones de trabajadores. A esto se suman compromisos internacionales orientados a erradicar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro como un requisito fundamental para la comercialización de bienes y servicios.
Ante este panorama, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) identifica 10 retos prioritarios para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el cuatrienio 2026–2030, con una apuesta central: fortalecer la prevención y lograr que el país sea capaz de anticiparse a los riesgos antes de que estos se conviertan en accidentes, enfermedades o pérdidas humanas.
La necesidad de avanzar en esta dirección se evidencia en las cifras del primer semestre de 2026: Colombia registró 261.580 accidentes de trabajo y 239 fallecimientos de origen laboral, mientras que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales alcanzó el 57,4 % de la población ocupada.
“Los próximos cuatro años deben representar un punto de inflexión para la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Necesitamos pasar de una mirada reactiva a una verdaderamente preventiva, que nos permita anticiparnos a los riesgos y garantizar que la protección de la vida esté en el centro de las decisiones del país y de las organizaciones”, afirmó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad.
- Ampliar la cobertura y reducir la informalidad laboral
Uno de los principales desafíos es lograr que una mayor proporción de trabajadores tenga acceso efectivo al Sistema General de Riesgos Laborales. Durante el primer semestre de 2026 se registraron cerca de13,86 millones de trabajadores afiliados al SGRL, pero la cobertura frente a la población ocupada fue de apenas 57,4 %. Esto significa que, aproximadamente, cuatro de cada diez personas de la fuerza laboral están desprotegidas frente a accidentes y enfermedades laborales debido, principalmente, a la informalidad.
Frente a este panorama, el CCS plantea la necesidad de avanzar en la formalización laboral, repensar y promover mecanismos que faciliten el acceso al SGRL, simplificar los trámites de afiliación y fortalecer la cultura preventiva en las poblaciones trabajadoras con mayores barreras de acceso a la protección social, especialmente, aquellas vinculadas a las economías informales.
“No podemos hablar de una verdadera protección laboral mientras una parte importante de la población trabajadora permanezca por fuera del sistema. La formalización y la ampliación de la cobertura deben estar acompañadas de mecanismos que respondan a las realidades de los trabajadores y de los entornos de trabajo”, señaló Solano Luque.
- Focalizar la prevención en sectores y regiones con mayor siniestralidad
El segundo reto es fortalecer las intervenciones diferenciadas en los sectores y territorios donde existen mayores niveles de accidentalidad y mortalidad.
En el primer semestre de 2026 se registraron 1445 accidentes de trabajo diarios, mientras que la mortalidad laboral alcanzó 239 casos, equivalentes a un trabajador fallecido cada 18 horas por causas asociadas a su labor.
Entre los sectores más críticos se destacan el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una tasa de 5,25 accidentes por cada 100 trabajadores, así como el de explotación de minas y canteras, con 26,34 muertes y 132,82 enfermedades laborales calificadas por cada 100.000 trabajadores (en ambos casos, los indicadores aumentaron frente al mismo periodo de 2025).
A nivel territorial, Antioquia registró la mayor tasa de accidentalidad (2,47 por cada 100 trabajadores), Vaupés, la de enfermedad laboral (188,03 por cada 100.000 trabajadores); mientras que Guainía y Boyacá presentaron las mayores tasas de mortalidad laboral (13,09 y 5,72 muertes por cada 100.000 trabajadores, respectivamente).
La propuesta se centra en crear mesas técnicas sectoriales, programas de inspección dirigida y estrategias de promoción y prevención diferenciadas.
- Actualizar las políticas frente a la salud mental y la enfermedad laboral
La transformación del mundo del trabajo también está modificando el perfil de las enfermedades laborales.
Durante el primer semestre de 2026 se calificaron 5312 enfermedades de origen laboral, cerca de 29 casos diarios. Los trastornos de salud mental y las patologías osteomusculares continúan siendo desafíos importantes para la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo.
El país necesita fortalecer la gestión preventiva de los riesgos psicosociales y actualizar la Tabla de Enfermedades Laborales para responder a las nuevas realidades del empleo. Construir organizaciones mentalmente protectoras es uno de los grandes desafíos actuales para las empresas.
- Digitalizar la información y aprovechar la analítica de datos
El volumen de información que genera actualmente el Sistema General de Riesgos Laborales exige nuevas capacidades tecnológicas. Con más de 1,37 millones de empresas afiliadas, 13,8 millones de trabajadores, más de 260.000 accidentes y más de 5000 enfermedades reportadas durante el primer semestre de 2026, se requiere fortalecer las capacidades para integrar y analizar grandes volúmenes de datos, identificar tendencias y orientar la toma de decisiones.
Desde la entidad se propone modernizar las herramientas digitales y consolidar la información para desarrollar análisis más profundos de las causas, de tal manera que se pueda trascender a modelos predictivos y prescriptivos, optimizar recursos y focalizar las acciones de prevención.
- Prepararse para el cambio climático y el estrés térmico
El cambio climático está incorporando nuevos peligros y aumentando los niveles de riesgos en los entornos laborales, especialmente para quienes desarrollan sus actividades al aire libre. Agricultura, construcción, servicios públicos y minería a cielo abierto requieren especial atención frente al aumento de las temperaturas y los fenómenos climáticos extremos
La entidad advierte sobre el estrés térmico y sus posibles consecuencias para la salud de los trabajadores, que comprenden desde efectos agudos, como el golpe de calor, hasta posibles consecuencias a largo plazo, como el desarrollo de enfermedades renales crónicas asociadas a la exposición ocupacional prolongada al calor. Asimismo, propone desarrollar directrices nacionales obligatorias que regulen aspectos como hidratación, periodos de descanso y límites de exposición a temperaturas extremas.
- Rediseñar el SG-SST para las mipymes
Más del 90 % de las organizaciones del tejido empresarial en Colombia son micro y pequeñas empresas. Sin embargo, muchas enfrentan limitaciones de presupuesto, personal especializado y capacidad operativa para implementar sus sistemas de gestión.
El modelo actual puede terminar privilegiando el “cumplimiento documental” sobre la efectividad real de las medidas de prevención y el control de los riesgos en los lugares de trabajo.
Por esto, se plantea simplificar los SG-SST, particularmente para las mipymes y desarrollar herramientas digitales, autogestionables y gratuitas que permitan a estas empresas identificar peligros, reducir riesgos y mejorar sus estándares de seguridad, contribuyendo a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin generar cargas financieras adicionales.
- Reactivar el Sistema de Garantía de Calidad del SGRL
El CCS también llama a fortalecer una visión integral de la calidad dentro del SGRL. Durante la última década la atención se concentró principalmente en los estándares mínimos, mientras otros componentes del Sistema de Garantía de Calidad —como la auditoría para el mejoramiento, la acreditación y el sistema de información— no han alcanzado el desarrollo esperado. La propuesta es avanzar de un modelo en el que las organizaciones buscan principalmente cumplir para evitar sanciones hacia uno que reconozca y promueva la excelencia preventiva en todos los actores del SGRL.
“El objetivo no puede ser simplemente cumplir con el mínimo exigido por la norma. Colombia necesita generar incentivos para que las organizaciones quieran avanzar hacia niveles superiores de prevención, calidad y protección de sus trabajadores”, afirmó Solano Luque.
- Implementar un plan nacional frente al cáncer de origen ocupacional
Aunque se trata de enfermedades que pueden tener periodos de latencia de entre 15 y 40 años, los registros de cáncer calificado como de origen laboral en Colombia son marginales frente al impacto que esta problemática puede representar, lo que plantea importantes desafíos para su identificación, diagnóstico y reconocimiento como enfermedad laboral.
Por ello, se propone implementar un Plan Nacional de Prevención y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional, poner en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en Colombia (SIVECAO), crear un registro nacional obligatorio de trabajadores expuestos a agentes carcinógenos, así como fortalecer las acciones de prevención y diagnóstico.
- Garantizar la inclusión laboral real de las poblaciones en situación de vulnerabilidad
La inclusión laboral, particularmente de las personas con discapacidad, debe trascender el cumplimiento de una cuota de contratación. Durante el trimestre abril-junio de 2026 la tasa de ocupación de las personas con discapacidad fue de 18,3 %, frente al 61,6 % de las personas sin discapacidad, lo que evidencia una importante brecha de acceso al empleo formal.
El reto es garantizar su acceso y participación en el mercado laboral, permanencia, accesibilidad, ajustes razonables y gestión de riesgos laborales, incorporando el enfoque de discapacidad dentro de los SG-SST. Para ello, el CCS propone una estrategia nacional articulada con la Ley 2466 de 2025 y la política pública de discapacidad, que fortalezca la inversión pública, los estímulos al sector empresarial, el acompañamiento técnico a las empresas y promueva entornos laborales libres de capacitismo, discriminación y exclusión.
- Garantizar la SST durante la transición energética
Finalmente, la transición hacia una economía más descarbonizada traerá consigo nuevos empleos, procesos y tecnologías, pero también nuevos riesgos laborales. La migración de trabajadores hacia sectores de energías renovables puede implicar riesgos asociados al trabajos en altura, la exposición a nuevas sustancias químicas, sistemas de almacenamiento, baterías de ion-litio, hidrógeno y nanomateriales, entre otros.
El CCS considera necesario anticipar estos riesgos y establecer estándares específicos de SST para actividades como la instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar, parques eólicos, generación de hidrógeno verde y manejo de residuos a gran escala.
Una agenda para anticiparse y proteger la vida
Los 10 retos planteados por el Consejo Colombiano de Seguridad muestran que la agenda de seguridad y salud en el trabajo para 2026–2030 deberá responder simultáneamente a problemas históricos, como la informalidad, la siniestralidad, las barreras para el acceso y la permanencia laboral de poblaciones históricamente excluidas y las dificultades de las mipymes, pero también a riesgos emergentes derivados de la tecnología, el cambio climático y la transición energética.
La apuesta es que la prevención deje de ser entendida únicamente como una obligación normativa y se consolide como un componente estratégico del desarrollo empresarial y del trabajo decente.
“Tenemos una oportunidad para construir un sistema más moderno, preventivo, inclusivo y basado en evidencia. El propósito final debe ser uno: que cada trabajador pueda regresar sano y salvo a su hogar y que ninguna transformación económica del país se haga a costa de la vida y la salud de los trabajadores”, concluyó la presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad.
Fuente y fotografía Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)