La decisión se sustentó en hallazgos identificados por el Ministerio de Educación, la revisión del contrato y sus 43 otrosíes, los informes de supervisión, la medida cautelar de la Superintendencia Nacional de Salud y la escucha a los maestros.
El Ministerio trasladó los hallazgos a los organismos de control, solicitó el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría y solicitó una auditoría forense para esclarecer la administración de los recursos del Fondo.
El análisis incluyó la revisión de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la ley 812 de 2003 y el concepto 2227 Consejo de Estado, mesas técnicas de salud, finanzas y tecnología, así como el estudio de los antecedentes jurídicos y de la operación del FOMAG.
Desde el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella, el Ministerio de Educación Nacional priorizó la atención de la crisis del FOMAG; adelantó una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El análisis permitió identificar graves dificultades en la operación del Fondo, profundizadas con el modelo implementado por el Gobierno anterior, que han afectado el acceso de los maestros y sus familias a los servicios de salud y el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas. Estos elementos sustentaron la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A.
“Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato”, afirmó la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
Hallazgos puestos en conocimiento de las autoridades
Los hallazgos identificados por el Ministerio fueron puestos en conocimiento del Consejo Directivo del FOMAG y trasladados a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que estas entidades, en el marco de sus respectivas competencias, evalúen los hechos y adelanten las actuaciones a que haya lugar.
Entre los elementos identificados se encuentra un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026, una situación financiera que exige establecer con rigor el estado de los recursos y las condiciones en que han sido administrados.
Ante la gravedad de estos hallazgos y las fallas identificadas en el modelo de salud del magisterio, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó al presidente de la República, Abelardo de La Espriella, ordenar una auditoría forense al FOMAG. El propósito es examinar la gestión de los recursos y la ejecución del contrato de fiducia y de la contratación derivada, esclarecer si existieron irregularidades o posibles hechos de corrupción y aportar evidencia a las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades a que haya lugar, con respeto del debido proceso.
“El Ministerio de Educación ha solicitado de manera expresa una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato”, indicó la ministra.
Como parte de este proceso, el Ministerio también solicitó el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, para fortalecer la vigilancia institucional y facilitar el ejercicio de sus competencias.
Un contrato de 36 años bajo revisión
El análisis jurídico partió del marco normativo del FOMAG, en particular de la Ley 91 de 1989, en armonía con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y las demás disposiciones aplicables. Con esa base, el equipo del Ministerio revisó el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 y otros 43 otrosíes suscritos durante su vigencia.
Entre los antecedentes jurídicos se examinó el Concepto 2227 de 2014 de la Sala de Consulta у Servicio Civil del Consejo de Estado, que señaló la necesidad de terminar el contrato y adelantar una licitación pública para seleccionar al fiduciario. Este antecedente sustenta la revisión de las prórrogas sucesivas у la estructuración de una nueva contratación con observancia de la selección objetiva.
La revisión incluyó conceptos jurídicos y técnicos, pronunciamientos judiciales y decisiones relacionadas con el Fondo. También examinó las tutelas y demandas presentadas por los afiliados para reclamar sus derechos, así como las actas del Consejo Directivo del FOMAG.
Estas últimas permitieron reconstruir las decisiones adoptadas en las distintas sesiones y conocer las posiciones que los integrantes de esa instancia sostuvieron frente a la administración del Fondo a lo largo del tiempo.
Mesas técnicas e informes de supervisión y control
Para examinar las condiciones de operación del FOMAG, el Ministerio desarrolló tres mesas técnicas: salud, finanzas y tecnología. El análisis también incorporó los informes de los supervisores del contrato, los pronunciamientos de la Contraloría General de la República y el informe de la Superintendencia Financiera.
Asimismo, el Ministerio tuvo en cuenta la medida cautelar adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud respecto de su operación en salud y adelantó interlocución con el superintendente delegado competente.
La revisión de estos documentos y actuaciones permitió contrastar las condiciones jurídicas, financieras, tecnológicas y de prestación de los servicios con las obligaciones y responsabilidades asociadas a la administración del Fondo.
Fuente y Fotografía Ministerio de Educación