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La Fundación Casanare, Amigos por la Paz hizo un requerimiento a la Asamblea Departamental para que haga un acompañamiento para que el Instituto Financiero de Casanare amplíe el convenio que se tiene con 100 familias desmovilizadas que decidieron apostarle a la paz y una labor digna puedan seguir haciéndolo.
Nancy Shirley Avella Garcés, representante de la Fundación al hacer este llamado a la Corporación hizo un diagnóstico y mostró un panorama sobre la situación que afronta la población desmovilizada en el departamento, que en dos contextos que afectan a esta población, el primero jurídico y el segundo económico.
“El primero porque después de 12 años de proceso empiezan a proferir condenas por parte de jueces especializados por el simple hecho de haber pertenecido al grupo de Autodefensas en su momento”, advirtió Avella.
Según la representante de la Fundación, Amigos por la Paz, el delito por el cual se requieren es concierto para delinquir agravado, sin embargo, la persona que no haya cometido ningún delito después de su desmovilización puede gozar de un subrogado penal, que se traduce en la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
“Quien haya tenido algún requerimiento, así sea por alimentos, pierde ese beneficio y va a pagar su pena en un centro carcelario”, explicó Nancy Shirley Avella.
¿Qué llamado se hace a la Asamblea Departamental?
Por una petición de 100 familias de personas desmovilizadas, Nancy Avella acudió a la duma departamental para contextualizarlos de la situación que afrontan con el Instituto Financiero de Casanare – IFC – por un crédito al que accedieron por más de $700 millones de pesos y el convenio se liquidó.
“Tomaron la decisión de liquidar el convenio y no hay la garantía de que los recursos vuelvan ni mucho menos que se vayan a destinar para esta población y con el mismo objeto; estos recursos fueron destinados para la compra de una finca de 257 hectáreas, en el municipio de Paz de Ariporo, para establecer proyectos productivos agrícolas”, señaló Nancy Avella.
Esta población accedió al crédito para comprar el predio con el propósito de acceder a la línea de cofinanciación para que con el producido de las unidades productivas se pagara el crédito.
Por ahora, los integrantes de la Asamblea Departamental ya conocen la situación y se espera que con el apoyo de ellos inicie un acompañamiento para mejorar las condiciones de esta población.
Contexto de desmovilizados en Casanare
En el departamento hay más de 600 personas en esta situación, 986 personas en total se han desmovilizado, en su mayoría de las Autodefensas, y que superan el rango de edad de los 35 años indicó la Representantes de la Fundación.
Agregó que lo preocupante de esta situación radica, en que las personas que han perdido la ruta de resocialización de este programa lo han hecho por falta de apoyo de las autoridades, porque las políticas que se han impartido no han sido las mejores porque se autorizan sin conocimiento de causa.
“Pienso que las políticas de apoyo que hay para esta población son políticas de escritorio, muy asistencialista en ciertos términos, pero en realidad no se abordan las necesidades básicas y esto no garantiza un proceso exitoso para los desmovilizados”, señaló Avella.
Fuente y Fotografía Radio Noticias Casanare – Anyela Pinto