El 31 de mayo, el equipo legal de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tendrá que presentar su defensa en el juicio que se le abrió por maquillar las cuentas del Estado. José Eduardo Cardozo, quien coordina la estrategia legal de Rousseff, confía en revertir el proceso de impeachment “porque todo esto es ilegal”. (Lea: ¡Fuera golpistas!: manifestación pide regreso de Rousseff al poder)
¿Lo que pasó en Brasil fue un golpe?
Sí. Brasil tiene un sistema presidencial y nuestra Constitución es clarísima cuando dice que el presidente de la República solo puede ser apartado del poder cuando ocurre un delito de responsabilidad, cuando comete crímenes que atenten contra las leyes. Las acusaciones contra Dilma Rousseff no tienen nada que ver con haber recibido dinero ni desviado recursos, algo que sí es un crimen. Lo que ella hizo fue algo de manejo administrativo. Las acusaciones que se le hacen son dos: una, maquillar las cuentas fiscales de 2014, y dos, retrasar los pagos al Banco Central. Nada de eso ocurrió.
¿Maquillar las cuentas fiscales es una indelicadeza o un delito?
Ese manejo que Dilma hizo de las cuentas lo han hecho todos los gobiernos anteriores: es una cuestión que nunca fue tratada como un delito. Entendemos que todo esto es un pretexto jurídico, una situación que no es legalmente sustentable, un juicio puramente político que se justifica en una retórica mentirosa.
Si esta conducta fue usada por otros gobiernos, ¿tendrían entonces que responder expresidentes?
Fernando Henrique Cardoso firmó 101 decretos que son similares a los seis que Dilma Rousseff hizo. El Tribunal de Cuentas de su gobierno aprobó sus cuentas y dijo que era una situación normal. Es el mismo caso de Dilma: la ley permite esto desde que sea compatible con las metas fiscales. Lo que la presidenta hizo no afectó en nada el presupuesto, solo que ahora se usó como un pretexto. Dilma siguió la ley.
¿Qué implica la suspensión de Rousseff?
Cuando el Senado decide abrir el proceso de impeachment, según la Constitución, la presidenta no puede ejercer la función presidencial por hasta seis meses. En estos días, ella tiene derecho a su habitación oficial, es decir, a seguir viviendo en el Palacio da Alvorada. También mantiene un equipo de asesores, tiene derecho a la seguridad y a la movilidad por vía terrestre o aérea con los recursos propios del Gobierno.
Desde que comenzó el proceso, usted argumentó que no era legal. En algunos días debe presentar la defensa. ¿Qué de nuevo va a decir?
En esta primera fase, en la que hacemos la defensa, no se pueden presentar pruebas, solo se puede apreciar si había indicios preliminares de los crímenes que supuestamente se cometieron, los de responsabilidad. Ahora demostraremos que no hay ninguna ilegalidad en el comportamiento de Dilma, que los decretos que emitió no afectaron las metas fiscales; demostraremos que ninguna de las acusaciones en su contra es cierta. Esa gestión de la que se la acusa incluso no corresponde a una acción de la Presidencia sino del Ministro de Hacienda. No hay duda de que todo esto es ilógico. Ya demostramos que es una situación política, pero no tenemos la mayoría en el Parlamento y no por eso vamos a perder. Mostraremos evidencia de estos argumentos para que la sociedad civil entienda que no hay razones efectivas para un juicio.
Si la presidenta finalmente es destituida, ¿cómo tiene que responder?
En la legislación brasileña hay una independencia entre la responsabilidad política y la criminal. La señora presidenta sería apartada del cargo, pero no tendría ningún cargo penal.
¿Cómo puede ser que un Congreso investigado por corrupto tenga legitimidad para retirar a una presidenta?
Esto es curioso porque Dilma no tiene ninguna situación de corrupción. Todo el proceso de impeachment empezó con una amenaza proveniente del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, una persona sobre la que pesan muchas acusaciones. Él está hoy apartado de sus funciones, pero comenzó todo esto diciendo que si el partido de la presidenta, el Partido de los Trabajadores, y otros partidos aliados no lograban reunir los votos para evitar que él fuera investigado por el Parlamento, daría vía libre al pedido de juicio contra Dilma Rousseff. Los diputados no quisieron apoyarlo y Cunha inició el proceso de impeachment. Esto lo denunciamos, jurídicamente es un delito de desvío de poder. Ni el Senado ni la Cámara consideraron esto porque todo se volvió político.
Con ese trasfondo político, ¿hay forma de revertir lo que ha pasado?
Yo creo que sí. Las acusaciones son complejas desde el punto de vista técnico. La sociedad no comprende esto. Estamos en crisis económica y política, entonces muchos dicen: “Es necesario apartar a la presidenta del Gobierno”, incluso imaginando que es una situación de corrupción. Yo creo que cuando quede claro que la presidenta no cometió ningún delito, los parlamentarios se verán presionados a asumir una posición justa. Yo confío en que podemos cambiar los resultados en esta nueva etapa procesal.
¿Dilma Rousseff volverá a la Presidencia?
El país está perdiendo su credibilidad, su imagen nacional e internacional. Esto es una vergüenza, por tanto, creo sinceramente que vamos a revertir la situación. No es posible que una presidenta que no tiene acusaciones reales sea apartada de su cargo. Se hace ahora un golpe que no es con tanques, con armas, sino con retórica jurídica.
Si la presidenta vuelve al cargo, ¿quienes la llevaron a juicio tendrán alguna responsabilidad?
No. El vicepresidente quedará vicepresidente y Cunha deberá responder, pero por problemas personales. Él fue apartado de la Cámara por acusaciones de corrupción, entonces responderá ante la ley por sus propios actos, pero no por la situación de la señora presidenta. Nadie tendrá ninguna sanción.
Fuente ElEspectador.com – EFE