El titular de la cartera política, Daniel Palacios, destaca que en seis meses el Gobierno logró sacar 20 leyes claves, como las de Inversión Social, reforma policial y una nutrida agenda ambiental. Replica críticas de la oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana y defiende sus alcances en lucha contra criminales violentos y vandalismo. Explica qué pasó con el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, cómo le fue a la coalición gobiernista, por qué se hundieron iniciativas de regulación del Congreso y cuál será la agenda legislativa de cierre gubernamental
EL NUEVO SIGLO: Termina el primer tramo de la última legislatura parlamentaria del gobierno Duque ¿Cuál es su balance en materia legislativa?
DANIEL PALACIOS: El balance es muy positivo. Esta es una agenda que el Presidente estableció como prioritaria. Temas como la transformación de la Policía, la atención a la población más vulnerable, la protección del medio ambiente, de las comunidades, las juntas de acción comunal, los indígenas y afrocolombianos. Veinte leyes de la República sacamos en seis meses, lo que muestra un trabajo articulado, serio e importante para el país.
ENS: ¿Qué responde el Gobierno frente a las críticas de la oposición en torno a que en el proyecto de Seguridad Ciudadana, aprobado por las mayorías del Congreso, se está criminalizando la protesta social?
DP: Lo primero que hay que decir es que como Gobierno no tenemos ninguna expectativa en torno a que la oposición va a salir a celebrar alguna iniciativa del Gobierno. Pero lo que sí nos ha causado sorpresa es la desinformación que han generado alrededor de esta importante iniciativa que fue aprobada por mayorías en el Congreso.
¿Qué hay que decir de la Ley de Seguridad Ciudadana? Primero, que es una ley que atiende un clamor, una frustración de los colombianos que se han tenido que resignar a ver cómo delincuentes violentos que cometen delitos con arma de fuego, con arma blanca o arma de letalidad reducida al otro día están en la calle delinquiendo nuevamente. Colombianos que ven cómo delincuentes que han sido condenados en repetidas ocasiones siguen sin ningún tipo de agravante, sin ningún tipo de consecuencia. Colombianos que ven cómo algunos delitos que tienen un impacto gigante en la sociedad no tienen consecuencias más severas.
Esos tres principios rectores fueron los que llevaron al Gobierno a radicar este proyecto que lo trabajamos de la mano de los ministerios de Justicia y Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, y que fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal para poder generar estas condiciones que fortalezcan la seguridad ciudadana.
Este proyecto de Seguridad Ciudadana se suma al proyecto de régimen de carrera profesional de la Policía, que es la transformación de la Policía, en donde se establecen criterios en materia de derechos humanos; en donde se establecen los estándares, los procedimientos y los protocolos; y los beneficios para los uniformados. Y se suma al proyecto del Código Disciplinario, que también fue aprobado por el Congreso y pasa igualmente a sanción presidencial. Aquí se establecen nuevas conductas disciplinarias, mayores sanciones y asuntos muy importantes, como lo es que cualquier violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de un integrante de la Policía tendrá como poder preferente a la Procuraduría General.
ENS: ¿Qué cambia, entonces, en el procedimiento contra los delincuentes?
DP: Con esta Ley de Seguridad Ciudadana, una vez el Presidente la sancione, cuando un delincuente violento cometa un delito con arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, el juez le debe dar una medida de aseguramiento intramural. Esto quiere decir que el delincuente violento permanece en la cárcel esperando el juicio y no en la calle delinquiendo.
De otro lado, imagínese esto: la oposición votando en contra de que en Colombia tenga la pena más alta el homicidio de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, menores de edad y la Fuerza Pública. De pronto es porque no le gusta la parte de la Fuerza Pública, pero cómo oponerse a que el homicidio de un líder social, de un defensor de derechos humanos, de un periodista o de un menor de edad, tenga una sanción de más de 58 años de cárcel. Son cosas inexplicables.
Ahora, también hemos dicho que el daño en bien ajeno, que ya es un delito hoy, cuando se cometa sobre el sistema de transporte público -que es de todos los colombianos-, cuando se cometa contra CAI, estaciones de Policía, Palacios de Justicia o URI (Unidades de Reacción Inmediata) de la Fiscalía, debe tener un agravante y no puede ser excarcelable.
Nosotros consideramos con toda la firmeza y determinación que una persona que quema un palacio de justicia, una estación de Policía o un bus de Transmilenio o del MIO, es una persona que debe tener una condena ejemplar. Hay otros que les gusta más privilegiar la impunidad y la comodidad de los delincuentes sobre la protección a los ciudadanos.
ENS: La oposición ya anunció demandas ante la Corte Constitucional, la CIDH y la ONU ¿El Gobierno está seguro de que esta ley pasará esos filtros?
DP: Demandar las leyes es una facultad que tiene cualquier ciudadano, no solamente los congresistas. Acudiremos a los estrados judiciales en el momento en que se lleven a cabo, pero la oposición ha tenido la costumbre de que lo que no gana en democracia lo vuelve una judicialización. Aquí claramente hay una expresión por parte de las mayorías del Congreso que además, sin temor a equivocarme, representan el sentimiento de la gran mayoría de los colombianos.
Prioridad ambiental
ENS: ¿Cómo lee el Gobierno el apoyo general que se le dio al trámite de la Ley de Acción Climática, que eleva a rango legal las metas de Colombia contra el calentamiento global?
DP: Esto es muy importante y hace parte de ese compromiso que ha establecido el presidente Duque como una línea de gobierno y de Estado: la protección del medio ambiente. No solo quedó como una de las líneas estratégicas de la Política de Defensa y Seguridad Nacional, sino que a esa ley hay que sumarle otras tres muy importantes: la de transformación energética, que busca incentivar las energías limpias y renovables, lo que se ha visto reflejado en el incremento de granjas solares y de energía eólica, lo que ha sido revolucionario en el territorio nacional.
Además, debemos mencionar la Ley de Delitos Ambientales que también se logró aprobar en este periodo legislativo. Esa ley, por primera vez, fortalece las herramientas judiciales en contra de quienes atentan contra el medio ambiente. Por ejemplo, contra el acaparamiento de tierras y la deforestación, temas que hoy tienen sanciones ejemplares por cuenta de esta nueva ley.
Y, por el otro lado, la Ley de Acción Climática, que lo que busca es refrendar el compromiso presidencial (que se hizo en Glasgow y que se ha manifestado en otros escenarios) para alcanzar la carbono neutralidad y la reducción o emisiones cero (de gases de efecto invernadero) en Colombia.
Con esas tres leyes tan importantes se demuestra que el compromiso del Presidente con el medio ambiente no es de discursos sino de hechos.
Fuente y Footgrafía ElNuevoSiglo.com