Es incierto el futuro de la Procuraduría con el nuevo Gobierno por las reformas que ha planteado, como transformar sus actuales funciones para que la Fiscalía se enfoque en la lucha contra la corrupción, como lo planteó Petro en campaña y luego de posesionarse, y mientras ello ocurre quitarle la facultad de sancionar a funcionarios de elección popular. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello ha dado varios campanazos al Ejecutivo sobre algunas de sus propuestas o asuntos que se presentan en el país, para los que pide atención.
Precisamente el pasado martes el presidente Petro se reunió con la procuradora Cabello para hablar de distintos asuntos, y uno de ellos fue la transformación de este órgano de control.
Cabello le dijo al Jefe de Estado que el organismo está presto al diálogo e incluso es partidario de reformas que fortalezcan el ejercicio de control disciplinario para evitar actos de corrupción en el sector público.
La procuradora también habló con el Presidente de la preocupación que su gobierno ha manifestado con el tema de la invasión de tierras y pudo explicarle su posición sobre la propuesta de Desarrollo Rural Integral.
Cabello y Petro hablaron sobre el tema del invierno porque sin empezar la temporada húmeda de octubre ya hay graves inundaciones en varias regiones del país y se avizora un fenómeno de La Niña que podría ser tan crudo como el vivido por Colombia en 2010.
En este sentido, el pasado 17 de agosto la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a los alcaldes, gobernadores, directores de corporaciones autónomas regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a formular de manera prioritaria acciones para garantizar la gestión del riesgo de desastres frente a la ola invernal y el fenómeno de La Niña.
Cinco días antes de que la Procuraduría hiciera este llamado el presidente Petro anunció que se expediría un decreto para “que todos los alcaldes tengan un mapa de riesgo ya disponible frente a posibilidades de inundación o remoción en masa en los municipios que tienen pendientes”; así como un plan de reubicación que coordinarán con los alcaldes los ministerios de Vivienda y Agricultura, así como la Ungrd. Petro dijo que “si se inunda y la gente ya está adentro, fracasamos”.
Invasión de tierras
Después de la posesión de Petro se incrementó la invasión de fincas por parte de indígenas y campesinos. El Gobierno conminó a frenar esta práctica pues dijo que la entrega de tierras que prometió el Jefe de Estado y la reforma agraria que se propone respetan la propiedad privada.
“No aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo hace algunos días la vicepresidenta Francia Márquez.
Días después de este pronunciamiento la procuradora Cabello hizo un llamado perentorio al Gobierno nacional y a las entidades a las que les corresponde proteger la propiedad privada.
“La propiedad privada en un país democrático como el nuestro tiene que ser respetada, la propiedad privada tiene que ser protegida, y la Procuraduría General de la Nación estará atenta y vigilante para que esa propiedad privada esté protegida”, enfatizó Cabello.
Al tiempo que dijo que “somos conscientes también de que hay unos derechos adicionales de un grupo de personas que están queriendo acceder al derecho de tener tierras”.
No obstante, dijo que “hay un tema adicional que hay que tener en cuenta y en el que la Procuraduría quiere hacer mucho énfasis: el derecho de acceso a tierra es válido y vamos a protegerlo desde nuestra función constitucional y desde nuestra misionalidad, pero la mirada tiene que ser no tanto hablar de petición de tierras o de entrega de tierras sino más bien hablar de una idea de una reforma rural integral que cubra todas las necesidades de los campesinos”.
Gravar pensiones
Esta semana la Procuraduría también se refirió a la reforma tributaria, en lo que tiene que ver con gravar pensiones de $10 millones en adelante
“Los pensionados son sujetos de especial protección. Tributariamente no se puede tratar en iguales circunstancias formales a quienes no son iguales ni desde el punto de vista legal, material y mucho menos constitucional”, aseguró la procuradora general.
Cabello explicó que “al gravar las pensiones, se afecta el valor intrínseco de la mesada, el poder adquisitivo de los jubilados, su mínimo vital y el producto del ahorro o servicios prestados de toda una vida laboral”.
Agregó que “después de haber adquirido el derecho a la pensión con total sujeción a la ley, no se puede establecer un impuesto sobre las mesadas de quienes por años han cotizado y pagado impuestos sobre su relación laboral”.
Canal del Dique
El Gobierno aplazó al mes entrante la adjudicación de la APP para la recuperación del canal del Dique, entre otras razones que adujo, con el fin de socializar el proyecto.
Al tiempo que el Ministerio Público advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que es inaplazable la socialización del proyecto con las comunidades de Sucre, Atlántico y Bolívar, y enfatizó en la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación que sea permanente e incidente en todas las etapas de la ejecución de esta iniciativa que tendrá un valor superior a $3,2 billones.
Código Disciplinario Único
El presidente Petro desde su tiempo de senador se mostró en contra de la ley que reformó el Código Único Disciplinario (Ley 2094 de 2020), que sirve a la Procuraduría para suspender y destituir a funcionarios públicos.
El ahora Presidente ha señalado que el nuevo Código no responde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que ordena a Colombia adecuar su ordenamiento jurídico de tal forma que sean los jueces los que sancionen a los funcionarios de elección popular, pues a pesar de esta reforma la Procuraduría conserva esta facultad.
Según lo que se ha conocido, buscará en el proyecto de reforma política que está por presentar, retirar a la Procuraduría esta facultad.
Por su parte, la procuradora Cabello defiende el Código Disciplinario y la facultad que tiene el organismo a su cargo para sancionar funcionarios de elección popular, pues subraya que es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción en el sector público.
Cabello señaló que “el Código se encargó de mejorar los déficits que se habían encontrado en esa ley 1952. Pero, además, aprovechamos para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH), ordenación que tiene dos vías o dos conceptos: ordenó que en temas de jurisdiccionalidad las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular solo las podía hacer un juez, mediante el proceso penal. El segundo tema, que el Estado era responsable por no llevar un proceso garantista, o un proceso disciplinario con las garantías procesales de imparcialidad que se requerían dentro del caso específico del alcalde en ese momento, Gustavo Petro”.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com