Con el operativo ‘Abeona’ que llevó a cabo la la Policía Nacional, se logró la desarticulación de un grupo ilegal dedicado a la prostitución infantil en el departamento de La Guajira. Tras varios meses de investigación, las autoridades establecieron la manera de operar de los delincuentes y los vejámenes que estaban cometiendo.
Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades y ha generado repudio, es el de una menor de 13 años a la que tenían amarrada y obligaban a consumir sustancias psicoactivas para someterla.
La red criminal se hacía llamar ‘La Mona’. Estaba conformada por dos ciudadanos venezolanos y ocho colombianos. El grupo se dedicaba a explotar sexualmente a menores de edad entre los 14 y 17 años de ambas nacionalidades.
Estas personas se aprovechaban del nivel socioeconómico de sus víctimas para engañarlas ofreciendo dinero, alimentación y hospedaje en los municipios de Rioacha, Maicao, Fonseca y San Juan del Cesar.
Delincuentes capturados
Durante el operativo se logró la captura de nueve personas en las ciudades de San Juan del César, Fonseca y Riohacha en La Guajira y Palmira, Valle del Cauca. Los capturados deberán responder por los delitos de proxenetismo con menor de edad y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Por lo anterior, según la ley, podrían pagar entre 14 y 25 años de pena.
Entre los capturados están Yasmín Alicia Oñate y Yirlen Yaireth Oñate Ayala, hermanas que usaban su residencia para explotar a las víctimas; Ciro José Baquero Gómez y José Alfredo Acosta que abusan a las menores que las hermanas mencionadas reclutaban.
Liley Muñoz Vergara y Kevin David Martínez Correa, alias ‘Estrellita’, son los sujetos que mantenían en su vivienda a la menor de 13 años que era amarrada, golpeada y drogada para luego hombres la sometieran sexualmente. También fueron capturados y la niña rescatada.
Otros capturados son Feizer Javier Sancedo, alias ‘Petra’, de nacionalidad venezolana, y Ricaurte Mesa Argote, de oficio taxista. Estos hombres explotaban sexualmente a niños menores de edad de nacionalidad venezolana que vivían en extrema pobreza.
Además de las capturas, se inició un proceso de extinción de dominio de los establecimientos que eran utilizados para realizar los vejámenes.