EL NÚMERO es cada vez mayor respecto a las denuncias, amenazas y presiones contra líderes comunitarios y sociales por parte de grupos armados al margen de la ley, previo a las elecciones regionales de octubre de este año, esto ha hecho que organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) haya aumentado las alertas por violencia, al considerar estas prácticas como una nueva agresión a la democracia.
En efecto, para estos comicios regionales se ha registrado más atropellos hacia candidatos a cargos de elección popular de mano de organizaciones criminales, en comparación con el último proceso de esta naturaleza en 2019, aseguró a EL NUEVO SIGLO, Mauricio Vela, Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.
“Hemos comparado los siete primeros meses de este proceso con los primeros siete meses de 2019, cuando se realizaron las elecciones locales la última vez. Por eso, hemos concluido que en cuanto a lo que tiene que ver con violencia en contra de liderazgos hubo un incremento del 37%, mientras que sobre acciones de amedrentamientos representa un aumento del 119%”, señaló el funcionario, tomando en consideración que las organizaciones encargadas de ejercer violencia desean limpiarles el camino a sus propios candidatos, sacando de la contienda a líderes sociales y comunitarios independientes que buscan espacios en la política.
Vela, por su parte, afirmó a este diario que las regiones con mayor presencia de grupos alzados en armas intentando interferir en el proceso de elecciones son Nariño, Norte del Cauca, Magdalena Medio, Chocó, Norte de Antioquia, Sucre, Catatumbo y Arauca.
“En algunos territorios hemos recibido información donde estos grupos han tenido cierta injerencia, sobre todo contra los liderazgos comunales y sociales, lo que podría indicar que, de alguna manera, están interesados en afectar a las personas que quieren hacer un salto a la política”, manifestó el coordinador del observatorio.
En su último informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el 2023, cuyo estudio comprende desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de mayo de 2023, la MOE descubrió que para estas elecciones regionales las agresiones contra candidatos se han recrudecido. De hecho, considera que este período electoral ha sido uno de los más violentos en la historia reciente en Colombia.
“La MOE inició el seguimiento de la violencia para los comicios locales de este año, el período preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”, detalle el informe, donde también queda constancia que “siguiendo las tendencias observadas en procesos electorales anteriores, podría agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidaturas y la campaña política”.
El estudio también reveló que el blanco principal de los grupos criminales en medio de este nuevo proceso electoral son los líderes sociales, quienes han manifestado su intención de participar en los comicios regionales.
“Concentran más de la mitad de la violencia registrada en el país al ser objeto de 53,9% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde 2006, que la Misión de Observación Electoral realiza su seguimiento a la violencia contra los liderazgos”, destacó el análisis de la Misión de Observación Electoral.
Municipios en riesgo
La Registraduría también ha hecho pronunciamientos importantes en torno a los hechos de violencia que podrían empañar el proceso electoral en octubre. Al respecto, denunció que los comicios regionales son amenazados por grupos armados en más de 70 municipios colombianos.
“Si el actual mapa de riesgo electoral se mantiene y no hay apoyo logístico a la Fuerza Pública mediante los planes ‘Democracia y Ayacucho’, 1.400.000 colombianos se verían afectados y no podrían votar”, dijo el registrador Alexander Vega, recientemente.
También declaró en una oportunidad que: “Si hay constreñimiento al elector por parte de grupos armados ilegales en las regiones, vendrían eventuales nulidades y se convocarían el otro año elecciones atípicas, con lo cual se generaría un doble esfuerzo y gasto para el Estado”.
En virtud de los riesgos que supone las presiones de grupos alzados en armas, Vega envió una carta al Gobierno nacional para solicitar garantías al proceso. En la misiva, solicitaba al Ejecutivo incluir, en medio del proceso de negociaciones de paz con grupos criminales, el compromiso de estos a no interferir en los comicios.
“Es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones y de la manera más respetuosa, que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal, de conformidad con las declaraciones del señor ministro de Defensa Nacional del día 25 de junio, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia, la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley de no interferir en los comicios en curso”, solicitó.
La carta también estipulaba que “bajo este contexto, es que el requisito previo e indispensable para mantener un ambiente de seguridad y equidad electoral entre todos los actores políticos en contienda, es contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreñir o coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral”.
En relación con el incremento de la violencia en algunas regiones de cara a las elecciones regionales y ante las alertas tempranas lanzadas por el órgano electoral, la Defensoría del Pueblo también se ha hecho eco de denuncias.
“Es necesario, de manera articulada y mancomunada, lograr develar cada una de las situaciones de derechos humanos y así enfrentar como Estado cada una de esas novedades que tienen maniatadas y coartadas a las poblaciones en cada uno de los territorios”, manifestó el defensor Carlos Camargo Assis a la revista Semana hace algunos días.
Al respecto, hizo mención a un plan integral de atención y prevención, con el cual “seguiremos visibilizando las diferentes vulneraciones a los derechos de todos los ciudadanos. Adelantaremos un recorrido por todo el territorio nacional para visibilizar las diferentes problemáticas y para que toda la institucionalidad del Estado haga un frente común para proteger los derechos de todos los habitantes del territorio nacional”.
Acciones del Gobierno
El senador del partido Alianza Verde por Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, reconoció a EL NUEVO SIGLO los riesgos que implica la injerencia de grupos al margen de la ley para las elecciones regionales.
“Vemos una alta preocupación nacional, sobre todo en territorios donde ha existido presencia de grupos armados al margen de la ley y organizaciones asociadas al narcotráfico. Es que hay algunos municipios donde creemos que habrá una alta injerencia de recursos ilegales y presencia de actores armados que van a presionar para incidir en las elecciones y orientar a los electores hacia candidatos que ellos consideren son de su preferencia”, aseguró.
También dijo que hasta ahora se desconocen las acciones que tomará el Gobierno ante las denuncias constantes de amenazas hacia líderes sociales y comunitarios que aspiran un cargo de elección popular.
“En vista de las serias amenazas en torno a las elecciones y a la democracia, por ende, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Gobierno nacional? Pareciera que o no se ha dado cuenta del riesgo que existe o hay una estrategia que nadie conoce”.
Por su parte, Carlos Motoa, senador de Cambio Radical, informó a este medio, que departamentos como Valle del Cauca han sido acosados por organizaciones criminales y que ha sido escaso el acompañamiento del Ejecutivo para evitar este tipo de situaciones.
Destacó la existencia de situaciones graves que ocurren con frecuencia como amenazas a candidatos, atentados a sedes políticos y homicidios de militantes políticos. Ante el peligro reinante, destacó que es al Gobierno al que le corresponde constitucionalmente tomar acciones.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com