La Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró inexequible el Decreto Legislativo 580 de 2020, a través del cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia”.
La decisión se adoptó al constatar que el documento no cumplió a cabalidad con los requisitos de forma exigidos en el artículo 215 de la Carta Política. Esto porque, a pesar de que se expidió dentro del término de vigencia del estado de excepción y se encuentra brevemente motivado, no fue suscrito por todos los ministros del despacho.
En concreto, el error estuvo en que el decreto no contaba con las firmas del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, ni de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres.
En diálogo con La W, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se refirió al reversazo de esta iniciativa y reconoció la equivocación: “Sí estamos “achantados”, aquí hubo un error y hay que llamar las cosas por su nombre.
El decreto era una de las 12 medidas de alivios emitidas para mitigar la emergencia”.
De esta manera, el ministro advierte que la decisión les quita un instrumento de intervención en lo que resta del año 2020.
“Tumbado el decreto, no se permite que nuevos mandatarios, de aquí al 31 de diciembre, puedan acceder a esta ayuda. Esta situación no tiene efectos retroactivos”, agregó el ministro Malagón sobre las consecuencias inmediatas de esta decisión.
Así, sobre quién tuvo la responsabilidad sobre este decreto, Malagón respondió: “Somos un equipo de trabajo. Los Ministerios proyectan el contenido de los decretos, se estudian a detalle en la Secretaría de Palacio y desde allí se recogen las firmas decreto por decreto. Como equipo, cometimos un error porque nos faltaron dos firmas”.
Fuente y Fotografía La W