En el marco del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los escasos avances en la implementación de la Ley 2364 de 2024, que reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección y constructoras de paz.
De acuerdo con un informe de seguimiento realizado por la entidad, aunque se registran progresos en socialización, capacitación y acciones de memoria, persisten vacíos en la garantía de derechos sociales fundamentales como la salud, la educación y la vivienda.
“La búsqueda es un derecho a saber dónde están nuestros seres queridos, qué les pasó y por qué les niegan el derecho a la verdad y a la justicia”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la ceremonia conmemorativa realizada en la sede central de la entidad, donde fue develada una placa en honor a Yannette Bautista Montañez, pionera en la lucha por la aprobación de esta Ley.
El estudio abarcó 33 entidades nacionales y 73 territoriales, entre gobernaciones y alcaldías de capitales. Los resultados evidencian que la mayoría reporta acciones generales dirigidas a mujeres y víctimas del conflicto, sin una oferta institucional específica para las buscadoras, especialmente aquellas con pertenencia étnica.
Entre los avances más destacados figuran los procesos de socialización de la norma por parte del Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, así como las acciones de memoria y reconocimiento impulsadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y RTVC Sistema de Medios Públicos.
La Defensoría también reconoció algunos progresos en la participación de las mujeres buscadoras en espacios como la construcción del decreto reglamentario de la Ley, las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el diseño de la Política Pública Integral del Sistema Nacional de Búsqueda.
No obstante, el Registro de Mujeres Buscadoras creado por la norma aún no se encuentra operativo. Aunque algunas entidades, como la UBPD y la Agencia Nacional de Tierras, ya han empezado a incluir esta categoría en sus bases de datos, faltan mecanismos concretos para garantizar su implementación efectiva.
En materia social, la Defensoría señaló la ausencia de medidas específicas que fortalezcan la atención en salud física y mental, así como la falta de acciones que prioricen el acceso a la vivienda y la educación de las mujeres buscadoras.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
El organismo defensor formuló tres recomendaciones principales para hacer efectiva la aplicación de la Ley 2364:
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Adaptar la oferta institucional con protocolos diferenciados de atención.
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Fortalecer las rutas de protección integral y bienestar, incluyendo medidas psicosociales, acceso a vivienda y educación.
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Garantizar la participación activa y continua de las mujeres buscadoras en el diseño y evaluación de políticas públicas.
“Gracias, buscadoras, por hacer de la escucha una revolución transformada en relato y en realidad; hoy son el legado vivo de quienes seguirán buscando”, concluyó la Defensora del Pueblo.
Fuente y Fotografía Defensoría del Pueblo