SIN resultado oficial del referendo con ocho preguntas claves para el futuro del país, ya que las autoridades electorales realizan primero el conteo de los votos de las contiendas regionales, se rumoraba anoche que los ecuatorianos habrían respaldado mayoritariamente las propuestas del presidente conservador, Guillermo Lasso, entre las que destacaba el restablecimiento de la extradición de connacionales para combatir la criminalidad y la reducción de los miembros del Congreso (Asamblea Nacional)
La jornada electoral de ayer se cumplió sin ningún incidente de orden público, en un país blindado con policía y ejército para garantizar la seguridad de los ciudadanos en algunas regiones atemorizados por intimidaciones y el asesinato de un candidato.
Tras diez horas de votación, comenzó el conteo de los votos emitidos para las 5.700 autoridades locales (alcaldes, concejales municipales y prefectos o gobernadores provinciales), que asumirán en mayo para cuatro años, así como por los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ente que nomina al fiscal y al contralor.
Las autoridades electorales tienen diez días para el escrutinio y proclamar los resultados.
Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado y cuyos resultados fueron divulgados por medios tras concluir el sufragio, arrojó un 66% a favor del Sí a la extradición y a reducir el Congreso.En el mismo sentido fueron los resultados de unos sondeos a boca de urna.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que el 80,74% de unos 13,4 millones de los habilitados participó en las elecciones y el referendo convocado por el presidente Guillermo Lasso.
En plena guerra contra el narcotráfico, Lasso votó en su natal Guayaquil (suroeste), donde marcó el Sí en las ocho preguntas que propuso para la consulta, entre ellas la de permitir la entrega de connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico y la corrupción.
La jornada es considerada una prueba de fuego para Lasso, un exbanquero de derecha en el poder desde 2021, cuya impopularidad ha alcanzado un 80%, especialmente porque no ha podido controlar la violencia en las cárceles, donde las organizaciones del crimen organizado siguen delinquiendo y matando.
La jornada democrática se dio en ese contexto de creciente violencia ligada al narco. El sábado fue asesinado el candidato Omar Menéndez, de 41 años y quien se postuló para la alcaldía de Puerto López (oeste) por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017).
Hace quince días, Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas, también fue ultimado a tiros.
Al igual que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral, la misión de observadores de la OEA condenó el reciente asesinato. “En la democracia no cabe la violencia política”, declaró a la prensa el líder de la delegación internacional, el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli.
Lasso convocó en noviembre al referendo sobre diversos temas de seguridad, política y medioambiente para, según apuntó luego de sufragar, “fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad”.
La primera pregunta se refiere a la extradición de ecuatorianos, lo que está prohibido desde hace ocho décadas.
“El país está marcado por la inseguridad y esto es por las mafias criminales que se desarrollan en el país”, manifestó el abogado Jorge Cevallos, de 63 años, al acudir a votar en Quito.
El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con carteles mexicanos según autoridades.
Desigualdad y pobreza
El objetivo no declarado es la entrega a Estados Unidos de narcos, quienes correrían el riesgo de permanecer allí presos muchos años. En la vecina Colombia se aplica esta figura desde la década de 1990.
Al tiempo que ha crecido el narcotráfico en Ecuador (200 toneladas de droga incautadas en 2022), ha aumentado la violencia. Las cárceles son escenario recurrentes masacres entre presos rivales, que dejan más de 400 muertos desde 2021.
Y en un país de 18,2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.
“El gobierno ha tratado de posicionar dos cuestiones fundamentales (…) Uno es la inseguridad con la pregunta sobre extradición y segundo la reducción del número de asambleístas (ahora de 137)”, dijo el politólogo Santiago Cahuasquí, de la Universidad Internacional Sek.
El referendo también abordó iniciativas como el control a movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico, la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal, y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.
El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados.
Cahuasquí señaló que la consulta se da en un “escenario desfavorable” para Lasso. “Es un contexto político de frágil gobernabilidad, es un contexto económico marcado por la desigualdad y la pobreza, y es un contexto social marcado por la inseguridad por la presencia del crimen organizado”, dijo.
De allí que sea clave el resultado del referendo porque representará un espaldarazo o un rechazo a la lucha presidencial contra los carteles de la droga, convertidos en organizaciones criminales con tentáculos internacionales.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza y cono se recuerda, principal promotor de las pasadas marchas contra el gobierno, pidió transparencia en el conteo de votos en el referendo.
Iza ha instado a los ciudadanos a estar “vigilantes” para evitar que haya “apagones” en el conteo de votos. “Lo único que pedimos es que debe haber transparencia ya en el conteo, se debe respetar la voluntad popular”, sostuvo a Radio Pichincha.
Asimismo, sostuvo que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Conaie, está recibiendo una ventaja en cuanto a sus candidatos a nivel nacional, según los datos internos de la organización.
Horas antes, el líder de la Conaie informó a través de sus redes sociales que ha “acudido a ejercer” su voto, asegurando que había dado un “no rotundo a las ocho preguntas de la consulta popular” por “el bien de Ecuador”.
Los grupos indígenas habían acusado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso de incumplir el 90 por ciento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que concluyeron el pasado octubre tras las protestas que paralizaron el país en verano, razón por la cual los indigenistas han hecho un llamamiento para que voten ‘No’ en la consulta popular.
Desinformación
Como los indígenas, grupos políticos de oposición hicieron campaña por el No al referendo, en una campaña de desinformación e interpretaciones erróneas a temas como el de la extradición, específicamente su aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa, que se promovió por las redes sociales.
Se preguntó a los ecuatorianos, en la primera de las ocho del referendo: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?”.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios sostuvieron en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
“Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA”, “Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches”, fueron algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
“En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano”, explicó el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción “no necesariamente” tienen un vínculo con el “crimen organizado trasnacional” que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: “La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político”, indicó Quintana.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com