El caso Uribe, un año después de su detención preventiva

Tras cumplirse un año desde cuando la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva sobre el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, hoy el proceso sigue pendiente de resolución final, pese a que la Fiscalía pidió hace meses la preclusión.

Como se recuerda, la providencia fue adoptada el 4 de agosto de 2020, con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, tras lo cual la Sala encontró posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucraron al entonces senador Uribe.

Tras la orden de detención domiciliaria en su contra, que se hizo efectiva el 12 de agosto, Uribe renunció a su escaño de senador, a mediados de ese mes, con lo cual perdió el fuero legislativo y en consecuencia el caso salió de la esfera de la Corte y pasó a la Fiscalía General, a comienzos de septiembre, según lo determinó el alto Tribunal.

Después de ese cambio de jurisdicción, que generó un debate jurídico de alto vuelo, era claro que el exmandatario debía recuperar su libertad ya que cambió la norma penal marco bajo la cual era juzgado.

Fue así como después de 67 días, el 10 de octubre de 2020, la jueza de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, levantó la medida de arresto domiciliario.

La jueza dio crédito al argumento de la defensa según el cual “para la existencia de una medida de aseguramiento con privación de libertad es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no sucedió con Uribe”.

El senador del Polo, Iván Cépeda, quien funge como víctima en este proceso, apeló tal decisión. Ante esto el juez Cuarto Penal de Circuito en noviembre tomó dos decisiones: que el exsenador Uribe seguiría en libertad; y, la segunda, que, contrario a lo que se decidió en primera instancia, la indagatoria sí equivalía a una imputación de cargos y, por lo tanto, Uribe estaría bajo investigación formal.

Terminaría así el 2020 y el fiscal Gabriel Jaimes, como encargado del caso, fue avanzando en el análisis del expediente.

Petición de preclusión

Ya en abril el proceso dio un vuelco total, puesto que el fiscal pidió la preclusión del caso al considerar que no había pruebas de que Uribe hubiera cometido delito alguno en cuanto a los testigos en el caso Cepeda.

De ahí en adelante, el caso se empezó a complicar aún más. Una juez resolvió la petición de dos personas que pretendían ser incluidas como víctimas, lo que derivó en una apelación que llegó a manos de su superior jerárquico, el Tribunal Superior de Bogotá.

En medio de ese pulso, fue hasta julio, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte reconoció como víctima en el proceso a Deyanira Gómez, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, el recluso y testigo clave en el caso contra el expresidente.

La decisión de la Corte se dio al estudiar una tutela que  interpuso la defensa de Gómez contra la decisión del Tribunal Superior que le había negado ese reconocimiento el 28 de mayo.

Tras resolverse este asunto, debía seguir la audiencia en la que Jaimes debía sustentar la solicitud de preclusión. Retomada la diligencia, el Fiscal explicó que los dineros que se entregaron a algunos testigos salieron de la oficina del abogado Diego Cadena y que él deberá responder judicialmente por los hechos que está siendo investigado. Reiteró, de paso, que el exmandatario no tuvo ninguna injerencia ni tampoco le pidió que ofreciera dineros o prebendas para conseguir las “cartas de retractación” de las acusaciones de los exparamilitares.

En la más reciente diligencia al respecto, Jaimes fue más allá y compulsó copias para investigar al testigo Carlos Enrique Vélez, la abogada Mercedes Ardila, Deyanira Gómez y Monsalve, e incluso contra el mismo senador Cepeda.

La juez del caso decidió, entonces, suspender la audiencia hasta octubre. Esto mientras las víctimas reconocidas dentro del proceso anunciaron que denunciarán penalmente e interpondrán una queja disciplinaria contra Jaimes por considerar la compulsa de copias “abiertamente arbitraria”.

Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com