Uniformados de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron por primera vez ocupar 23 inmuebles en donde se falsificaban libros, que estaban avalados por 27.000 millones de pesos.
Estas diligencias se desarrollaron en 16 bienes inmuebles y siete establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal; lo anterior, mediante la aplicación de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio.
“Este importante resultado se da en atención a que estos bienes inmuebles habían sido utilizados para la producción, almacenamiento, distribución y venta de libros reproducidos sin autorización de los legítimos titulares de derechos de autor, lo que afectaban de manera directa a los escritores nacionales y a las empresas de la industria editorial colombiana”, coronel Javier Gallego, subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá.
Asimismo, perjudicaban a distribuidores, librerías y, en general, a todos los autores de la industria editorial, ocasionando graves perjuicios económicos a la cadena de valor del libro. Con un déficit que supera los 57.000 millones de pesos.
De igual forma, para evadir los controles de las autoridades, en las cámaras de comercio, estas personas suministraban direcciones de diferentes establecimientos comerciales, para que no se pudieran adelantar las extinciones de dominio.
Los inmuebles pasaron a buen recaudo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes serán los encargados de administrar y determinar qué pasará con estos predios, ya que en el momento estarán a cargo del Estado.
Manifestaciones
Sobre las 12:45 p.m., un grupo de más de 20 personas salieron a protestar en la carrera 10 con calle 10, en el sector del Gran San.
Estos bloqueos, liderados por algunos dueños de locales de venta de libros, se produjeron luego de los operativos de extinción de dominio. Los manifestantes bloquearon durante varias horas el paso de vehículos particulares y de buses de Transmilenio en ambos sentidos, en pleno centro de la ciudad.
Gracias a la intervención oportuna de la institución policial y de gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno, las personas que se encontraban obstruyendo ambos corredores se situaron en los andenes de la carrera Décima con calle Décima para permitir el flujo vial, tanta para el norte como para el sur de la ciudad.
Al respecto, se pronunció Diego Fernando Herrera, alcalde local de Santa Fe, aclarando que desde esa administración no realizaron ningún operativo.
“Ante los hechos de alteración del orden público hoy en el sector de San Victorino por la carrera Décima quiero informar a la opinión pública que no se hizo ningún operativo, que teníamos convocada a la comunidad de vendedores informales para un sorteo dando continuidad a lo que venimos trabajando hace seis meses con ellos. La administración ha venido dialogando con los vendedores informales, el consejo local de vendedores informales y con los comerciantes formales en busca de la garantía de los derechos de todos los actores de San Victorino: vendedores informales, comerciantes formales, pero también de los ciudadanos compradores, de quienes transitan por allí, de quienes necesitan ir a San Victorino y que hoy no pueden disfrutar del espacio público”, explicó.
Señaló, además, algunos inconvenientes que se presentan en el sector.
“Tenemos problemas con comidas que no cumplen con sanidad, que no cumplen con las normas de bomberos por el uso de cilindros y algunas aglomeraciones muy fuertes que están favoreciendo dinámicas diferentes a las de las ventas informales. Estamos dispuestos siempre al diálogo, pero también a ser firmes en la organización del espacio público”, indicó.
Sostuvo, igualmente, que desde la administración tienen caracterizados aproximadamente 950 vendedores informales en el sector de San Victorino, de los cuales 400 ya tienen su carnet de vendedor informal en cumplimiento de las normas que hay de garantía de los derechos de los vendedores informales, como el acuerdo 812 del Distrito y la Ley 1988 de vendedores informales.
“Esta caracterización no es para sacar a nadie, nosotros no estamos sacando a nadie del espacio público, pero sí organizando. Todos no pueden estar en la misma cuadra y por eso estamos haciendo reubicaciones por la carrera 11 y por la calle Novena”, señaló el alcalde local.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com