La Plenaria del Senador eligió por 92 votos al exembajador de Colombia en España como nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2017-2020.
La Plenaria del Senador eligió con 92 votos al exembajador de Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez como nuevo Procurador General de la Nación. El exministro del Interior y de Justicia obtuvo en los últimos días el respaldo mayoritario de las colectividades políticas por lo que su nombramiento como nuevo jefe del Ministerio Público era de esperarse.
En los últimos días Carrillo –ternado por el Conejo de Estado- recibió el aval del partido de La U, la Alianza Verde, Cambio Radical, Partido Liberal, Opción Ciudadana, parte del Polo Democrático, y a última hora, el del Centro Democrático y el Partido Conservador con lo que consolidó su aspiración. Por esto, antes de presentar sus propuestas en la tarde del pasado martes ante el Senado la elección de Carrillo Flórez era casi un hecho.
En su intervención ante los senadores, el exembajador aseguró que no se puede utilizar un cargo como el de jefe del órgano de control disciplinario para adelantar una persecución política ni poner a la entidad para satisfacer sus intereses personales o los de una colectividad política o social en especial.
“Vengo a ofrecer garantías de equilibrio e imparcialidad y desechar esas ideas que han convertido a la Procuraduría en un instrumento de persecución política”, aseguró. Para Carrillo, es necesario reconstruir la legitimidad y la dignidad de las instituciones judiciales del país.
“No soy descendiente del sectarismo político y no creo que tenga que venir a este escenario a cumplir las funciones del procurador como una especie de monopolio de un sector político”, precisó. Carrillo finalizó su intervención haciendo referencia a uno de los temas de más coyuntura en el país: el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
“El rol del procurador será el de ser guardián de los derechos de las víctimas, en particular y estar presente en todo lo que representan los instrumentos de reparación”, aseguró. Carrillo remplazará en el cargo a Alejandro Ordóñez Maldonado cuya reelección fue anulada por el Consejo de Estado.
En la votación celebrada este martes, tanto el exvicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo –ternado por la Corte Suprema- como la expresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López –ternada por la Presidencia- no obtuvieron votos.
En la sesión de este jueves la Plenaria negó 26 impedimentos presentados por un grupo de congresistas para participar en la votación. Los senadores argumentaron que tenían familiares cercanos trabajando en la Procuraduría General, relación de amistad con los candidatos o tenían investigaciones activas en el órgano de control disciplinario.
Entre los senadores que presentaron impedimentos se encuentran Álvaro Uribe Vélez, Maríal del Rosario Guerra, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Tania Vega, Jaime Amín, entre otros.
El fantasma de La Catedral
No se ha posesionado y en contra de Carrillo existen dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En las acciones judiciales se indica que el exministro se encuentra inhabilitado para ocupar el cargo puesto que fue sancionado en 1994 por la Procuraduría General por los hechos que rodearon la fuga de Pablo Escobar de La Catedral cuando fungía como ministro de Justicia en el Gobierno de César Gaviria.
El viceprocurador General, Mauricio Echeverry suspendió a Carrillo por 30 días por haber faltado a la organización, dirección y vigilancia de la cárcel La Catedral en Envigado (Antioquia), la cual fue construida exclusivamente para albergar al jefe del cartel de Medellín quien aceptó las condiciones del Gobierno para entregarse a las autoridades.
Tres años después, al resolver un recurso de apelación, el Procurador General, Jaime Bernal Cuellar dejó en firma la sanción disciplinaria. Carrillo no se detuvo y presentó una serie de acciones jurídicas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado argumentando que el órgano de control disciplinario le había vulnerado su debido proceso.
En 2002 el máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que Carrillo incurrió en una falta disciplinaria por lo que se consideró una falla en la “creación, organización y administración del centro carcelario” el cual fue un cuartel personal de Escobar para manejar el negocio de la droga y organizar acciones criminales.
“Así las cosas la conducta del ministro de Justicia es contraria a lo señalado e incurre en falta disciplinaria que amerita la sanción respectiva (…) se evidenciaron una serie de irregularidades en el manejo de la política de sometimiento de la justicia”, señaló la ponencia del magistrado Jesús María Lemus, la cual fue apoyada casualmente con Alejandro Ordóñez Maldonado.
Después de esta decisión Carrillo afinó su último recurso ante el recién posesionado procurador General, Edgardo Maya Villazón. El exministro pidió la revocatoria directa de la sanción argumentando falencias en el fallo original frente a la revisión de las pruebas presentadas. Argumentos que el jefe del órgano de control aceptó por lo que tumbó la sanción.
Para los demandantes la decisión de Maya fue totalmente irregular puesto que se ignoró un fallo del Consejo de Estado. Debido a esto consideran que la sanción sigue en firme y Carrillo está inmerso en una inhabilidad.
Fuente y fotografía: www.eleespectador.com