En el pulso que se ha librado por la implementación o no del fracking en Colombia pasaron 6 años para que el Consejo de Estado se pronunciara ayer de fondo, negando una acción de nulidad contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, reglamento que sirve de marco para el desarrollo de esta técnica.
La decisión judicial se produce justo cuando el presidente electo Petro anunció que no permitirá esta actividad por sus eventuales efectos contrarios al medio ambiente.
El fracking es una técnica utilizada en varios países para extraer gas y petróleo del subsuelo, para lo cual se valen de inyectar agua a gran presión con el fin de fracturar la roca y permitir la obtención del recurso que se busca, con un rendimiento en la producción muy superior en comparación a métodos más convencionales.
La técnica se implementó por primera vez en 1998 y luego, especialmente en Estados Unidos, se ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años.
En Colombia se empezó a hablar hace menos de una década de la posibilidad de hacer fracking, dividiendo opiniones entre el sector de los hidrocarburos, que por obvias razones lo ve con buenos ojos, y otros que desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente lo consideran una amenaza.
En los gobiernos de Santos a pesar de que se contaba con la normatividad, que, como se dijo, ayer el Consejo de Estado determinó su legalidad, se abstuvieron de autorizar el fracking.
En tanto que Iván Duque, si bien como candidato anunció que no lo permitiría, como presidente cambió de parecer y abrió la puerta a su implementación, aunque dispuso que solo se haría si los estudios demostraban que no afectaba el medio ambiente.
En cualquier caso, el presidente Duque no ha contado en su mandato con piso jurídico para implementar el fracking porque el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 fueron demandados en 2016.
No obstante, el Gobierno ha tenido la opción en estos años de autorizar proyectos pilotos de fracking, pues el Consejo de Estado le dio vía libre con el cumplimiento de siete requisitos mientras se producía un fallo de fondo sobre la normatividad demanda, que como se dijo ayer el Consejo de Estado se pronunció dejando en firme su validez.Tras tener un concepto favorable de un comité de expertos que conformó el Gobierno sobre la viabilidad de hacer unos pilotos, en febrero de 2020 expidió el Decreto 328, el cual fija los lineamientos para el desarrollo de los mismos.
Luego los opositores del fracking presentaron una tutela contra la reglamentación de los pilotos, con el argumento de que se había emitido desconociendo el principio de precaución y contrariando el derecho a la consulta previa. Sin embargo el Consejo de Estado negó los fundamentos del recurso.
Entonces a la fecha se ha habilitado la realización de dos pilotos, uno el Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé, en Puerto Wilches, Santander, para la realización del cual en diciembre de 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió un contrato con la estatal Ecopetrol.
El otro está en trámite de licenciamiento ambiental, es el proyecto PPII Platero en Puerto Wilches, para el cual a mediados del año anterior la ANH y la multinacional ExxonMobil firmaron el contrato para adelantar el Proyecto Piloto.
Nuevo gobierno
La ministra de Ambiente designada por Petro, Susana Muhamad, anunció esta semana que “definitivamente no consideramos que el costo beneficio de la técnica del fracking en Colombia sea a favor del fracking, por el contrario, creemos que es un gran riesgo y que territorios valiosísimos como el Magdalena Medio, requiere otro tipo de vocación productiva”.
Agregó que “vamos a buscar, lo antes posible, frenar el licenciamiento del fracking y buscar que en el Congreso de la República se prohíba el fracking por ley”.
En tanto que ayer, Petro en un solitario trino dijo “no habrá fracking en Colombia”. En realidad, no dice algo nuevo porque como candidato anunció que en su gobierno esta técnica no tendrá cabida.
Mientras que en las últimas horas Ecopetrol advirtió que si bien los proyectos piloto no han montado infraestructura porque están en proceso de alistamiento, ya existen obligaciones derivadas de los contratos con los que participan.
“Actualmente tenemos dos contratos suscritos y vigentes con la ANH para la ejecución de los PPII (proyectos piloto de investigación integral) y una licencia ambiental en firme para el proyecto Kalé, de los cuales se derivan obligaciones legales para la compañía que debemos cumplir”, indicó Ecopetrol.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com