Con una mayoría de 55 votos a favor, el Senado de Brasil aprobó en una histórica sesión el inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La jefa de Estado será suspendida de su cargo durante 180 días, mientras se realiza el proceso en su contra. Mientras tanto, asumirá como presidente interino su vicepresidente, Michel Temer, a quien Dilma ha acusado de estar detrás de una conspiración en su contra.
Antes de la votación, la apertura del juicio de destitución política era dada como un hecho. Los sondeos indicaban que al menos 50 de los 81 senadores habían afirmado que apoyan el proceso, una mayoría superior a la de 41 votos necesaria. En los alrededores del Senado, en Brasilia, se presentaron fuertes tensiones entre las autoridades y los opositores al proceso de “impeachment” contra Rousseff.
La sesión final del juicio político contra Rousseff se realizará también en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), organismo que negó un último recurso presentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff, para buscar anular el proceso en su contra. Esta demanda, que fue la última carta que lanzó Rousseff antes de la sesión de este miércoles en el Senado, exigía la “nulidad” de todo el proceso de “impeachment” y alegaba supuestos “vicios” desde el inicio del proceso.
El recurso fue negado por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal. Zavascki indicó que los alegatos esgrimidos por la defensa de Rousseff, que acusaba a Eduardo Cunha (uno de los principales impulsores del “impeachment”) de actuar por “venganza”, están basados en informaciones periodísticas que pueden ser muy fácilmente contestadas. “No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (de Cunha) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validez del proceso de ‘impeachment’”, aseguró el magistrado.
En la sesión final del juicio político se darán los alegatos finales de parte del senador que haya instruido el caso y de la defensa de la presidenta. En esta ocasión serán necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81) para destituir a la mandataria, cualquiera sea el número de los presentes.
Si el juicio es favorable a Rousseff, ésta reasumiría inmediatamente sus funciones. Si no lo es, Michel Temer debería completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.
La destitución de Rousseff no sólo pondría fin al mandato de la exguerrillera izquierdista de 68 años, que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil, sino que marcaría el fin de más de 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores. Este periodo comenzó en 2003 con la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido en 2006, y prosiguió con Rousseff, elegida en 2010 y reelegida en 2014.
La eventual destitución de Rousseff no solucionaría la crisis política y económica del país suramericano, sino que podría generar mayor parálisis, polarización y tensión social. Ya las formaciones de izquierda en Brasil, encabezadas por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), anunciaron que obstruirán de manera sistemática cualquier proyecto de ley que sea propuesto al Congreso por un eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer. Según el vocero del PT en la Cámara Baja, Afonso Florence, “lo que (Temer) propone para el país es una agenda neoliberal, conservadora, que retirará derechos, pero los diputados del PT estaremos al frente de la lucha para impedir cualquier retroceso”.
Fuente y Fotografía ElEspectador.com – Agencia EFE