El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila Suárez, radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 199 de 2025 Senado, iniciativa que pretende acabar con la improvisación y establecer un marco jurídico riguroso para las negociaciones del Gobierno Nacional con Grupos Armados Organizados (GAO) y los procesos de sometimiento a la justicia con Estructuras de Delincuencia Organizada (EDO).
Archila, autor de la propuesta, aseguró que la iniciativa busca poner fin a la falta de reglas claras en este tipo de procesos:
“Con este proyecto de ley se acaba la improvisación y la recocha en los procesos de paz. El Estado tendrá reglas claras, plazos definidos y control estricto”, afirmó el congresista liberal.
Principios y objetivos
El proyecto contempla como principios rectores la legalidad, transparencia, celeridad, seguridad jurídica, responsabilidad y rendición de cuentas, además de la centralidad de las víctimas. Ningún proceso podrá significar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, establece que todo proceso de diálogo o sometimiento deberá iniciar con objetivos específicos y una hoja de ruta pública, contemplando metas como la desmovilización, desarme, desarticulación de estructuras criminales, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición.
Alcances y limitaciones
Entre las disposiciones más relevantes, el proyecto fija un plazo máximo de 24 meses para los procesos de negociación, prorrogables solo una vez por 12 meses con autorización del Congreso. Además, prevé la participación obligatoria de entidades como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía en la verificación de legalidad y el respeto a los derechos humanos.
El Gobierno deberá presentar informes semestrales al Congreso y a la opinión pública sobre los avances, obstáculos y recursos invertidos. En caso de fracaso o incumplimiento, la iniciativa ordena activar estrategias inmediatas de desarticulación y neutralización de los grupos armados mediante operaciones coordinadas.
El texto también prohíbe la reapertura inmediata de procesos con el mismo grupo armado en un plazo de cinco años, salvo que existan hechos nuevos de gran trascendencia y con autorización expresa del Congreso.
Protección de las víctimas y control de recursos
El proyecto garantiza la participación efectiva de las víctimas en todas las etapas, asegurando sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. También exige que antes de iniciar cualquier proceso se publiquen los recursos asignados, sujetos al control de la Contraloría General de la República.
En cuanto a responsabilidades, la norma contempla sanciones severas para los funcionarios que incumplan sus disposiciones, incluyendo la pérdida del cargo e inhabilidad hasta por veinte años.
Archila recalcó que el objetivo es evitar que las negociaciones se conviertan en un camino para legitimar el crimen:
“Un proceso de paz no puede ser un negocio para legalizar la impunidad. Debe servir para desarticular de manera definitiva las estructuras criminales y darle confianza al país”.
Con esta propuesta, el representante casanareño busca abrir un debate sobre la necesidad de un marco normativo sólido, transparente y confiable para garantizar que los procesos de paz en Colombia se desarrollen dentro de los más altos estándares de legalidad y justicia.
Fuente y Fotografía Of Prensa Rep Hugo Archila