Los peruanos votaron este domingo para elegir presidente, en unos comicios en los que sólo había una gran favorita: Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad. A pesar de su favoritismo, a la candidata del partido Fuerza Popular no le alcanzaron los votos para lograr la victoria definitiva en primera vuelta. Tendrá que esperar a la segunda ronda electoral, el próximo 5 de junio.
Keiko, quien ya perdió una carrera presidencial contra Ollanta Humala en 2011, ha intentado desmarcarse del legado de su padre, prometiendo un “fujimorismo moderado”, con una aparente renovación en cuanto a su visión de la democracia y los derechos humanos. Ha buscado limpiar su imagen de derecha dura y aparecer más bien como una centro-derecha conectada con los sectores populares. Al mismo tiempo ha intentado despejar cualquier temor sobre el regreso del autoritarismo al país, un temor fundado en el autogolpe que su padre dio el 5 de abril de 1992, con el que cerró el Congreso y tomó control de las instituciones del Estado, reeligiéndose dos veces.
Keiko es favorita, pero no la tiene tan fácil. Así como el fujimorismo ha conservado un electorado fiel, también se han mantenido en pie los sectores que se oponen de manera radical al retorno de los Fujimori al poder. Ayer la pelea fue entre los candidatos que podrían poner alguna resistencia a Keiko. Entre ellos los principales aspirantes eran Pedro Pablo Kuczynski, con 77 años y representante del partido Peruanos por el Kambio, de centro derecha, y por la izquierda estaba Verónika Mendoza, una candidata revelación de 35 años, del partido Frente Amplio, quien logró un inesperado apoyo de los sectores populares y rurales del país.
Los resultados oficiales conocidos hasta el cierre de esta edición indicaban que, con el 20,06 % de actas procesadas, sería Kuczynski el encargado de frenar el fujimorismo en la segunda vuelta de los comicios. El ganador de esa segunda vuelta jurará su cargo el próximo 28 de julio, día en que el presidente, Ollanta Humala, concluye su mandato (2011-2016).
Kuczynski tendría probabilidades de ganarle a Fujimori en una segunda vuelta. Él es el favorito de la clase media alta urbana de la capital, el mayor centro electoral del país, con casi 10 millones de habitantes. Sin embargo, su pasado político le juega a favor y en contra: por haber sido dos veces ministro y ser un destacado economista, tiene el favoritismo de una buena parte del sector empresarial y durante años se ha asegurado los votos de un sector de la población que está en contra del fujimorismo. Pero este candidato también tiene una dura oposición de los sectores más populares, que lo identifican con las élites económicas y políticas que tradicionalmente han dominado el país. Esos sectores populares son más proclives a votar por el fujimorismo. Además, Kuczynski enfrenta el descontento general con los partidos políticos tradicionales, descontento que permitió el surgimiento de Verónika Mendoza como una figura antipolítica, alejada de los caudillos populistas.
En total, cerca de 23 millones de peruanos —de ellos casi 7 millones de jóvenes— fueron convocados a las urnas para elegir presidente y renovar los 130 escaños del Congreso unicameral. La corrupción, ligada por lo general a los partidos tradicionales, jugó un papel definitivo en la votación, según las encuestas. La candidata Mendoza supo capitalizar este problema, que ha impregnado las élites del país desde la década en la que gobernó Alberto Fujimori (1990-2000). Mendoza aparecía como una cara renovada, cercana al electorado joven, que pide grandes cambios en el sistema político y un nuevo parlamento que contribuya a “limpiar el país”. Aunque no le alcanzaron los votos, el inesperado éxito de Mendoza es un mensaje sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para disminuir la corrupción en las altas esferas del Estado.
La inseguridad fue otro factor definitivo. Aunque la época de mayor violencia, impulsada por la lucha entre el Gobierno y las guerrillas comunistas, llegó a su final precisamente con la mano dura de Alberto Fujimori, de vez en cuando se manifiesta la sombra de esos tiempos. Sucedió con fuerza el sábado en la víspera de las elecciones, cuando siete personas murieron en un ataque de un remanente de Sendero Luminoso, la principal guerrilla maoísta que sembró el terror en Perú entre 1980 y 2000.
Los siete fallecidos, entre ellos seis militares, eran integrantes de una patrulla militar que se dirigía al pueblo de Matichaca para proteger las urnas que serían utilizadas el domingo. Matichaca está ubicada en la región del temido Vraem (acrónimo de valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro), en una franja de selva entre montañas conocida por ser la mayor cuenca cocalera del mundo y refugio de la guerrilla.
Este ataque fue un amargo recordatorio de que la guerrilla que aterrorizó al Perú durante un conflicto armado en el que murieron casi 70.000 personas no ha dejado de existir. Si bien hoy Sendero Luminoso no tiene la capacidad militar de antes, ni una estrategia clara para luchar por la imposición de un Estado comunista, ni es reconocida oficialmente como grupo guerrillero, ha demostrado tener presencia y dominar negocios ilícitos en las zonas selváticas del país, donde, según las autoridades peruanas, mantiene alianzas con diferentes carteles dedicados al narcotráfico. En esas zonas selváticas son cada vez más constantes los enfrentamientos entre esta guerrilla y las fuerzas armadas.
El presidente saliente, Ollanta Humala, condenó el atentado en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno y dijo que “los terroristas no tienen cabida en nuestra sociedad”. Señaló, además, que “si bien Sendero ya no es un peligro para la sociedad, esto es un llamado de atención de que todavía hay que hacer más”.
El atentado fue entendido por muchos peruanos como una señal de lo que podría suceder con una victoria de Keiko Fujimori, cuyo padre impulsó una cruenta guerra contra los grupos guerrilleros. Lo cierto es que, cualquiera que sea el elegido como presidente para el período 2016-2021, tendrá que hacer frente a aquellos remanentes de grupos armados que en los últimos años se vienen fortaleciendo gracias al narcotráfico y la extorsión. Dicha estrategia requerirá un cambio sustancial en la “guerra contra las drogas”, en un país que es considerado por las Naciones Unidas uno de los principales productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.
En 2015, el gobierno peruano reforzó la lucha antidrogas y construyó 12 bases militares en la zona del Vraem. A pesar de esta iniciativa, con la cual ha logrado desarticular algunos grupos armados e incautar varias toneladas de cocaína, no se ha reducido sustancialmente el número de hectáreas de cultivos ilícitos. El próximo presidente del país tendrá que ponerse en sintonía con el debate global sobre la búsqueda de alternativas en política de drogas y llevar mayores oportunidades socioeconómicas para las poblaciones que siguen siendo dependientes económicamente del cultivo de coca.
Fuente y Fotografía ElEspectador.com- Agencia EFE