La disputa por el proyecto La Manareña, defendido públicamente por John Jairo Torres, entra en una nueva etapa. El juzgado que conoció la acción de tutela presentada por INDECO S.A.S. declaró su improcedencia en primera instancia y no encontró razones para suspender la actuación administrativa de la Alcaldía de Yopal.
La tutela buscaba dejar sin efecto la sanción urbanística y las decisiones administrativas relacionadas con las obras ejecutadas en el predio. Sin embargo, el juez precisó que este mecanismo constitucional no era la vía adecuada para resolver el conflicto y que tampoco fue demostrado un perjuicio irremediable que justificara detener la diligencia programada para este 17 de septiembre.
La controversia se originó en una sanción de $350 millones, acompañada de una orden de demolición de obras ejecutadas sin los permisos requeridos y restricciones para nuevas intervenciones. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el alcalde de Yopal mediante la Resolución 333 del 11 de agosto de 2026.
INDECO sostuvo en la tutela que se vulneró su debido proceso y cuestionó las decisiones adoptadas por la administración. También argumentó que en La Manareña no existe una parcelación o urbanización, sino actividades productivas rurales, y presentó el proyecto como una iniciativa asociativa con miles de personas vinculadas.
Uno de los aspectos analizados por el juez fueron precisamente las cifras sobre los supuestos beneficiarios. En la tutela aparecen referencias a más de 7.000 socios gestores y posteriormente a cerca de 4.000 personas o familias, mientras que en declaraciones públicas John Jairo Torres ha hablado de 10.000 familias.
El juzgado no determinó cuál de esas cifras es correcta. Lo que señaló es que la sola mención de miles de personas no demostraba un perjuicio irremediable, pues no fueron identificadas concretamente las personas sobre las cuales recaería ese supuesto daño.
La Alcaldía, durante el trámite de la tutela, sostuvo que los informes técnicos evidencian intervenciones diferentes a las actividades agrícolas, entre ellas delimitación de lotes, apertura de vías internas, movimientos de tierra, descapote, tala, quema y cerramientos. También argumentó que los contratos suscritos con terceros no convierten automáticamente a esas personas en copropietarias del terreno.
Estos últimos son argumentos expuestos por la administración dentro del proceso. El juez de tutela no determinó que la Alcaldía tenga razón sobre el fondo de la controversia urbanística.
La decisión se concentró en establecer que INDECO cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir los actos administrativos: la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde además puede solicitar medidas cautelares.
La sentencia puede ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación.
Mientras tanto, y salvo una nueva decisión judicial que modifique la situación, la orden administrativa continúa vigente y la diligencia está programada para este jueves 17 de septiembre.
Según la información conocida, actualmente en el terreno habría dos viviendas y una extensa delimitación mediante estacas y alambre de púas. De acuerdo con la Alcaldía, la orden recae sobre las nuevas obras e intervenciones realizadas sin autorización y no sobre construcciones preexistentes.
El caso deja además una pregunta pendiente para quienes entregaron dinero o se vincularon al proyecto como supuestos socios: ¿qué garantías tienen frente a sus inversiones mientras la situación jurídica y urbanística de La Manareña continúa en disputa?
Por ahora, el dato concreto es uno: la tutela no suspendió la actuación administrativa y la diligencia prevista para el 17 de septiembre continúa programada.