EL SECRETARIO general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre una reunión específica sobre la situación en la Amazonía, donde “la situación es evidentemente muy grave”.
Brasil prohibió las quemas en campos y forestas para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonía, una medida recibida con escepticismo ante la magnitud de un fenómeno que provocó una crisis diplomática y que muchos atribuyen al desmonte de políticas ambientales del presidente Jair Bolsonaro.
El decreto, con vigencia de dos meses a partir de ayer, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.
El asunto provoca preocupación internacional y crispa al gobierno, temeroso por su soberanía sobre un territorio de 5,5 millones de km2. La polémica se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, evocara acordar un “estatuto internacional” para la región, esencial para el equilibrio de los regímenes de lluvia y la retención de carbono.
El gobierno brasileño, que ha desplegado más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró el miércoles por la noche que los focos de incendio estaban disminuyendo, sin dar números.
Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostraron que desde el martes al miércoles por la noche hubo en Brasil 1.628 focos nuevos, totalizando 84.957 desde enero, más de la mitad de ellos (51,8%) en la selva amazónica. Esto representa un aumento de 75% respecto al mismo periodo del año pasado y el mayor número de incendios desde 2010.
El país vive su temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias, alentadas por la política de Bolsonaro.
“Es muy difícil creer que [el decreto] tenga algún impacto inmediato en el terreno. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar”, dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una entidad científica no gubernamental volcada en proyectos sociales y ambientales.
Además, “la vigilancia no podrá ser movilizada, después del desmonte del aparato ambiental”, agregó, en referencia a medidas del gobierno que debilitaron a las instituciones a cargo de esa tarea.
“La certeza de impunidad es la gran chispa que da inicio a los incendios”, afirmó por su parte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
En Porto Velho, la capital de Rondonia, uno de los estados más afectados por los incendios, las humaredas disminuyeron en los últimos días, gracias a algunas lluvias, señalaron reporteros de la AFP.
Pero existen dudas sobre la posibilidad de poner fin por decreto a un fenómeno vinculado al “grilagem”, como se denomina la práctica de apropiación ilegal de tierras públicas.
WWF señaló por su lado que “la mayor parte de la deforestación ocurre en tierras públicas, áreas protegidas, reservas indígenas. Al cruzar esos datos con las áreas de focos de calor detectadas en los satélites, la superposición confirma que las quemas son utilizadas como parte de ese proceso de limpiar la tierra. Son quemas ilegales”.
Fuente y fotografía El Nuevo Siglo.