La directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, manifestó que la objeción del proyecto de ley de las madres comunitarias no va en contravía de sus derechos laborales ni atenta contra ellos.
La Directora insistió en que las madres comunitarias, no van a quedar desprotegidas y recordó que ellas fueron formalizadas por el actual Gobierno, de tal manera que hoy tienen todos los derechos laborales garantizados. Cuentan con un contrato de trabajo, con las prestaciones de ley como son salud, pensión, vacaciones, primas y cesantías.
“El proyecto de ley busca que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF, es decir, que se conviertan en servidoras públicas por lo que se generan 64.000 nuevos puestos en la planta de personal, lo que le costaría al Instituto más de 800.000 millones de pesos. Con estos recursos atenderíamos a más de 400.000 niños”, reiteró la funcionaria.
Plazas, recordó igualmente que las madres comunitarias cuentan con otros beneficios que no se verán afectados con la objeción del proyecto, entre ellos el acceso preferencial para el subsidio de vivienda en la modalidad de compra de inmueble nuevo o mejoras y préstamos en el Fondo Nacional del Ahorro con una antigüedad de tan solo seis meses, mientras que para el resto de colombianos es de mínimo un año. Así mismo, sus inmuebles son categorizados en servicios públicos como estrato uno.
Fuente y Fotografía Presidencia de la República