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La indagación fue iniciada a partir de información conocida públicamente, en la que se registró que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, “habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física”, el cual estaría asociado al contrato celebrado en agosto de 2024.
El órgano de control busca confirmar o descartar la presunta irregularidad cometida, así como identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria.
La Procuraduría realizará una inspección a las instalaciones de Ecopetrol con el propósito de recaudar información y documentación relacionada con el asunto, así como pidió apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad para establecer, entre otros aspectos, si el contrato de consultoría “fue utilizado como medio o estrategia para interceptar comunicaciones privadas a funcionarios de la entidad”.
Fuente y Fotografía Procuraduría General de la Nación