A un poco más de dos semanas para que arranque la última legislatura parlamentaria de este cuatrienio presidencial cada día es más claro que la ola de paros, marchas, vandalismo, bloqueos y desorden público de los últimos dos meses en el país tendrá un coletazo en materia legislativa.
De hecho, el Gobierno ya anunció que llevará al Parlamento tres iniciativas que tienen conexidad con circunstancias directa o indirectamente relacionadas con las jornadas de paro y el accidentado escenario en el que se desenvolvieron.
De un lado, el próximo 20 de julio el Ministerio de Hacienda debe radicar la nueva versión de la reforma fiscal y social que se requiere para reducir el abultado déficit público y seguir sufragando el paquete de ayudas y programas sociales activados para asistir a millones de familias fuertemente golpeadas por la pandemia.
Como se recuerda, el primer e inconsulto proyecto de reforma tributaria presentado por el entonces ministro Alberto Carrasquilla no solo pretendía recaudar más de 25 billones de pesos sino que planteaba aumentar el IVA y otros tipos impositivos que impactaban de forma sustancial a las clases media y baja.
La iniciativa no solo le dio viento de cola a la convocatoria de paro nacional permanente sino que muchos sectores políticos, económicos, gremiales, sociales e institucionales se opusieron a la misma, obligando a la Casa de Nariño a retirar el proyecto del Parlamento y relevar al zar de las finanzas.
Tras la llegada a la cartera de José Manuel Restrepo se comenzó un nuevo proceso para confeccionar el proyecto. De entrada la meta de recaudo se bajó a no más de 14 billones de pesos, acompañado de un nuevo apretón al gasto público y la venta de activos oficiales. De igual manera se descartó tocar el IVA y otros impuestos que impacten a las clases más desfavorecidas, al tiempo que inició un amplio proceso de concertación con sectores de todo el país.
De igual manera, algunos de los programas de asistencia social que contemplaba la iniciativa inicial ya se pusieron en práctica, como la matrícula cero en universidades públicas para alumnos de estratos 1, 2 y 3 así como el incentivo a empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 28 años, entre otros. También se amplió la vigencia de algunos subsidios creados al amparo de la emergencia sanitaria.
En vista de que faltan dieciocho días para el inicio de la legislatura, es claro que urge aterrizar un borrador del proyecto para que la discusión se haga sobre elementos más concretos, sobre todo con los partidos y las bancadas. Una socialización más necesaria si se tiene en cuenta que el llamado “Comité Nacional del Paro” ya convocó marchas para el 20 de julio y buscará que el apretón tributario le sirva otra vez de ‘motor’ para otra ola de movilizaciones.
Reforma de un lado y otro
Pero el tributario no será el único proyecto que llegará al Congreso con relación directa o indirecta con el paro.
De hecho, si bien el Gobierno y amplios sectores del país respaldaron el uso de la fuerza legítima del Estado para contrarrestar el vandalismo, los bloqueos viales y las acciones de desorden público e incluso de terrorismo que se presentaron durante el paro, es claro que sí hubo acciones individuales y aisladas en donde algunos uniformados incurrieron en actuaciones ilegales y violatorias de los derechos humanos, comportamientos condenados por el Ejecutivo y que ya están siendo investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría, al tiempo que fueron denunciados a nivel internacional.
En el objetivo de asegurar el correcto comportamiento de la Fuerza Pública, el presidente Duque anunció semanas atrás un proceso de transformación integral de la Policía Nacional, que hará énfasis en la aplicación estricta de todos los principios y protocolos de derechos humanos, la certificación de los procesos operativos, un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad, para lograr una mayor sintonía con los ciudadanos, en particular con los jóvenes.
Duque indicó que parte de la estrategia de transformación integral estará contenida en un proyecto de ley que será presentado al Congreso el 20 de julio, modificando preferencialmente el Estatuto Disciplinario Policial, que tiene ya 15 años de existencia.
Pero así como, de un lado, se buscará aumentar el control al accionar de la Policía, de otro esta semana el Jefe de Estado anunció que se pedirá al Congreso que a partir de esta nueva legislatura debata una ley con mecanismos eficaces contra los vándalos y quienes protagonizan disturbios.
“… Tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”.
Tras indicar que la Constitución y las leyes consagran el derecho a la protesta pacífica y que el Estado es garante del ejercicio de la misma, el mandatario sostuvo que esta debe estar exenta de violencia, vandalismo, disturbios y bloqueos que afecten los derechos colectivos.
“… Es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía… A esos actos se les enfrenta con toda la capacidad institucional, con todo el imperio de la ley y con todo el apego a los derechos humanos”, sostuvo.
Por el momento no se sabe qué norma se reformará para cumplir este objetivo aunque, como lo indicó un artículo publicado ayer por este Diario, lo más seguro es que se modifiquen el Código Penal o el Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
La otra orilla
Sin embargo, el Gobierno no será el único en llevar al Parlamento proyectos en relación con el agitado clima de tensión social de los últimos dos meses.
El “Comité Nacional del Paro”, tras la ruptura de negociaciones con el Ejecutivo, indicó que convertirá su extenso pliego de peticiones en proyectos de ley y reforma constitucional que espera el Congreso apruebe, so pena de prender de nuevo las movilizaciones a nivel nacional.
No será nada fácil este proceso legislativo. De un lado, la cúpula sindical deberá buscar que algún partido le avale y radique los proyectos. Las otras opciones son más complicadas: acudir a la iniciativa legislativa o normativa popular o la posibilidad de un plebiscito o referendo.
Lo cierto es que el pliego de peticiones del “Comité de Paro” es muy extenso, conteniendo propuestas de un costo calculado en 80 billones de pesos, empezando por una renta básica mensual de un millón de pesos. También plantea prohibir el fracking y las fumigaciones aéreas con glifosato, salvaguardas ante las importaciones agrícolas, matrícula cero en universidades públicas, subsidios a pequeñas y medianas empresas, oposición a la alternancia en el sistema educativo, no más privatizaciones de entidades públicas…
A ello habría que sumarle los proyectos de ley y acto legislativo anunciados por distintos partidos sobre temáticas y circunstancias registradas en medio del paro. Por ejemplo, ya se proponen curules directas para jóvenes o reformas al Escuadrón Antimotines, entre otras.
Así las cosas, la próxima legislatura ya se asoma muy movida desde el mismo primer día. Habrá que ver cuántas de las iniciativas anunciadas finalmente se radican y cómo será su, seguramente, accidentado y discutido trámite.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com