Ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió mayor protección para los excombatientes de las Farc que suscribieron el proceso de paz con el gobierno anterior y para los líderes sociales, luego de presentar su informe trimestral.
En el evento, Karen Pierce, representante Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas, dijo que “las nuevas autoridades tienen un papel clave para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente en la implementación de los planes de desarrollo”.
Así mismo, indicó que a su país le preocupa “la persistencia de la violencia y las amenazas frente a quienes defienden los derechos humanos, pese a que el Gobierno ha dicho que se están redoblando los esfuerzos”.
“Alentamos a que se den medidas de protección en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y respaldo a los excombatientes de las Farc. Alentamos al Gobierno a que trabaje junto a los interesados para resolver las cuestiones pendientes en los espacios, sobre todo el tema de la adquisición de las tierras”, señaló la Embajadora.
nseguida, la embajadora Kelly Craft, representante Permanente de Estados Unidos ante el organismo, indicó que luego de tres años de la firma del acuerdo de paz se debe felicitar al país en materia de implementación. “Si bien son muchos los retos, los colombianos están demostrando que están obrando en pro de la paz”, dijo.
Y agregó que vio de primera mano las dificultades con la implementación del Acuerdo de Paz. “Estados Unidos está muy preocupado por las denuncias de violencia contra los defensores derechos humanos. Apoyamos lo esfuerzos del Gobierno para la protección de esos líderes”, afirmó.
Craft aplaudió el compromiso de Colombia en cuanto a la Justicia transicional, la JEP, la Comisión de la Verdad y Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. “Si bien su labor está aún en desarrollo, consideramos esos mecanismos de transición como algo importante para la paz y la justicia”, insistió.
A su turno, el embajador José Singer, de República Dominicana, insistió en que “para sobrepasar los retos que tienen por delante, las partes deben abordar y solucionar sus diferencias, ante instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el CNR”.
Además sostuvo que su gobierno lamenta los crímenes contra dirigentes sociales. “Nos preocupa el hecho de que los dirigentes indígenas, las mujeres, en particular las que trabajan en temas de tierras, enfrentan amenazas a su seguridad”, dijo, y denunció que los grupos armados ilegales “siguen perpetrando violaciones a los niños y también a los niños venezolanos”
En otra intervención, el embajador Christoph Heusgen, representante de Alemania ante la ONU, sostuvo que es alentador el ejemplo colombiano. “La comunidad internacional seguirá brindándoles ayuda. Alemania apoya llamado del Secretario General a que se utilicen cada vez los mecanismos tripartitos entre el Gobierno, Farc y ONU para generar diálogo y confianza”, señaló.
Colombia agradece
Port su parte, la canciller Claudia Blum reconoció la importancia de la Misión de Verificación en el seguimiento independiente sobre los logros y retos de la implementación de la política Paz con Legalidad.
Reconoció positivamente la inclusión en el informe de los avances del país en la reincorporación política, social y económica de los excombatientes y los complementó con los datos más recientes en proyectos productivos aprobados, acceso al trabajo y a salud y educación.
En el tema de la seguridad, la ministra de Exteriores hizo referencia a las economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, que en muchos casos son fuente de violencia y amenazas contra líderes sociales y excombatientes.
En la sesión, Blum informó sobre varias medidas adoptadas por el Estado para fortalecer las alertas tempranas, la prevención y la protección de estas personas y comunidades vulnerables. También reafirmó la decisión del presidente Iván Duque de apoyar a la Fiscalía y las autoridades judiciales para que se investigue y se evite impunidad en estos actos criminales, así como la decisión de enfrentar las estructuras delictivas que están detrás de los ataques y amenazas.
Fuente El Nuevo Siglo