La solicitud fue hecha por el ministro del Interior, Armando Benedetti al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, a quien le aseguró que, debido a muchas solicitudes de jóvenes, es necesario que se amplíe el plazo de inscripción de candidatos, que vence el sábado 19 de julio, hasta el 1 de agosto para las elecciones de los consejos que se realizarán en octubre de este año.
En la carta enviada por Benedetti aseguró que su solicitud cuenta con un respaldo jurídico, especialmente lo establecido en “el artículo 45 de la Constitución Política y en las disposiciones del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018), que mandatan al Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de participación de las y los jóvenes”.
El funcionario del alto gobierno explicó que estas normas determinan las garantías para ampliar el “acceso a los derechos, no que lo restrinjan”.
“En distintos territorios se han evidenciado barreras logísticas, tecnológicas y pedagógicas que han dificultado el proceso de inscripción, especialmente en regiones con limitada conectividad, afectaciones por el orden público o baja presencia institucional. A ello se suma que, pese a los esfuerzos institucionales, los tiempos actuales han resultado insuficientes para el despliegue efectivo de pedagogía electoral, recolección de apoyos y acompañamiento técnico a las juventudes interesadas en postularse”, aseguró.
El ministro llamó la atención sobre que “es necesario reconocer que aún no se ha logrado superar el porcentaje de participación alcanzado en las elecciones juveniles del año 2021”, por lo que insistió en que “uno de los objetivos centrales del actual proceso debe ser precisamente garantizar condiciones materiales, pedagógicas y territoriales más dignas, que estimulen una participación más amplia, especialmente de quienes históricamente han estado por fuera del ejercicio electoral”.
“Esta ampliación contribuiría a consolidar la confianza de las juventudes en el sistema democrático, fortaleciendo su legitimidad”, anotó.
Recordó que “la Registraduría, como autoridad electoral administrativa, cuenta con la competencia para ajustar el calendario electoral mediante resolución motivada, sin perjuicio del cronograma general, en virtud de su autonomía funcional y de conformidad con los principios constitucionales de participación, equidad e igualdad material”.
Fuente y Fotografía Ministerio del Interior