En lo corrido del 2024 han sido reportados 41 homicidios, y 59 personas, que permanecen desaparecidas o secuestradas, tendrían como responsables a estructuras armadas al margen de la ley. Sin embargo, el subregistro podría ser mayor, ya que las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias.
Además, en la región persisten las amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, como también el control del territorio, en zonas rurales, con restricciones a la movilidad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
La entidad conoció panfletos que señalarían a periodistas, comunicadores, medios de comunicación y partidos políticos de impulsar acciones de uno de los grupos armados ilegales que están en confrontación.
“La libertad de prensa debe ser respetada. Ante el riesgo que puede presentarse para ejercer esa labor en Arauca, pedimos a las autoridades adelantar acciones que permitan garantizar el ejercicio de informar, y les solicitamos protección para personas lideresas y defensoras de derechos humanos”, es el llamado del Defensor del Pueblo.
Los actores armados, incluidos los del ELN y de las disidencias de las Farc, deben cesar sus prácticas de guerra, acentuó Camargo Assis: “No pueden atacar a las comunidades, mucho menos a niñas, niños y adolescentes. Deben dar muestras de hechos reales que conduzcan a la paz tanto en Arauca como en cualquier otro departamento donde delinquen. Honren los principios del derecho internacional humanitario y no transgredan el respeto por los derechos humanos”.
Fuente y fotografía Defensoría del Pueblo