A tan sólo cuatro días de llevarse a cabo la consulta popular en Granada, Meta, la Registraduría Municipal solicitó al alcalde local suspender mediante decreto su realización, hasta que se defina a quién le corresponde la financiación de la misma, debido a un comunicado emitido por la Registraduría Delegada en lo Electoral donde se informa que obtuvo respuesta negativa del Director Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda a la solicitud de recursos para adelantar el ejercicio electoral, argumentando que “en razón a la territorialidad de los mecanismos de participación ciudadana, éstos deben ser financiados por los municipios y la gobernación respectiva”.
En consecuencia, el alcalde de Granada, Meta, Juan Carlos Mendoza, se pronunció evidenciando que “hay trabas” para la realización de la consulta pero aun así desde su despacho no expedirá decreto para impedir que el ejercicio electoral se postergue, teniendo en cuenta que en otros municipios donde se han realizado consultas, no tuvieron que asumir esos costos y por ello reclama igualdad de condiciones.
Para Alexis Montoya, concejal de Granada y uno de los promotores de la consulta, se trata de una jugada perversa ya que desde el momento en que el alcalde emite el decreto y se pone de acuerdo con la Registraduría en la fecha de realización del ejercicio electoral y bajo ese supuesto, ya deben estar asignados los recursos por la nación para ese fin. Además reclama el por qué no advirtieron el contenido de la Ley 1557 desde el inicio, hace 45 días y no faltando 5 días, lo que denota la mala intención.
Rodrigo Negrete, abogado y consultor legal ambiental advierte que de ser así, los registradores nacionales habrían estado en curso en reiteradas violaciones de la ley por cuanto desde ese órgano electoral se han financiado las consultas populares realizadas, como las mineras, las del día sin carro, los rellenos sanitarios, todas del ámbito municipal. “El artículo 33 de la ley 1757 de 2015 que citan como fundamento para que la nación no financie la consulta popular de Granada no tiene relación alguna con el financiamiento de este mecanismo democrático. Están tratando de bloquear la consulta” revela el jurista.
Para Negrete, jurídicamente las consultas son competencia del órgano electoral, es decir, de la Registraduría. “La financiación no es un asunto del resorte de los municipios, asumir lo contrario llevaría a que la Registraduría no cumpla con su función y estarían incurriendo en posibles infracciones penales y disciplinarias.”
En ese orden de ideas, la comunidad granadina expresa que se encuentra preparada para salir a las urnas el próximo domingo a elegir si están de acuerdo o no con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en su municipio; pese a que ya había ocurrido un intento de sabotaje cuando de las 110 mesas que normalmente se habilitan para votar, tan solo les dejaron 58 y a que en la Carta Magna está plasmado que los mecanismos de participación ciudadana deben ser financiados con recursos de la Nación, sin importar si se trata o no de un tema regional o local.
Fuente y Fotografía Felipe Giraldo