SE CONOCIÓ este martes que el Consejo Electoral alista una circular advirtiendo a los jurados de mesa en las elecciones regionales de este domingo y a las comisiones escrutadoras, no contabilizar votos de personas a las que revocó por razones legales la inscripción de la candidatura, pero que, no obstante, alcanzaron a quedar en el tarjetón. Sin embargo, está por ver qué sucederá en el caso de algunos aspirantes que por tutelas los jueces ordenaron habilitarlos.
La revista Semana tuvo acceso a dicho borrador de la circular en la cual se señala que “el Consejo Nacional Electoral reitera a los jurados de votación, comisiones escrutadoras auxiliares, locales, municipales y departamentales”, que “la revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio”.
La circular por el momento es un borrador porque no cuenta todavía con la firma de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo que podría ocurrir este miércoles. Empero, la duda es si la versión final hará mención a algunas inscripciones de candidatura que el organismo revocó por determinar que el aspirante está inhabilitado para ocupar el cargo, pero que, posteriormente, en algunos casos los jueces ordenaron restituir la inscripción fallando las tutelas que se presentaron.
Un caso puntual es Jorge Agudelo, a nombre de quien presentaron una tutela ante el juzgado Cuarto Laboral de Santa Marta invocando los derechos políticos a elegir y ser elegido.
Sucedió que a Agudelo no le recibieron la inscripción el pasado 29 de septiembre por Fuerza Ciudadana, el grupo político del gobernador Carlos Caicedo, en reemplazo de Patricia Caicedo a quien el Consejo Electoral anuló la inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta por la inhabilidad que determinó existe por ser la hermana del mandatario departamental.
El Registrador Especial de Santa Marta no inscribió a Agudelo porque dijo que la decisión del Consejo Electoral sobre Patricia Caicedo no estaba en firme.
Sin embargo, el juez que falló esta tutela a favor de Agudelo, señaló que si bien hay que cumplir las normas, deben ser lo suficientemente flexibles para no afectar los derechos políticos de los ciudadanos.
Dicha sentencia señala que “el juez constitucional basó su decisión en la Convención Americana de Derechos Humanos y en sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecían que los derechos políticos deben protegerse de manera efectiva y que las autoridades deben tomar medidas positivas para garantizar su ejercicio”.
Contrapunteo de Petro y CNE
El presidente Petro escribió ayer desde China en la red ‘X’, en donde realiza una visita de estado, que “le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos”.
En ese sentido, pareciera que el jefe de Estado hiciera referencia a la citada circular que prepara el Consejo Nacional Electoral.
Por otro lado, el presidente de este organismo, magistrado Alfonso Campo, le respondió de inmediato señalando que “señor Presidente, el Consejo Nacional Electoral acata integralmente las decisiones judiciales y se inspira en el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Avanzamos en el cuidado estricto de la democracia, del derecho a elegir y a ser elegido”.
El presidente Petro ha sido crítico de varias decisiones que ha tomado el Consejo Electoral en materia de revocatoria de candidaturas para los comicios de este domingo, una función que le entregó la ley al organismo.
El jefe de Estado reprochó la revocatoria de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander, de Tulio Gómez a la gobernación del Valle y de Patricia Caicedo, como se dijo a la Alcaldía de Santa Marta.
El Consejo Electoral ratificó esta medida al resolver recursos de reposición que presentaron Hernández y Gómez, pues explicó que el primero está sancionado por la Procuraduría al acumular tres sanciones en 5 años; y el segundo porque como presidente del equipo América suscribió con la Alcaldía de Cali tres contratos para el arrendamiento del estadio Pascual Guerrero.
“Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo”, dijo Petro hace unos días.
La circular en cuestión se refiere a la revocación de inscripciones de candidaturas y establece que, en caso de revocación de una candidatura con la subsistencia de la lista, los votos a favor del candidato revocado se considerarán votos válidos para el partido político, movimiento o grupo significativo de ciudadanos que otorgó el aval. Sin embargo, se aclara que esta asignación de curules no podrá declarar la elección del candidato revocado.
La reacción de Petro desató un debate sobre el papel de la justicia y la democracia en el proceso electoral. El presidente suspendió su agenda en China para enviar un claro mensaje al CNE, subrayando la importancia de cumplir con las decisiones judiciales y garantizar los derechos políticos de los candidatos en disputa.
La defensa de los derechos políticos y la integridad del proceso electoral continúan siendo temas que requieren una resolución cuidadosa y equitativa. El llamado de Petro a respetar los fallos judiciales y garantizar los derechos de los candidatos pone de manifiesto la importancia de una resolución justa en esta coyuntura política.
Como respuesta el Presidente del Honorable Consejo Nacional Electoral aclaró que el CNE acata las decisiones judiciales y se inspira en el cumplimiento de la Constitución y de la ley.