Expertos explican que el documento favorece a los tres brasileños solo por el delito de cohecho por dar y recibir, y tiene vigencia de dos años
El principio de oportunidad suscrito la semana pasada entre la Fiscalía General de la Nación y los ex directivos de la multinacional Odebrecht en Colombia, es una especie de ‘gana-gana’, dependiendo de la óptica con la que se mire este acuerdo avalado por el Juzgado 30 de Control de Garantías de Bogotá.
Se trata del primer acuerdo de este tipo suscrito desde 2016, cuando la justicia de Estados Unidos reveló el escándalo de corrupción más grande que ha tenido nuestro país y que comprometió, en principio, recursos en sobornos por más de 11 millones de dólares, aunque hoy se habla de más de 50 millones de dólares.
Ese principio de oportunidad en Colombia -también la Procuraduría de Brasil donde cursan otras investigaciones de corrupción contra Odebrecht- cobija únicamente el delito de cohecho por dar u ofrecer, y tiene una vigencia de dos años.
Durante ese lapso, la Fiscalía suspende la acción penal contra Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, ex funcionarios de la firma brasileña en Colombia.
El primer compromiso: la devolución de $18.900 millones como reparación al Estado colombiano por los daños causados con su accionar delictivo. Esta cifra equivale al monto del soborno pagado al exviceministro de Transporte Gabriel García para favorecer a Odebrecht con la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II.
La reparación se pagará en tres contados: el primero, el próximo viernes 18 de enero, cuando se suspende el proceso penal por el delito de cohecho por dar u ofrecer; el segundo el 30 de agosto de 2019, y el tercero el 31 de enero de 2020.
En el documento, el fiscal del proceso advirtió que “es la primera vez que se obtiene una reparación voluntaria e integral significativa para el Estado colombiano”.
Colaboración con la justicia
Los ‘tres Luiz’ también se comprometieron a prestar toda su colaboración con la justicia colombiana “no solo en procesos penales sino de toda índole para develar la verdad sobre los hechos de corrupción que vinculan a la multinacional brasileña”, expresó la Fiscalía.
En ese sentido, el ente acusador compulsó copia de toda la información suministrada por los tres ex funcionarios brasileños a las entidades correspondientes a fin de iniciar procesos administrativos, disciplinarios y fiscales a que haya lugar.
Igualmente, la Fiscalía destaca que el testimonio de los tres extranjeros será utilizado para otros procesos penales en curso, entre ellos los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, a través de la empresa Lurion Trading Inc, de su propiedad con sede en Panamá.
Igualmente, se trata de un testimonio clave en el juicio contra José Elías Melo, exgerente de Corficolombiana, propietaria de Episol, socia minoritaria de Odebrecht en la Ruta del Sol II. El juicio contra Melo comienza el próximo lunes, 21 de enero.
Otros compromisos
El principio de oportunidad contempla otros compromisos de parte de Mameri, Bueno Junior y Da Rocha Soares, entre ellos ser testigos en los procesos en los que la Fiscalía colombiana los requiera para tal fin; residir en un lugar determinado e informar a ese organismo cualquier cambio de domicilio; tener buena conducta social; no volver a cometer ninguna conducta delictiva en Colombia o el exterior; y una manifestación pública de arrepentimiento.
Este último punto lo expresaron a través de una videoconferencia el viernes pasado, desde la sede del Ministerio Público de Brasil cuando las autoridades de ambos países aprobaron el principio de oportunidad.
‘Gana – gana’
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar, este principio de oportunidad “se trata de un buen acuerdo”, porque dice que “el Estado colombiano logra la reparación por los daños causados por Odebrecht, consigue información valiosa para otros procesos en curso y eso ayudará a conocer la verdad”.
Sin embargo, el exmagistrado guarda sus reservas frente a algunos aspectos del documento. Por ejemplo, dice que no se sabe “qué tuvo en cuenta la Fiscalía” para tasar la reparación al Estado.
También se pregunta qué les dará la Fiscalía a los tres brasileños a cambio de su colaboración con la justicia y si adelante contra ellos investigaciones penales por otros delitos. “La Fiscalía puede negociar con el presunto procesado unos cargos, ese es una facultad amparada por el sistema acusatorio colombiano, pero no sabemos qué otros procesos hay en curso”, afirma el exmagistrado.
Lo cierto, asegura Arrubla, es que el beneficio por el delito de cohecho es solo para Colombia, no para otras jurisdicciones.
“Concesión amplia”
Otro abogado penalista experto en el tema de Odebrechet que pide no ser mencionado, considera que el principio de oportunidad negociado con los tres brasileños “es una concesión generosísima que les hace la Fiscalía a estas personas”.
Se refiere a que ‘los Luiz’ gozarán de varios privilegios: no ser perseguidos por el delito de cohecho por dar o recibir; no van a responder por los otros delitos; no van a ser investigados en Colombia; no van a tener antecedentes penales.
“¿A cambio de qué? A cambio de convertirse en testigo de cargo contra de otros procesados; a cambio de devolver una suma ínfima, $18.000 millones, cuando la propia Fiscalía señala que el soborno es superior a 50 millones de dólares”, dice la fuente.
Además, señala el jurista, la multinacional “también sale bien librada”, pues explica que como la responsabilidad penal es individual y solo sobre las personas naturales “y como no hay declaratoria de responsabilidad de estas tres personas por el delito de cohecho, pues no existe ninguna responsabilidad por parte de la empresa. Entonces sobre la compañía no recae ninguna sanción social, ni multas ni cancelación de la licencia, etc.” concluye el experto.
Fuente y Fotografía El Nuevo Siglo.