La entidad lideró este 20 de agosto una mesa de trabajo con la ministra de Salud y los secretarios de Salud de los 17 departamentos y municipios afectados, con el propósito de conocer las acciones implementadas para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, identificar los principales riesgos que enfrenta la prestación de los servicios de salud y fortalecer la coordinación institucional para garantizar una respuesta oportuna y efectiva a la población afectada.
Durante la jornada, el Ministerio de Salud presentó las acciones desplegadas desde el primer día de la emergencia, en coordinación con las autoridades territoriales, EPS e IPS y en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y demás actores, dirigidas a priorizar las necesidades, coordinar la respuesta y garantizar la continuidad de la atención en salud en los territorios afectados.
Entre las principales medidas se destacan la evaluación de los daños en la infraestructura hospitalaria y la capacidad instalada; la disposición de recursos; la coordinación de traslados y referencias de pacientes; la articulación con EPS e IPS para garantizar la prestación de los servicios a la población usuaria no afectada directamente por el terremoto; el fortalecimiento del apoyo psicosocial a la población afectada; y el acompañamiento a los territorios para asegurar la atención oportuna y efectiva en salud.
Durante la mesa, los secretarios de salud expusieron las principales necesidades y riesgos identificadas en los territorios afectados, particularmente en materia de daños en infraestructura hospitalaria, disponibilidad y dispensación de medicamentos, fortalecimiento de la operación de clínicas y hospitales, talento humano en salud y atención psicosocial.
Frente a estas prioridades, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud acordaron establecer una mesa permanente de seguimiento con las EPS que operan en las zonas afectadas, orientada a definir e implementar un plan de acción que garantice la atención integral de las personas afectadas, la disponibilidad y capacidad de la red de prestación de servicios y el uso adecuado, asignación y flujo oportuno de los recursos destinados a atender la emergencia.
El plan incluirá acciones en salud mental, prestación de servicios en albergues a adultos mayores, seguimiento a la infraestructura, la operación de Equipos Básicos Territoriales, coordinación con el INVIMA para fortalecer el suministro de medicamentos y medidas dirigidas a asegurar la disponibilidad de talento humano y la continuidad de la atención.
La Procuraduría continuará acompañando la respuesta institucional y realizará seguimiento a la evolución de las condiciones de prestación de los servicios de salud en los departamentos afectados, con el propósito de contribuir a que las medidas adoptadas se traduzcan en una respuesta efectiva, oportuna y articulada.
Fuente y Fotografía Procuraduría General de la Nación