La Procuraduría Regional de Casanare emitió un pronunciamiento trascendental dentro de la acción popular interpuesta por el concejal Leonardo Infante Tovar y otros cabildantes, en defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía frente a la cuestionada actualización catastral realizada en Yopal por la empresa Catasig S.A.S.
En el documento oficial, dirigido al Tribunal Administrativo de Casanare, el Procurador Regional, Juan Pablo Rincón Camacho, advierte que el cobro del impuesto predial no consultó la realidad de los hechos gravables en múltiples casos, debido a que:
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No se consideró la situación actual de los predios.
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No se tuvo en cuenta su destinación económica.
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Los avalúos realizados no corresponden con la realidad del mercado.
Irregularidades en el convenio con Catasig
El Ministerio Público señaló que los resultados de la actualización catastral no solo afectan los derechos de los contribuyentes, sino que además evidencian fallas en la ejecución del convenio administrativo firmado con Catasig, pues los controles exigidos por la normatividad no se aplicaron de manera adecuada.
Incluso, la Procuraduría presentó pruebas que reflejan el impacto directo sobre los ciudadanos. Uno de los casos citados expone cómo un predio que en 2019 estaba avaluado en $4.625.000 pasó a tener, en 2025, un avalúo de $187.248.000, incremento que no se ajusta ni al mercado inmobiliario ni a las condiciones reales del terreno.
Solicitudes de la Procuraduría
En su pronunciamiento, la Procuraduría solicitó al Tribunal:
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Amparar los derechos colectivos de los yopaleños frente al cobro desproporcionado del impuesto y las afectaciones derivadas del convenio con Catasig.
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Ordenar a la empresa y a las entidades accionadas realizar, en un plazo prudencial, una nueva caracterización de los predios urbanos y rurales, con criterios técnicos, objetivos y avalúos ajustados a la realidad.
Liderazgo del Concejal Infante
El concejal Jorge Leonardo Infante destacó que este pronunciamiento constituye un respaldo institucional a la acción popular que interpuso, reafirmando las denuncias sobre los atropellos que sufrieron miles de familias yopaleñas con la actualización catastral.
“El tiempo nos dio la razón. La Procuraduría confirma que el proceso estuvo lleno de inconsistencias y afectó gravemente la economía de los ciudadanos. No nos vamos a detener hasta que se haga justicia y se garantice un cobro justo y transparente del impuesto predial”, enfatizó el cabildante.
Con esta intervención, la Procuraduría pone sobre la mesa un debate de fondo sobre la legalidad de la gestión adelantada por Catasig, en un proceso que ha generado rechazo e indignación en amplios sectores de la capital casanareña.
Fuente Concejal de Yopal Leonardo Infante / Fotografía Radio Noticias Casanare
